La denuncia del Banco Central contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por habilitar 17 establecimientos para operar como casas de cambio, siendo ésa una prerrogativa del organismo monetario, involucra en forma directa al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. La semana pasada el titular del Central, Alejandro Vanoli, adelantó que se denunciaría a funcionarios de la administración macrista por “infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario”, tras constatar en una serie de allanamientos realizados a principio de año la existencia de cuevas financieras que contaban con certificados de habilitación del gobierno porteño y que operaban en el segmento informal. “Los certificados fueron emitidos por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Guillermo Montenegro”, según la denuncia elevada ante el Ministerio Público Fiscal.

En medio de argumentaciones cruzadas entre los candidatos de la oposición y el oficialismo sobre el manejo de la política cambiaria, el gobierno de Mauricio Macri parece haber hecho punta habilitando un sistema financiero paralelo. La situación quedó al descubierto como resultado de una serie de inspecciones y allanamientos judiciales a principio de año en los que llamó la atención el caso de un establecimiento en Cabello 3171, en el barrio de Palermo. En el allanamiento de ese lugar, que se realizó el 23 de febrero pasado, se detectó que el local contaba con un certificado de habilitación del gobierno porteño para operar como casa de cambio. El caso se sumó a otro del 16 de marzo en avenida Luis María Campos 1181, en el mismo barrio.

El tamizado de los operativos permitió identificar hasta el momento 17 establecimientos con este tipo de permisos. Según explicaron a este diario desde Economía, muchos de estos locales ofrecían delivery de dinero. Las habilitaciones fueron otorgadas por el código “604008”, bajo la descripción “Casa de Cambio Agencia de Seguros”, según la denuncia a la que accedió este diario y lleva la firma de Marcos Eduardo Moiseeff, subgerente general jurídico; Jorge Carlos Viviani, gerente principal de Asuntos Legales, y Mariano Hernán Varela, gerente de Asuntos Judiciales en lo Penal del Banco Central. En la presentación se remarca que el gobierno porteño “estaría dando habilitaciones para lugares que no reúnen las condiciones necesarias para actuar en la operatoria de cambio de divisas y que tampoco habrían pedido autorización para funcionar al Banco Central”.

Tanto la Carta Orgánica de la autoridad monetaria como el Régimen Penal y Cambiario establecen que el único ente con potestad para autorizar a un local a operar en el mercado de cambios es el BCRA. Las autoridades del Central solicitaron a la administración macrista explicaciones sobre estas autorizaciones sin obtener una respuesta concreta. Desde esa dependencia sólo enviaron un CD que contenía un listado incompleto de establecimientos habilitados para operar en cambios y la argumentación de que las habilitaciones se otorgaron para cotejar condiciones de higiene y seguridad. Sin embargo, las autorizaciones no tenían carácter temporario, ya que ninguno de los 17 establecimientos allanados había hecho el pedido al Central.

En el escrito se explicita que las casas de cambio clandestinas utilizaron esta habilitación “para aparentar legitimidad en la operatoria ilícita y marginal”, con lo que crearon una plataforma para comprar y vender divisas a un tipo de cambio mucho más alto que el oficial. “La Ciudad estaría avasallando facultades que por ley le son propias a este ente de control, en su función de fiscalizador del Sistema Financiero y Cambiario”, según la denuncia. Desde el equipo económico habían señalado a este diario que se le remitió en cinco oportunidades una carta a Montenegro para que explicara la situación, sin obtener respuesta. En la presentación se reitera que, habiendo sido alertados sobre estos casos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, “se arrogaron una competencia que no les es propia”. Esto implica un “delito doloso y de dolo directo. Ello quiere decir que conoce la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, oponiéndose a la ley”, detalla la denuncia en que se sostiene que estas irregularidades ameritan ser investigadas en sede penal.