Los deudores hipotecarios en mora, cuyas ejecuciones fueron sucesivamente suspendidas, finalmente pueden descansar tranquilos, aunque sólo en los casos en que sus deudas hayan sido destinadas a la adquisición de una vivienda única con valuación original de hasta 100.000 pesos y que hayan entrado en mora entre el 1º de enero de 2001 y septiembre pasado. El Poder Legislativo, con la media sanción de cada una de las dos cámaras convirtió ayer en ley el “Sistema de Refinanciación Hipotecaria”. La nueva norma crea un fondo fiduciario que por un lado saldará lo adeudado a los acreedores y por otro refinanciará a los deudores de acuerdo con sus posibilidades. Quienes no estén en condiciones de reanudar en lo inmediato sus pagos podrán tener un año de gracia, el que también podrá ser prorrogado.
La ley establece que podrán refinanciar sus deudas todos los deudores hipotecarios que cumplan las condiciones especificadas tanto si tomaron el crédito dentro como fuera del sistema financiero, por ejemplo a través de prestamistas con la intervención de escribanías.
El costo fiscal que finalmente tendrá el sistema sólo podrá ser definido cuando se pongan en marcha las renegociaciones y se sepa con exactitud el número de deudores, aunque el piso podría superar los 1000 millones de pesos. No obstante, la idea es que finalmente la mayor parte de este costo sea recuperado por el fideicomiso, una vez que los actuales morosos reanuden los pagos.
Parte del debate legislativo previo giró en torno del monto de los 100 mil pesos de valor original de la vivienda establecido como tope. La oposición radical reclamaba ampliar este límite para incluir propiedades de mayor valor pero, desde Economía, con la mira en el costo fiscal del rescate, se argumentó que los titulares de viviendas de mayor valor tenían otras opciones de readecuación de sus economías a la crisis, por ejemplo reduciendo el tamaño de sus viviendas actuales.
Además, de acuerdo con el padrón de deudores que oportunamente confeccionó el Banco Nación, el 95 por ciento de los deudores era por viviendas de menos de 100 mil pesos, con lo que la nueva legislación daría solución al problema social.
Finalmente, la única modificación importante introducida ayer por el Senado fue la exclusión de la restricción acerca de la “ocupación efectiva” de la vivienda única.
En la solución del problema se impuso de alguna manera una suerte de “costo compartido”, pues el Fondo Fiduciario no pagará a los acreedores los intereses y los honorarios de los abogados, otro de los puntos en discordia en el tratamiento legislativo.
La iniciativa contó con el aval de la mayoría justicialista, la frentista Vilma Ibarra y el liberal correntino Lázaro Chiappe pero con la oposición del radicalismo, que dio quórum para tratarlo sobre tablas por no tener dictamen publicado aunque hizo su propio despacho de minoría.
Los deudores tendrán un plazo de 60 días desde que la ley se reglamente para ejercer la opción de adherirse al nuevos sistema. La presidenta de la Comisión de Legislación General, Liliana Negre (PJ-San Luis), sostuvo que el proyecto no da “solución a todos” los afectados por deudas hipotecarias, como los deudores agrarios y las pymes, pero aclaró que se trata primero de dar respuesta a los sectores “más necesitados” que tienen en riesgo su vivienda.
Por su parte, el radical mendocino Raúl Baglini atacó el proyecto del oficialismo y puso especial énfasis en “el monto” que se puso como techo para acceder al beneficio y en “el tiempo de la mora” porque deja afuera a otros sectores que también hipotecaron sus casas para financiar proyectos productivos.
La respuesta llegó de Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que “algunos que ocupan estas bancas fundamentaron las peores iniquidades y sostuvieron a los peores ministros de Economía” y recordó que el actual gobierno “se hace cargo de lo que otros no se hicieron”.