Sin el aval de la oposición, los diputados justicialistas sancionaron anoche la ley que le permitirá al Gobierno renegociar íntegramente y con potestades casi ilimitadas más de sesenta contratos de empresas privatizadas. Los ministros de Economía y Planificación, Roberto Lavagna y Julio De Vido y, en última instancia, el propio presidente, Néstor Kirchner, podrán reformular total o parcialmente aquellos acuerdos omitiendo los marcos regulatorios, sin control de los usuarios y con una intervención casi marginal del Parlamento y de los órganos de control. En el ejercicio de sus amplias atribuciones, también podrán disponer de inmediato ajustes a cuenta de los nuevos contratos, que surgirán de una negociación directa con las empresas involucradas. Apenas finalice el período electoral y los equipos oficiales superen sus propias diferencias intestinas sobre el tema, los servicios de electricidad y de gas podrían ser los primeros beneficiarios de los aumentos que tácitamente habilita la flamante iniciativa.
Ese afán de superpoderes es uno de los puntos que más irritó al radicalismo y al ARI, cuyos legisladores se opusieron al proyecto oficial. “La lógica es exactamente inversa a la que utilizó el Presidente para depurar la Corte Suprema de Justicia, autolimitándose en la designación de los nuevos jueces”, se quejó ante Página/12 el diputado de aquella agrupación Fernando Melillo, dejando expuesto un distanciamiento importante entre la agrupación que dirige Elisa Carrió con la política K.
También en una línea crítica se ubicó el justicialista Jorge Bucco, titular de la Comisión de Defensa de los Consumidores. El diputado cordobés finalmente se alió al socialista Héctor Polino para presentar un proyecto diferente, que en parte plasma los criterios de las asociaciones de usuarios. Este dictamen de minoría inhibe expresamente la posibilidad de disponer aumentos antes de revisar exhaustivamente los contratos y pretende garantizar una activa intervención parlamentaria en el tema.
Pero las críticas y textos opositores quedaron superados a la hora de la votación, ya que el oficialismo logró la mayoría suficiente para consagrar la propuesta girada por el Poder Ejecutivo. Con esta sanción, que prorroga la Emergencia Económica hasta 2004, y el decreto 311 del 3 de julio, el Gobierno dispondrá ahora de la arquitectura legal necesaria para resolver un tema muy controvertido con gran margen de discrecionalidad:
- La discusión de los nuevos contratos estará a cargo de la Unidad de Renegociación que crea ese decreto y presidirán conjuntamente Lavagna y De Vido. Ellos dispondrán “los regímenes de audiencia pública, consulta y participación ciudadana que resulten pertinentes”, quedando a su arbitrio hasta dónde se abrirán a las opiniones ajenas las negociaciones que encararán con las empresas. En este proceso las organizaciones de usuarios resultan claramente marginadas, en parte porque no integrarán la Unidad como sí formaban parte de la Comisión renegociadora armada por el gobierno anterior.
- Las decisiones que tome el PEN “no se hayan limitadas por las estipulaciones de los marcos regulatorios (artículo 2 de la nueva ley)”. Según un papel de trabajo de De Vido hizo llegar al Parlamento, esto permitirá revisar otros cuestiones, más allá de las tarifas. Amén de que si éstas se ajustaran según esos marcos, podrían aumentar más de lo que prevén los análisis del Gobierno, según alertó el ministro.
- Los órganos de control se limitarán al asesoramiento técnico y sus atribuciones sólo serán ejercidas, “en tanto resulten compatibles con el proceso que desarrolle el Poder Ejecutivo Nacional”.
- El Congreso también se autolimitó a aprobar o rechazar en bloque y en las nuevas versiones contractuales, sin la posibilidad de desmenuzarlas y objetar alguna cláusula en particular. Si en el término de 60 días no se hubiera expedido, el nuevo contrato se considerará avalado automáticamente. Las propuestas de la Unidad de Renegociación serán giradas a la comisión bicameral que crea la ley de Emergencia Económica. Sin embargo, nada garantiza que ese cuerpo legislativo no siga siendo una ficción, entre otras cosas, porque no se prorrogó expresamente el artículo que ordena su formación.
- El artículo 3 es la clave del nuevo cúmulo de atribuciones conferidas a aquellos ministerios para que cambien lo que quieran eludiendo, incluso, la acotada intervención legislativa. Los acuerdos de renegociación podrán incluir “aspectos parciales”, “enmiendas transitorias”, “revisiones periódicas” y la “adecuación de los parámetros de calidad”, retoques que serán “tenidos en consideración” en los acuerdos definitivos.
Esto abre un abanico de posibilidades amplísimo para reformular las privatizaciones, empezando por la posibilidad de disponer ajustes tarifarios en forma inmediata y sólo como el primer paso de una estrategia para recomponer los ingresos de las empresas. Pero según se precisa en el correspondiente anexo, la dupla De Vido-Lavagna podrá también cambiar el régimen de penalidades, la duración del contrato, los parámetros de calidad del servicio, elaborar un plan de inversiones y recalcular los costos operativos según “la emergencia” y hasta revisar la carga impositiva en los consumos de electricidad y otros impuestos.
La ley ofrece muchos atajos. Apenas se promulgue, el Gobierno podrá subir tarifas. O dejarlas igual, pero admitir menos inversiones, perdonar incumplimientos y prolongar las concesiones. O todo ello. A voluntad.