“Lo que nos alienta es el espíritu keynesiano del Gobierno”, celebró ayer Aldo Ro-ggio, poco después de detallar junto a los otros popes de la Cámara Argentina de la Construcción el gran protagonismo que tendrá la inversión pública en el próximo presupuesto y el benéfico impacto que eso tendría en el empleo. El entusiasmo de los constructores es tal que el titular de esa cámara y ejecutivo de Techint, Eduardo Baglieto, juzgó que hacer una inversión en este momento es mucho menos riesgoso que en la etapa del 1 a 1, cuestionando por primera vez la convertibilidad, al menos en público. Razones para tanto oficialismo no faltan.
No sólo existe la firme intención política de estimular la obra pública sino que el gobierno de Néstor Kirchner ofrece garantías de que va a pagarla: el Presidente asumió el compromiso de no desviar hacia otros fines los fondos fiduciarios específicos que fueron concebidos para infraestructura, masa de recursos que supera cómodamente los 1000 millones de pesos anuales.
Las empresas admiten estar animadas por la conducta que tuvo el jefe de la Rosada cuando era gobernador de Santa Cruz, encarando proyectos de envergadura que pagó puntualmente. Pero también las incentiva el hecho de que gracias a un decreto de Eduardo Duhalde, respetado por la actual administración, fueron beneficiadas con un reajuste de costos de los contratos públicos y tienen una ajuste asegurado hacia el futuro que las ampara de previsibles subas en sus costos.
Las grandes constructoras, automarginadas de la reciente reprivatización de rutas por peaje, se disponen a reingresar al sistema a través de las obras que los nuevos pliegos reservan al Estado, un negocio que promete ser más grande y lucrativo que el de las casillas ruteras. “Hay mucho que hacer para mejorar la red troncal y los recursos para esto están”, se alentó Roggio ayer.
Desde la óptica empresaria, el sector ha sido uno de los más castigados y aún tiene con el Estado varias cuentas pendientes. Entre ellas una deuda de 600 millones de pesos por contrataciones de Vialidad Nacional reconocida por el Estado pero aún no honrada. Así como un paquete de bonos defolteados que recibieron como pago de emprendimientos anteriores, a dieciséis años de plazo y con siete de gracia, según se lamentan.
Sobre esta base, se sienten en condiciones de hacer un llamamiento al resto de tenedores de títulos públicos afectados por la cesación de pagos para que admitan la quita nominal promedio del 75 por ciento que propuso el Gobierno en su oferta inicial de reestructuración de deudas. “Deben hacer un esfuerzo para que el país despegue”, increpa el hombre de Techint, quien reconoció a la cámara como “una de las entidades con un pensamiento más afín al Gobierno”.
El buen humor de la CAC promete sostenerse y no sólo por la apuesta de estimular la reactivación por la vía de la obra pública sino por la perspectivas de buenas utilidades. Según calculan estos empresarios, el peso seguirá revaluándose, pero los precios del sector subirían no menos de un 15 por ciento en dólares de aquí al año que viene.