Fue una sesión de consenso. El Senado dio media sanción por unanimidad al proyecto del Gobierno que ratifica y declara de Orden Público a los nueve principios aprobados en la ONU contra los fondos buitre y el de Desarrollo de la Industria Satelital, que promueve un Plan Satelital Geoestacionario Argentino y protege la posible venta de acciones de la empresa estatal Arsat. También por unanimidad, la Cámara alta convirtió en ley la Agencia Nacional de Materiales Controlados que reemplazará al Registro Nacional de Armas (Renar) y la creación de las universidades nacionales de Almirante Brown y la Pedagógica Nacional, así como la aprobación del pliego de ascenso para la primera general en actividad del Ejército Argentino. El temario de la sesión ordinaria del Senado –la última antes de las elecciones presidenciales del 25 de este mes– fue consensuado sin mayores disidencias para no transformar el recinto en parte del campo de batalla de la disputa electoral.

La declaración de orden público de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de las Deudas Soberanas, impulsada por Argentina y aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 10 de septiembre pasado por el voto favorable de 136 países, abrió el debate donde se plantearon diferencias entre oficialistas y opositores, que tampoco rompieron la unanimidad del respaldo al proyecto que ahora pasará a Diputados. El oficialista sanjuanino Ruperto Godoy reivindicó “el orgullo por la reestructuración de la deuda argentina, la pelea contra el hostigamiento y el acecho de los fondos buitre y la valentía y el coraje de la presidente Cristina Fernández de Kirchner para enfrentar las presiones y poner el tema en la agenda internacional”. Godoy también recordó cuando Néstor Kirchner planteó en la ONU que “los muertos no pagan” y comenzó un proceso de reestructuración de deuda, que tuvo dos etapas, en 2005 y 2010, con las que cosechó la adhesión del 93 por ciento de los tenedores de bonos.

Los nueve principios aprobados por la ONU tienen como eje “la extensión de los términos financieros de una renegociación al ciento por ciento de los acreedores cuando la propuesta sea aceptada por una mayoría calificada” y “la sustentabilidad de esos acuerdos para permitir a los países recuperar un sendero de crecimiento inclusivo”, así como “el restablecimiento de la inmunidad soberana”. El radical chubutense Mario Cimadevilla (UCR) sostuvo que “el tratamiento de la ley no merece ninguna objeción”, pero consideró una “sobreactuación que se ha montado, una épica falsificada con la que maquillan los errores para parezcan un éxito”. Su correligionaria mendocina, Laura Montero, consideró que el proyecto “no tiene efectos prácticos, estamos encerrados dentro de nuestras fronteras sin poder acceder a los mercados internacionales (de crédito)”. La rionegrina María Odarda, CC-ARI, pidió “un trato igualitario del gobierno nacional con las provincias como el Gobierno reclama a los acreedores externos”. El puntano Adolfo Rodríguez Saá cuestionó “la épica del relato oficialista” y que “también haya prorrogado la jurisdicción extranjera” para dirimir los conflictos jurídicos con los bonistas. Su compañera de fórmula presidencial, Liliana Negre, hizo un extenso repaso histórico de la deuda externa, calificó como “suspensión de pago de la deuda y no default” la decisión de Rodríguez Saá de no cancelar los pagos como presidente provisional tras la crisis de 2001 y pidió incorporar más restricciones para que los próximos gobiernos no vuelvan “a endeudar al país” y someterlo a tribunales extranjeros. Los macristas no hablaron, pero ratificaron la iniciativa, que tuvo 43 votos a favor y ninguno en contra. El jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, defendió la “decisión política” de la iniciativa, aunque reconoció que no tiene efecto retroactivo, cuestionó a título personal la postura de Estados Unidos, recordó que el Congreso impulsó sin éxito una iniciativa con características similares antes de la crisis de 2001 y agradeció en acompañamiento opositor “más allá de las diferencias”.

El proyecto de Desarrollo de la Industria Satelital y el Plan Satelital Geoestacionario Argentino, que se extenderá hasta el año 2035, fue tratado sobre tablas con el respaldo opositor y casi sin debate, más allá de las explicaciones en las que se explayó la jujeña Liliana Fellner. Montero pidió abstenerse en solo dos artículos, especialmente el 14, donde se impone una mayoría calificada de dos tercios del Congreso para vender o transferir acciones de la empresa estatal Arsat a cargo del Plan Satelital que incluirá la construcción de otros seis satélites para poner en órbita. La iniciativa también pasará ahora a Diputados.

Tampoco hubo debate en torno de la Agencia Nacional de Materiales Controlado ni para la creación de dos universidades nacionales de Almirante Brown y la Pedagógica Nacional.