La estatización de los ferrocarriles anunciada el domingo por Cristina Fernández de Kirchner y publicada ayer en el Boletín Oficial es un importante capítulo en la historia del kirchnerismo en materia de reversión de privatizaciones. En esa lista sobresale la recuperación de servicios públicos en estado deplorable, como el correo, Aguas Argentinas y luego Aerolíneas, del espectro radioeléctrico, la nacionalización de los estratégicos fondos de pensión y de YPF ante la urgencia por el rojo energético. El Gobierno no demostró tener a priori afición por la gestión pública de las empresas, sino que fue más bien arrinconado por la necesidad. En los trenes, la tragedia de Once inauguró una política que se completa con la decisión de rescindir los contratos de concesión que seguían vigentes y que consolida el cambio de rumbo en el sector.

Varios de los países de la región transitan el posneoliberalismo, aunque ese camino resulta heterogéneo en muchos aspectos. Uno de ellos es la política de estatizaciones. Argentina, Venezuela y Bolivia desplegaron medidas de cambio de propiedad de las empresas, aunque con distinta lógica. Venezuela expropió y nacionalizó centenares de firmas no privatizadas, sino directamente privadas. De hecho, en el país caribeño el proceso de privatizaciones fue muy débil en los ’90. Bolivia encaró directamente la estatización de sectores estratégicos, política que Evo Morales incluso había anticipado en su campaña: los hidrocarburos y las telecomunicaciones. También avanzó sobre cuatro empresas eléctricas y una metalúrgica. En cambio, Brasil, Ecuador y Uruguay devolvieron peso relativo al Estado, pero no a través de nacionalizaciones relevantes.

La particularidad de la Argentina se remonta a comienzos de los ’90: el famoso furcio del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, de que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos privadas” inauguró un proceso único de privatizaciones. Pasaron a manos privadas la televisión, ENTel, el sistema del peaje, la concesión vial y ferroviaria, las radios, Aerolíneas Argentinas, industrias del sector siderúrgico, petroquímico, naval y petrolero, electricidad y gas, puertos, centrales hidroeléctricas, la banca hipotecaria y el sistema previsional. No por nada el país fue considerado el mejor alumno del FMI. El estallido del neoliberalismo en 2001 abrió otra etapa, en la que no se llevó a cabo la reversión total de las privatizaciones salvo en casos puntuales, en general motivados por la pésima gestión de los privados, que atentaron contra la propia firma o a veces indirectamente contra la estabilidad socioeconómica nacional.

El historial

En noviembre de 2003, en los albores del gobierno de Néstor Kirchner, se concretó el primer cambio de manos de una empresa del sector privado al público. Se estatizó el Correo Argentino, por entonces a cargo de Socma, del grupo Macri, que fue desplazado porque no cumplió con el pago del canon que había prometido y porque incluso contabilizó como inversión las indemnizaciones de tres mil trabajadores despedidos. Unos meses después se nacionalizó el espectro radioeléctrico por incumplimiento de inversiones comprometidas por 300 millones de dólares por parte de los franceses de la firma Thales Spectrum. Fueron dos estatizaciones motivadas por la urgencia y movilizadas por un Estado todavía débil, con un gobierno necesitado de dar señales de confianza y de capacidad de iniciativa política.

Una de las estatizaciones más virtuosas en esos primeros años fue la de Aguas Argentinas, que estaba concesionada al grupo francés Suez, que luego de años de desatender el servicio distribuyó agua contaminada en el sudoeste del conurbano, la frutilla del postre. Desde tres millones de habitantes sin agua potable en el área de incidencia de la empresa en 2006, la firma estatal AySA prevé alcanzar a fines de este año el ciento por ciento de la cobertura y en 2019 brindar a todos el servicio de cloacas. En 2007, el Estado rescató el astillero naval Tandanor. A través del decreto 315, Kirchner anuló todos los actos administrativos de la privatización, como si no hubieran existido, ya que los privados nunca pagaron lo acordado y esa deuda había sido contraída con el Estado.

El 10 de diciembre de 2007 asumió Cristina Fernández como presidenta. A mediados de 2008 se presentó el proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral. Al momento de la estatización, el patrimonio neto de las empresas era negativo de 3862 millones de pesos, por lo cual los españoles de Marsans no recibieron indemnización. Aerolíneas había sido literalmente vaciada por el sector privado y llevada a la quiebra.

Un par de meses después del voto “no positivo” de Julio Cobos que sepultó la conflictiva resolución 125 para festejo de las patronales del agro, y en plena crisis internacional, el Gobierno decidió nacionalizar las AFJP. Una medida trascendental que terminó con un negoción de los bancos y que dio al Estado un colchón de recursos con los que financiaría luego la Asignación Universal por Hijo, el Pro.Cre.Ar y el Progresar, por ejemplo. También permitió que la Anses colocara directores estatales para fiscalizar desde adentro a las empresas más importantes del país.

Distinto del caso de Tandanor y de Aerolíneas Argentinas fue, en 2009, el de la Fábrica Militar de Aviones, comprada en 67 millones de pesos por el Estado a la firma estadounidense Lockheed Martin. CFK creó la nueva Fábrica Argentina de Aviones, dependiente del Ministerio de Defensa.

El 3 de mayo de 2012 se concretó la estatización más ruidosa de la gestión kirchnerista. YPF, la empresa más grande del país, pasó a manos del Estado nacional a través de la expropiación del 51 por ciento de las acciones, que tenía Repsol en la petrolera. Fue el resultado de un derrotero de desinversión que llevó el rojo energético a niveles insospechados años atrás, lo que condicionó el rumbo de toda la economía ante la escasez de dólares. Repsol se ocupó varios años de desviar recursos para invertir y conseguir ganancias en otros lugares del mundo, en un marco regulatorio paupérrimo y luego de la opción fallida de confiar en el grupo Eskenazi para gestionar la empresa. En febrero de 2014 fue aprobado el método de compensación: el Estado pagó 4670 millones de dólares a través de varios instrumentos financieros.