Desde Tucumán

Todos aquellos candidatos que tuvieron participación en hechos de violencia, disturbios y quema de urnas en las elecciones del 23 de agosto en Tucumán, no podrán ser candidatos en las elecciones complementarias que se realizarán el próximo 8 de noviembre en la provincia, en las localidades donde hubo incidentes que llevaron a anular el conteo de los votos allí emitidos. Así lo decidió la Junta Electoral Provincial (JEP) en la tarde del pasado lunes. El organismo es dirigido por Antonio Gandur, quien además es presidente de la Corte Suprema tucumana.

Según los fundamentos de la resolución de la JEP, a la que accedió Página/12, “se encuentran identificados distintos candidatos oficializados que participaron de los comicios desarrollados el día 23 de agosto en el carácter de candidatos, y que fueron imputados en el marco de esas causas penales a raíz de que habrían incurrido en delitos penales, sin perjuicio de resaltar que con sus conductas afectaron gravemente el normal desarrollo de los comicios, correspondiendo aclarar que esos hechos fueron los que provocaron la nulidad de las respectivas elecciones y mesas de la votación en las comunas rurales”, dice el escrito.

Por otra parte, la resolución asevera que del informe remitido por la fiscalía de la novena nominación del centro judicial de Capital, referido a la Comuna de San Pablo y Villa Nougués, “surge que hasta la fecha no existen imputados por los hechos de violencia sucedidos en el lugar”, a pesar de que allí se volverá a votar.

Los integrantes de la Junta dejaron asentado quiénes serán los que no podrán presentarse como candidatos el próximo 8 de noviembre, por “quemar urnas”. En esa lista figuran José Kobak y Hernán Ariel Marinucci, ambos del Partido de Izquierda y de los Trabajadores; y Ezequiel Paz, candidato del Partido Crecer para la Victoria; todos candidatos en la Comuna de Los Ralos. También aparecen José Carmelo Amenta, Pedro Ignacio Moreno, candidatos del Frente para la Victoria de la localidad de San Ignacio. Y, por último, está Hugo Adolfo Alarcón, candidato a comisionado rural de la comuna de Sargento Moya, por el Acuerdo para el Bicentenario (ApB) que llevó como candidato a gobernador al radical macrista José Cano. Cabe destacar, que Alarcón, junto con otras tres personas más, fueron detenidas el día de los comicios por orden del juez de Monteros, Mario Velázquez.

“En el caso específico analizado aquí se observa un rasgo particular, referido a que quienes atentaron con su conducta contra estas mismas elecciones no es lógico que sean ‘premiados’ con una nueva participación en el mismo proceso electoral”, sostiene la resolución. Y agrega: “Es que el reproche contra los citados candidatos oficializados está dado por conductas realizadas en este momento electoral, por lo que esta Junta Electoral provincial no puede permitir participar como candidatos en las elecciones complementarias a quienes atentaron con su conducta contra el proceso electoral”.

El director nacional electoral, Alejandro Tullio, destacó en diálogo con Página/12 que la decisión de la Junta tucumana “responde a las expectativas”. “Tucumán tiene una tradición jurídica sobresaliente. Tiene varias facultades de Derecho de primer nivel. Y su Junta Electoral es un órgano que está en perfectas condiciones de administrar y resolver los planteos que surjan. Entonces, esa decisión pone de manifiesto que las acciones que han tratado de distorsionar la voluntad del pueblo, como pueden ser la destrucción o incineración de urnas, no son gratis y tienen consecuencias. La consecuencia es no estar habilitado para otro acto que es consecuencia directa de lo que ocurrió, que es la elección complementaria. Lo importante es que Tucumán se reencuentra con sus mejores tradiciones y son falsas aquellas afirmaciones que ponen en duda sus capacidades para organizar cualquier tipo de elección”, subrayó Tullio.

La elección complementaria del 8 de noviembre próximo se llevarán a cabo en las localidades de San Pablo y Villa Nougués, San Ignacio, Sargento Moya y en las mesas de votación 2764, 2774 de la Comuna de Los Ralos, donde además ya se han iniciado diversos proceso judiciales penales, dirigidos a determinar las responsabilidades penales de los involucrados.