Producción: Javier Lewkowicz

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En el camino correcto

Por Ariel Geandet *

Luego de doce años de políticas de redistribución del ingreso impulsadas por parte del Estado, en función de la recomposición de los derechos ciudadanos, debemos pensar en cómo consolidar y profundizar estos cambios. Para comenzar, debemos romper con un nuevo mito que se ha creado en torno a los beneficiarios de las políticas redistributivas y de los planes de empleo. Ni estas políticas deben ser consideradas como una contención social ni sus beneficiarios deben ser considerados como “vagos” o “inútiles”. En un estudio que realizamos entre el Cisba y la Universidad Nacional de San Martín, hemos encontrado que casi la totalidad de los beneficiarios del programa Argentina Trabaja del conurbano bonaerense realizan otras actividades además de sus tareas dentro del plan. Es decir, no son vagos ni inútiles y poseen ingresos extra.

La nueva versión de las políticas públicas orientadas a los sectores populares debe ser lograr su transformación productiva y social, ya no como beneficiarios de programas sociales sino como artífices de su propio destino, como menciona el papa Francisco. Es decir, centrar las políticas sobre su condición de clase trabajadora; para esto no necesitamos nuevos financiamientos, sólo hace falta repensar el uso de los recursos existentes. Debemos transformar los subsidios en salarios, la AUH en Asignación Familiar porque generamos una nueva institucionalidad de formalidad laboral acorde a las problemáticas del sector, entre otras medidas. Debemos garantizar las 3T que enumera el Papa y que hoy es una bandera de los movimientos populares: Tierra, Techo y Trabajo.

El candidato presidencial Daniel Scioli propuso devolver el IVA a los jubilados y a los beneficiarios de la AUH. Esta medida involucra a 9,2 millones de beneficiarios pero debería ser extendida a todos aquellos que perciban transferencias directas por parte del Estado, lo que alcanzaría a cerca de 12 millones de personas. Es aquí donde se plantean dos interrogantes para esclarecer: ¿cómo se financia? y ¿cómo se instrumenta?

El costo de esta medida podría alcanzar cerca de los 35 mil millones de pesos, considerando que la mayoría de sus consumos son en alimentos, que están alcanzados por una alícuota del 10,5 por ciento. Lo anterior representa el 2 por ciento de los ingresos tributarios totales en 2015 o el 8 por ciento de la recaudación por IVA. Es poco dinero pensado en el efecto multiplicador que puede tener sobre la actividad económica pero fundamentalmente porque hoy el Estado no está cobrando impuestos por estos consumos, la mayor parte de estas transacciones son en negro. Es decir, no hay pérdida.

Si la cadena de comercialización se legaliza sin devolverles el IVA masivamente a los sectores populares, entonces, podríamos tener efecto sobre los precios de los consumos populares. Por eso el IVA hay que pensarlo a lo largo de la cadena de valor y no sólo como efecto sobre el consumidor final.

Es indispensable que esta política venga acompañada por un fuerte proceso de facilitar lectores de tarjetas a los mercados barriales, para que el consumo del barrio quede dentro del barrio y no terminemos direccionando el consumo solamente a las grandes cadenas de supermercados. Al mismo tiempo, el IVA debe cobrarse y devolverse, no debe “sacarse el IVA” porque esos recursos terminarían siendo una transferencia de rentabilidad al que comercializa el bien ya que se lo terminaría cobrando sobre futuros aumentos del precio del bien, desfinanciando al Estado. Además, los mercados populares deberían tener mayores beneficios para el consumidor que sólo devolverle el IVA.

Hoy tenemos una bancarización pasiva de todo este sector; todos cobran y retiran todo su dinero de los cajeros automáticos. Debemos implementar una tarjeta de crédito de la economía popular para bajar los costos al sistema y, al mismo tiempo, que este sector de la clase trabajadora acceda a los mismos beneficios que la clase trabajadora formal, es decir, que puedan utilizar el Ahora 12, que puedan comprar con descuentos, entre otros.

