Las acciones de empresas privadas en manos de la Anses suman casi 62 mil millones de pesos, precisó Cristina Kirchner al hacer el anuncio.
Imagen: Leandro Teysseire.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPE) y buscará asegurar que la Anses sólo pueda vender las acciones que posee en empresas privadas a través de una mayoría parlamentaria especial. Son 62 mil millones de pesos en títulos emitidos por empresas, muchas de ellas líderes en el mercado local, que están en manos del sector público. Eso le permite al Gobierno tener representantes con derecho a voto en los directorios, con incidencia sobre las decisiones corporativas y, tal vez más importante, acceso privilegiado a información de las firmas. A pesar de que no aparece usualmente en la lista de quejas patronales, se trata de uno de los puntos que más irrita a los empresarios. En octubre del año pasado, el macrismo se pronunció explícitamente a favor de “subastarlo –el activo de la Anses en las empresas– entre fondos de pensiones internacionales para que empiecen a recrear un mercado de capitales en el país”. Si se aprueba la ley, la liquidación de ese patrimonio será una tarea ardua. La presidenta Cristina Fernández realizó el anuncio en un extenso discurso que dio por cadena nacional, en el que también se refirió a las inundaciones, el intento de desestabilización política en Brasil, los empresarios beneficiados por la obra pública y el gesto del papa Francisco a favor del diálogo por la soberanía de las islas Malvinas, entre otros varios temas.

“Para que nadie más pueda disponer alegremente del patrimonio de los argentinos. Esto es plata de todos que había sido prestada en su momento sin intervención de nadie. Ahora no es que no queremos que se venda. Que se venda, pero con discusión en el Parlamento, donde están representadas todas las fuerzas políticas”, explicó CFK. A su lado estaban el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. También dieron el presente los gobernadores, incluido el candidato a presidente por el FpV, Daniel Scioli, empresarios y sindicalistas.

“Queremos conformar una agencia en la cual podamos unir la administración de la participación en las empresas. Cada firma tiene miembros estatales en sus directorios, que participan en las decisiones. Eso tiene un sentido estratégico para el Estado”, agregó la mandataria. La Agencia va a estar presidida por el director de la Anses, funcionario que nombra el Poder Ejecutivo. Actualmente ese cargo es ocupado por Diego Bossio. También contará con otros dos representes del Ejecutivo y dos del Congreso, uno por la mayoría o la primera minoría y otro por la primera o segunda minoría, según la conformación que surja de las elecciones. El proyecto de ley también va a sugerir la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la inversión estatal en empresas privadas.

Un punto saliente de la norma que en estos días enviará el Gobierno al Congreso consiste en que la venta de las acciones de distintas empresas que posee la Anses sólo podrá ejecutarse previa discusión en el Parlamento y aprobación por las dos terceras partes de los legisladores. Esa exigencia parece tener un destinatario concreto: en octubre del año pasado, en el marco de Coloquio Anual de IDEA, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, se manifestó a favor de la venta de la totalidad del patrimonio de la Anses en acciones de compañías privadas (ver aparte).

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se conformó a partir de la cartera de activos, principalmente bonos y acciones, que tenían las AFJP. Eran préstamos al Estado nacional y a las empresas privadas que las administradoras del sistema de pensiones otorgaban con el dinero de la capitalización individual aportado mensualmente por los trabajadores activos. “No recuerdo las críticas de los diarios cuando las AFJP les prestaban la plata a las empresas privadas”, dijo CFK. Con la nacionalización del sistema previsional, el flujo de ingresos de la seguridad social compuesto por los aportes y contribuciones, junto al stock de activos, pasó al Estado. Este último se convirtió en el FGS.

Con el flujo de ingresos, junto a recursos de la recaudación tributaria, se pagan las jubilaciones, la Asignación Universal y el Progresar, mientras que el stock constituye un “reaseguro” para el sistema. Las acciones de empresas privadas en manos de la Anses suman casi 62 mil millones de pesos, 11,3 por ciento de un total de 548 mil millones de pesos del FGS, el equivalente a unos 55 mil millones de dólares. Al momento de la creación del FGS, en octubre de 2008, las acciones en empresas privadas representaban el 6 por ciento del total. El avance de la participación tiene que ver con el fuerte crecimiento de la Bolsa.

La mandataria enumeró las 46 empresas donde el Estado tiene participación, aunque hizo hincapié en algunos casos. “En Aluar, empresa monopólica en la producción de aluminio, somos dueños del 9,4 por ciento, y el 26 por ciento de Siderar, así que somos socios de Paolo Rocca. Del Banco Macro tenemos el 31,5 por ciento, somos también socios de Jorge Brito, ¡qué bárbaro! Además, tenemos participación en Nordelta y ¿a que no saben de quién somos socios también? Sí, de Clarín”, dijo (ver tabla aparte).

La participación del Estado en las decisiones corporativas, o cuanto menos al acceso privilegiado a la información, genera mucha irritación en el arco empresarial. De hecho, es una de las banderas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dominada por Clarín, Techint y Arcor. “El objetivo de las inversiones del sistema previsional no es influir en el gobierno de las empresas sino preservar el capital y obtener una buena rentabilidad de largo plazo. Es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito”, señalaba en 2011 la entidad que reúne a los empresarios más poderosos del país. No sería descabellado pensar que el tema está (o estaba) como un ineludible en su agenda 2016.