Desde Río de Janeiro

Ha sido una ceremonia breve, solemne y emotiva, que llevó a la presidenta Dilma Rousseff –ella misma víctima de la brutalidad de la dictadura, que la torturó– a llorar. Luego de trabajar durante dos años y siete meses, de oír 1116 testimonios, de ellos 633 en sesiones cerradas, de reunir 4328 páginas que fueron resumidas en un informe final de 976 hojas con otras 700 de “adjuntos y anexos”, la Comisión Nacional de la Verdad oficialmente instalada por Dilma Rousseff terminó sus trabajos.

Son 377 personas, en su mayoría militares y policías, denunciadas como responsables directos por todo tipo de violación de derechos humanos en el período de la dictadura cívico-militar que duró 21 años, entre 1964 y 1985. Casi todos están muertos, inclusive los cinco generales dictadores. Hay, en la lista, médicos legistas que falsificaron certificados de defunción y diplomáticos que controlaban acciones de espionaje y secuestro de brasileños en el exterior, con destaque para los que ocuparon puestos en Montevideo y principalmente en Buenos Aires. Un ex ministro de Relaciones Exteriores, Azeredo da Silveira, fue especialmente activo en sus tiempos de embajador brasileño en la capital argentina.

El informe suscitó elogios del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (ver aparte) y la ira esperada e incontrolada de militares retirados. En la lista de denunciados hay 88 oficiales de las tres fuerzas armadas. Pocos siguen vivos. Uno de ellos, el general del ejército Nilton Cerqueira, hizo un pronunciamiento que bien refleja el sentimiento de sus pares: “¿Yo, que cumplí la ley, soy el que violó derechos humanos? ¿Y los terroristas? ¿Y la terrorista que hoy preside el país?”.

El general Cerqueira siempre mereció la admiración de sus compañeros por haber matado al ex capitán del ejército Carlos Lamarca, que abandonó el ejército para comandar una organización guerrillera. Fue localizado mientras dormía bajo un árbol en el interior de Bahía. Estaba desnutrido y enfermo. Su organización había sido diezmada y él deambulaba sin otra compañía que la de un muchacho de 18 años, último sobreviviente de su grupo. Cerqueira podría haberlo detenido. Prefirió asesinarlo sin darle posibilidad de reaccionar, y se hizo héroe.

Por la tarde, el Club Militar, que reúne a poco más de 16 mil socios, entre militares retirados, otros en actividad y algunos civiles, divulgó un comunicado. Ninguna sorpresa: clasificó el informe de la Comisión Nacional de la Verdad como una sarta de “medias verdades, calumnias y mentiras enteras”. Para el presidente del Club, general retirado Gilberto Pimentel, el texto merece el calificativo de “risible”.

A lo largo del tiempo en que la Comisión trabajó, las fuerzas armadas dejaron claro que no contribuirían con ninguna información. Hace poco más de un mes, los integrantes de la Comisión obtuvieron indicios concretos de la existencia de al menos dos rollos de microfilms en dependencias del ejército y la marina en Río de Janeiro. Se reunieron con el ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, pidiendo que los rollos fuesen encaminados a la Comisión. A raíz de la legislación que la creó, la Comisión tenía poder para recurrir a la Justicia y los militares serían obligados a entregar el material solicitado. Sus integrantes prefirieron negociar. Amorim se reunió con el brigadista Junini Saito, comandante de la aeronáutica, con el general Enzo Peri, del ejército, y el almirante Moura Neto, de la marina. Los tres respondieron, en monótono unísono, que la información no tenía ningún sentido. Los miembros de la Comisión de la Verdad entregaron detalles exactos de la localización –edificio, piso, sala– de los rollos de microfilms. En vano. Prevaleció la orientación de no confrontar de manera directa con los militares.

Hubo, a lo largo de sus trabajos, innumerables ocasiones en que los comandantes de las tres fuerzas armadas se negaron claramente a colaborar. Quizá la más impactante haya sido cuando la Comisión pidió que se investigaran nueve unidades militares en que hubo torturas y asesinatos. El pedido incluía fechas, localización y nombres de las víctimas y también el testimonio juramentado de sobrevivientes.

La respuesta de ejército, aeronáutica y marina fue de una ironía olímpica: dijeron no haber hallado indicio alguno de “uso inapropiado de tales instalaciones”. Es decir: torturar y asesinar fueron, en determinada época, los fines apropiados de instalaciones militares en Brasil.

El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad poca información agrega a lo ya sabido. Trabajos anteriores, como el “Brasil Nunca Más”, iniciativa del entonces cardenal arzobispo de San Pablo don Paulo Evaristo Arns, y de su par de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Wright, o el informe “Derecho a la Memoria y a la Verdad”, publicado por la Secretaría de Derechos Humanos nacional durante la gestión de Paulo Vannuchi, un ex preso político, ya habían revelado todo el funcionamiento del terrorismo de Estado, con nombres de torturadores y asesinos, así como los métodos de la represión.

Sin embargo, por primera vez los responsables son denunciados bajo el sello de la Presidencia de la República. Y también por primera vez se denuncia formal y oficialmente lo ya sabido: la brutalidad fue resultado de un sistema establecido por órdenes directas de los generales que se apoderaron de la presidencia del país.

Se revelan detalles de los lazos con colaboradores extranjeros más allá de la Operación Cóndor, se confirma que entre 1971 y 1974 un alto funcionario del Consulado de Estados Unidos en San Pablo visitó nada menos que 47 veces la Operación Bandeirantes, la OBAN, en la época el principal centro clandestino de tortura y muerte de la ciudad (Dilma Rousseff pasó por el lugar).

Se admite que nada menos que 6591 militares de las tres armas fueron perseguidos (muchos de ellos presos y torturados) por no haber adherido al golpe de 1964. Se confirma que entre los articuladores del golpe estaba Julio Mesquita Filho, entonces dueño del influyente diario O Estado de S.Paulo, y que el propietario de otro gran diario, Folha de S.Paulo, Otavio Frias de Oliveira, no sólo colaboró prestando vehículos de la empresa para el traslado clandestino de secuestrados sino que fue uno de los financiadores civiles de la OBAN.

Un detalle del Informe de la Comisión Nacional de la Verdad causó furiosa irritación entre los militares: se propone que se inculpe judicialmente a los denunciados y que se revise la Ley de Amnistía que protege a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Además de militares, todos los grandes medios de comunicación también critican la iniciativa.

El gobierno, a su vez, prefirió no manifestarse sobre el tema. De alguna manera ha sido la contrapartida por no haber confrontado la negativa de los comandantes militares a colaborar.