Poco antes de que Repsol-YPF anunciara un programa de inversión millonario para los próximos años, un grupo de diputados justicialistas denunció a la petrolera ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por “abuso de posición dominante”, acusándola de vender gas licuado de petróleo al mercado interno a un precio que, en promedio, es un 20 por ciento superior al valor de exportación. Según calculan los denunciantes, a raíz de esta presunta trangresión, la petrolera se habría “apropiado de una renta superior a los 100 millones de pesos en el último año”. La presentación tiene un especial sentido político, ya que fue formulada por los legisladores del denominado Grupo Talcahuano, el núcleo parlamentario más fiel al presidente Néstor Kirchner.
La compañía no sólo niega rotundamente que exporte GLP a menor precio que el que lo vende al mercado local, sino que niega rotundamente dominar el segmento de GLP a granel. “Eso es absolutamente falso –se defendió su vocero ante Página/12, en alusión a esa brecha en los precios– y hay información pública disponible. Además, no tenemos más del 29 por ciento del mercado, así que difícilmente pueda acusársenos de dominantes.”
Sin embargo, el relevamiento que hicieron los diputados justicialistas Arturo Lafalla, Jesús Blanco, Ricardo Falú, Blanca Osuna, Mónica Kuney, Dante Canevarolo y Julio Gutiérrez arrojó un resultado bastante diferente.
Según consignaron en la presentación con fecha 4 de noviembre, los legisladores sostienen que desde el año 2001 la producción de Repsol-YPF rondó el 58 o 59 por ciento del total del país. Sus ventas al mercado interno representaron el 55 por ciento del total, mientras que el GLP de su marca representó el 60 por ciento de las exportaciones, lo que sí permitiría identificarla en una posición dominante.
Esta condición en sí misma no es una falta. Pero la legislación específica –incluyendo el decreto de desregulación petrolera– sí condena abusar de los privilegios que ella concede, falta que tiene lugar si una empresa provee al mercado doméstico a un precio mayor que el de exportación, algo que a juicio del Grupo Talcahuano sí habría ocurrido.
Según información recabada por los legisladores en la AFIP, en lo que va del 2003 la empresa exportó GLP a Chile y Brasil a un valor promedio unitario de 232,92 dólares la tonelada valor FOB. Si a ese precio se le descuentan las retenciones que gravan las ventas externas, flete interno, almacenaje portuario y margen comercial, se obtendría un precio final de 204,96 dólares, que los parlamentarios denominan “paridad Brasil”. Ese monto es aún menor en el caso de una partida de 20 mil toneladas despachadas a China el 15 de septiembre pasado.
Traducido a pesos, esos valores representan 606 pesos la tonelada en el caso de la “paridad Brasil”, y se reducen a sólo 512 en el caso de las ventas a Asia. Bastante por debajo del precio interno, que oscila entre 730 y 750 pesos, según los datos que los diputados recabaron entre los fraccionadores a los que la petrolera provee GLP. “No hicimos ninguna investigación sagaz: sólo confrontamos información de la AFIP con las facturas de los clientes de la empresa”, explica ante este diario Lafalla, uno de diputados más activos en el tema.
En la presentación elevada a la Comisión de Defensa de la Competencia, los parlamentarios también ponen de relieve que la situación podría ser aún peor si las productoras locales de GLP utilizaran una metodología de fijación de precios en consonancia con usos y costumbres internacionales, tomando como base los precios del mercado de Mont Belvieu, del Golfo de México: en lo que va del año, ese precio promediaría los 584 pesos la tonelada. Pero la fijación de precios de referencia en la Argentina no está reglamentada, lo que amplía el margen de discrecionalidad empresaria.
No es posible predecir qué suerte correrá esta denuncia, pero hay un antecedente negativo. Por la misma transgresión, cometida cuando YPF era estatal, Repsol-YPF pagó a principios de año una multa de 100 millones de dólares.