¿Dispondrá ya mismo el Gobierno un aumento en las tarifas de los servicios públicos?, es el primer interrogante que plantea la flamante ley. Resulta un secreto a voces que Roberto Lavagna es partidario de recomponer de inmediato los precios de la electricidad y el gas, algo que ya intentó durante la gestión de Eduardo Duhalde por la vía de decretos finalmente bloqueados por la Justicia. El secretario de Energía, Daniel Cameron, también está convencido de la necesidad de esas subas, según le repitió hasta el cansancio a su jefe, Julio De Vido, más renuente a tomar esa decisión en pleno período electoral. Pero terminada la seguidilla de comicios, ya no habrá restricción política ni legal para aumentar esos precios, aunque sea en una proporción mucho más modesta que la que pretenden las empresas. Claro que, aun en estos casos, la vocación oficial será revisar cada contrato en función de un sistema de premios y castigos. La recompensa puede ser un aumento, entre otras. La pena podría llegar al extremo de la rescisión, siempre y cuando hubiera un candidato privado para suceder al desplazado.