El Gobierno no sólo busca declarar de interés público la participación del Estado en las empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, sino también la que tiene en un grupo de firmas creadas en los últimos años y en otras donde hay presencia pública. Se trata de empresas como Aeropuertos Argentina 2000, Arsat, Correo Argentino, una serie de trenes de carga, la Administración General de Puertos y varias centrales térmicas. Página/12 accedió al proyecto de ley que el jueves anunció la Presidenta, Cristina Fernández, que ingresará por el Senado. Establece que la venta de las acciones en manos del Estado va a requerir una mayoría especial de dos tercios en el Congreso.

“No podemos permitir que venga alguien y le agarre la desesperación o lo tienten y malvenda esas acciones que el Estado tiene en las empresas. No es que se prohíbe la venta. El tema es que no se malvendan. Y para no dejarlo al arbitrio de un solo funcionario, exigimos que se requiera una aprobación del Congreso. Por eso se declaran esas tenencias accionarias de interés público”, explicó el ministro de Economía, Axel Kicillof.

En una línea de continuidad con la movilidad del beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sancionada con fuerza de ley el mes pasado, el Gobierno busca con la medida anunciada anteayer dificultar la vuelta atrás de las políticas fundantes del kirchnerismo. En ambos casos, traslada el poder de decisión desde el Ejecutivo al Legislativo.

En el proyecto de ley se establece la necesidad de una mayoría de dos tercios en el Congreso para decidir la venta de las acciones que el Estado tiene en las empresas. Ayer se conoció que además de involucrar a las compañías donde el FGS de la Anses tiene acciones, la medida ofrece el blindaje para otras firmas donde el Estado tiene presencia.

Las compañías donde el Estado tiene participación a través del FGS son Banco Macro, San Miguel, Gas Natural BAN, Consultatio, Edenor, Distribuidora Gas Cuyana, Siderar, Telecom Argentina, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, Grupo Concesionario del Oeste, Mirgor, Emdersa y Grupo Financiero Galicia, entre muchas otras.

A esa lista hay que sumar también a las empresas donde el Estado tiene acciones, como Aeropuertos Argentina 2000, donde controla el 73,5 por ciento del capital; la Administración General de Puertos y el Correo Oficial, estatizado en junio de 2004 por el gobierno de Néstor Kirchner. También incluye en el sector financiero al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que se suma a la presencia de la Anses en el Hipotecario, el Macro, el Patagonia, el Francés y el Galicia.

Entre las compañías públicas creadas en estos años se destaca Arsat, encargada del desarrollo de los satélites Arsat 1 y 2, el primero de ellos operando en el espacio exterior y el segundo próximo a ser lanzado desde la Guayana Francesa. La lista incluye además a Playas Ferroviarias de Buenos Aires, una empresa creada por el Estado a fines del año pasado, cuyo capital inicial está compuesto por las playas ferroviarias de Liniers, Palermo y Caballito. La firma está a cargo de la comercialización de esos terrenos para las viviendas del Pro.Cre.Ar. Está también la empresa estatal Intercargo, creada en 2003.

Dentro de los términos del proyecto de ley aparecen firmas de transporte y del sector energético privatizadas a comienzos de los ’90, en las cuales el Estado preservó una porción minoritaria del paquete accionario. Se trata de Ferroexpreso Pampeano, un ramal cerealero a cargo de Techint desde 1991, que llega a los puertos de Rosario y Bahía Blanca; Ferrosur Roca, gestionado por la cementera Camargo Correa de Brasil desde que adquirió las operaciones de Loma Negra. También el Nuevo Central Argentino, que controla Aceitera General Deheza, de la familia Urquía. La utilidad pública se pretende declarar además para la participación estatal en varias firmas del sector energético. Es el caso de Central Térmica Güemes, privatizada en 1992, en manos de Pampa Energía; Transpa, empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal de la Patagonia, privatizada en diciembre de 1993; Central Dique, privatizada en 1992; IEBA y Centrales Térmicas Patagónicas. En cambio, el artículo 24 del proyecto de ley excluye de los alcances de la norma a YPF e YPF GAS y aclara que las mismas se regirán por la Ley de Soberanía Hidrocarburífera.

La norma plantea la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), que viene a jerarquizar la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado. “Se crea una agencia para definir las políticas que los directores estatales pretenden de las empresas. Si quieren que inviertan más, que manejen precios menores o que repartan dividendos, además de hacer una supervisión general de las empresas”, dijo Kicillof. El proyecto pone ejemplos internacionales en la materia, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (España), el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Bolivia) y la Ownership Steering Department (Finlandia).