El presidente de Techint, Paolo Rocca, salió ayer a elogiar a la administración Kirchner. Dijo que el Gobierno “está dando herramientas” a las empresas para crecer y consideró que “la industria nacional tiene una oportunidad para desarrollarse” después de la devaluación. Por otro lado, hoy comienza en Mar del Plata el 39 coloquio de IDEA que reunirá a los empresarios más influyentes para debatir un tema acorde con los tiempos que corren: “El panorama político y la integración de la sociedad a la luz del nuevo mapa electoral”.
“El Gobierno está empezado a dar importancia a la inversión industrial en la pequeña y mediana empresa, y está pensando en dar herramientas para el desarrollo industrial”, afirmó Rocca ante un reducido auditorio de la sede porteña de la Universidad de Bologna.
“Hoy tenemos oportunidades de rearmar el tejido industrial argentino, extender un proyecto de sustitución de importaciones más profundo de lo que se ha hecho hasta ahora, acceder a los mercados de exportación e introducir tecnología”, agregó, durante una exposición de la investigación del Observatorio Pymes que esponsorea su empresa.
Para el ejecutivo, que impulsó junto a otros sectores la salida de la convertibilidad, “el país sufrió una crisis tremenda después de la devaluación, pero también se le abrió un abanico de oportunidades”. “En este país no es fácil ser empresario industrial, por los cambios en el entorno y los vaivenes en la política”, sostuvo el heredero de Techint, y señaló que “siempre hubo serias dificultades para instalar una cultura industrial”, en obvia referencia del gobierno de Menem.
Aunque muy tibiamente, Rocca también deslizó una autocrítica: “Las pymes de Italia siempre reinvirtieron sus ganancias para mejorar sus operaciones mucho más que las grandes, y mucho más que las grandes firmas argentinas”, reconoció.
Rocca reveló que las grandes plantas manufactureras de las empresas del grupo están en condiciones de absorber un incremento máximo del orden del 10 por ciento en el precio de insumos energéticos como gas y electricidad. Así buscó fijarle un tope al incremento de tarifas diferencial –con una mayor carga para la industria que para los consumos residenciales– que evalúa por estos días el Gobierno.