“El hábitat es parte de la seguridad social”. La afirmación sintetiza el espíritu del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara de interés social la regularización dominial de inmuebles para la vivienda única o unidad productiva familiar. La norma apunta a normalizar la situación de 539.629 hogares y más de dos millones de personas, dato que surge del último censo de 2010. De convertirse en ley, el Estado quedará facultado para adquirir inmuebles en aquellos barrios informales que hayan sido ocupados antes del 1º de enero de 2015 con el objetivo de otorgarles la titularidad a sus ocupantes. También podrá intervenir en subastas para adquirir viviendas que hayan sido judicializadas, siempre con el objetivo de regularizar la situación de sus ocupantes. A su vez, el Estado, a través de la autoridad de aplicación de la norma, podrá girar los fondos necesarios a las provincias y municipios para que sean éstos los que adquieran las tierras en conflicto. Los principales nudos de irregularidad dominial se encuentran en los grandes conurbanos como el Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y la provincia de Buenos Aires.

“Si hay una subasta como parte de un desalojo, el Estado tendrá prioridad de compra. Si el inmueble está ocupado y el dueño quiere venderlo, el Estado tendrá prioridad de compra en caso de que haya conflicto. Son mecanismos que nos permitirán intervenir para mejorar las condiciones de vida de muchas personas”, explicó a Página/12 Rubén Pascolini, secretario de Acceso al Hábitat.

El censo 2010 arrojó que 539.629 familias se hallan en una situación irregular en relación a la tenencia del terreno que habitan, es decir un 4,4 por ciento del total de hogares. En 2001, los hogares con problemas de regularización alcanzaban al 4,29 por ciento. Este es un indicador que no se ha modificado. La explicación obedece a varios factores. Si bien afecta a los sectores más vulnerables, exhibe un comportamiento independiente al nivel de ingresos de los hogares.

“Parte de la irregularidad en la tenencia de la tierra se explica por la desregulación del mercado inmobiliario operada durante tres décadas de neoliberalismo, y el consecuente aumento del precio de la tierra en las grandes ciudades. El impacto de este paradigma ha dejado huellas y se cuenta dentro de la problemática actual de tenencia irregular”, puede leerse en los fundamentos del proyecto que ingresó por la Cámara de Diputados y ya obtuvo dictamen de un plenario de comisiones.

La Ley 24.374, conocida como Ley Pierri, sancionada en 1994, permite regularizar los terrenos ocupados con causa lícita de manera pública, pacífica y continua. Pero lo concreto es que sólo seis provincias adhirieron: Buenos Aires, Salta, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Santa Fe. Con este nuevo proyecto, si bien las provincias deberán adherir a sus principios, el Estado nacional estará facultado a girar recursos para que cada jurisdicción pueda resolver las situaciones conflictivas.

“Esta es política de reparación interna. Cuando desplazaron a miles y miles de personas a las villas porteñas, a esos gestores del neoliberalismo no les preguntaban cuándo dejarían de privatizar. Este proyecto es a treinta años, sus logros se verán hacia adelante. El neoliberalismo fragmentó las políticas públicas pero este proyecto capitaliza el conocimiento de las distintas áreas del Estado acumuladas en la última década”, indicó a este diario Martín Rodríguez, subsecretario de Acceso al Hábitat.

El ordenamiento territorial será clave. Por eso la norma establece la creación de un Registro Nacional de Barrios y Viviendas Informales para dar cuenta de la ubicación geográfica de los inmuebles en los que están emplazados los barrios informales, determinar la titularidad de dominio y la cantidad de familias que habitan en el predio. Las provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires, las familias ocupantes y organizaciones sociales podrán solicitar por su cuenta la incorporación en dicho registro. A su vez, se creará un Consejo Federal para la Regularización Dominial, que será consultivo (no vinculante).

“Nuestro país se hizo desde el interior. Primero vinieron las provincias y luego la Nación. Las provincias delegaron algunas competencias y se reservaron otras como el manejo del suelo. Por eso es muy difícil resolver las cuestiones del hábitat sin la colaboración de las provincias”, aclaró Pascolini.

–¿Qué herramientas otorga esta ley para resolver la puja de intereses entre un gobierno local que privilegia los negocios inmobiliarios antes que la urbanización y la regularización dominial de los barrios populares? –preguntó Página/12 a los funcionarios.

–Por ejemplo, se facultará al Estado a igualar los precios en una subasta. Si se pusiera en venta una zona de Retiro (por citar un ejemplo), y el Estado igualara la oferta de un privado, tendrá prioridad para adquirir el inmueble –dijeron.

La norma le provee al Estado una serie de mecanismos para la regularización de la tierra para vivienda:

- La adquisición directa o la transferencia a las provincias y municipios de los recursos para compra de inmuebles donde se emplacen los barrios informales que hayan sido alcanzados por leyes de expropiación.

- La adquisición directa o la transferencia a las distintas jurisdicciones de los recursos para la compra de viviendas que estén sujetas a controversias judiciales.

- La adquisición directa o la transferencia a las distintas jurisdicciones de los recursos para la compra de los inmuebles necesarios para las relocalizaciones necesarias por motivos de ordenamiento urbano.

- La realización, ya sea mediante su acción directa o transferencia de los recursos necesarios a las provincias o municipios, de obras de infraestructura básica indispensables para la aprobación de planos. Estas obras podrán realizarse por cooperativas u organizaciones sociales vinculadas al proceso de regularización dominial.

La norma crea un fondo que será integrado con aportes del Tesoro y con el repago de los inmuebles que se vendan en el marco de la regularización dominial. Esos recursos servirán a los fines de dos programas de financiamiento a provincias y municipios: uno para pago de indemnizaciones de tierras expropiadas con anterioridad al 1º de enero de 2015 y otro para la realización de las tareas necesarias para la regularización y el fortalecimiento de las áreas locales competentes en la materia. A su vez, se financiará el pago del 1 por ciento del valor fiscal de la vivienda, establecido como pago obligado para iniciar el trámite de regularización a través de la Ley 24.374.

“La regularización dominial es un paso para la urbanización. Es la posibilidad de que los servicios públicos ingresen en los barrios, mejora la infraestructura del lugar como las conexiones de gas y electricidad. Hay muchos aportes concretos detrás de la regularización. Y también simbólicos. La integración urbana y social es desestigmatizar poblaciones que muchas veces se ven obligadas a mentir donde viven para conseguir un trabajo. Que cada uno pueda ser dueño de su pedazo de tierra es una política de inclusión social”, analizó Pascolini.

Además de los funcionarios de la Secretaría de Acceso al Hábitat, la norma contó con la colaboración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La iniciativa es subsidiaria de los planes federales de viviendas, los programas federales de emergencia Techo y Trabajo y Techo Digno, el Procrear y también programas de regularización dominial del Ministerio de Agricultura.

Sobre el cierre de un período político de doce años, la norma busca convertirse en un piso a partir del cual los próximos gobiernos deban actuar. Al menos ese es el espíritu que le imprimieron sus redactores.

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