La ventaja de la baja en los costos transaccionales, de la formalización de las compras y ventas, y el efecto positivo sobre la actividad económica hace que esta medida se repague a sí misma. En este camino debemos ir, como también debemos poner en valor el trabajo y la actividad de los sectores populares. Por eso los sectores populares requieren de una alianza estratégica dentro del Estado para definir, en conjunto, las políticas públicas que se necesitan.

* Director ejecutivo del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de Buenos Aires (Cisba), Mesa de Economía del Movimiento Evita, y docente UBA.

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¿Quién se beneficia?

Por Ernesto Mattos *

El candidato a presidente del FpV, Daniel Scioli, propuso recientemente la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para los jubilados que cobran la mínima y las personas que reciben la Asignación Universal por hijo/a (AUH), Progresar, etc. Se trata de un universo de 6.717.627 personas, cuyo poder de consumo es de 15.004 millones de pesos por mes, lo que representa unos 180 mil millones de pesos al año. El IVA (neto de devoluciones) representa entre un 40 y 45 por ciento de la recaudación impositiva total.

Un ejemplo internacional de utilización de este tipo de medidas es Grecia, que tiene un IVA diferencial del 6, 13 y 23 por ciento según el bien que se trate. Fue parte central del programa de ajuste de la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea), que propuso consolidar el IVA en dos tramos del 13 y el 23 por ciento.

Recordemos algunas variables relevantes de la economía nacional. La distribución del ingreso, si medimos utilizando el coeficiente de Gini –donde cero es la situación de mayor igualdad y uno la de más desigualdad– pasó de 0,47 (2003) a 0,36 (2014), lo que evidencia una mejora en la tendencia a la igualdad de los ingresos. El nivel actual de desempleo que se mantiene por debajo del 7 por ciento (Informe CESO septiembre-2015), al tiempo que el año cerrará con un nivel inflación no superior al 26 por ciento en términos anuales, como lo señala el Ucema en su informe de inflación para la canasta del profesional ejecutivo que contempla productos de consumo habitual para una familia profesional de clase media, incluyendo primeras marcas, colegios privados, turismo, autos, electrónica, etc. En tanto los últimos datos de la variación de precios –en términos anuales– que publica la Ciudad de Buenos Aires arrojaron un 24 por ciento. En tanto, las paritarias cerraron en un promedio superior al 28 por ciento.

En este contexto, ¿quién se beneficiaría, además de los jubilados y los que reciben la AUH, con la medida de la reducción del IVA? Para empezar, el mayor poder de compra potencial derivado de la reducción del IVA se dirigiría directamente al consumo en el mercado interno. El principal beneficiario en este sentido sería el sector de alimentos y bebidas. Según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (2012/2013) del Indec, la población de menores ingresos destina un 42 por ciento al consumo en alimentos y bebidas; los de medianos ingresos entre un 32 y 38 por ciento y los de mayor ingreso, un 26 por ciento.

En el sector alimenticio, es un dato a tener en cuenta el grado de concentración económica. Según el artículo “Características de la Dependencia: Alimentos y Bebidas” publicado en la Revista Mano a Mano, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, “en el caso de los granos, Monsanto, Dupont y Syngenta dominan el 53 por ciento del mercado mundial; y 6 empresas pesticidas dominan el 76 por ciento del mercado. En el caso de las industrias de alimentos, solo 10 empresas procesan 1 de cada 3 productos que se consumen en el mundo, algunas de ellas son Nestlé, Pepsico, Kraft, Coca-Cola, Unilever y Cargill”. En el plano nacional, según el informe del Indec sobre 500 Grandes Empresas, el 57 por ciento de la industria manufacturera se explica por estas empresas, donde el principal sector intra-industria es alimentos y bebidas, con un peso del 19 por ciento para el año 2013 y una incidencia en la facturación del 23 por ciento. Además este sector concentró entre 1996 y 2013 el 30 por ciento de los créditos al sector privado según los datos del CEP-Industria.

Las firmas de alimentos y bebidas, por concentrar su negocio en el mercado interno y estar sujetos a la evolución del salario real, y por grado de concentración económico, han sido beneficiarias del crecimiento de los últimos años. La principal representante de ese sector es Arcor. Paradójicamente, Luis Pagani, máximo referente de esa firma, solicitó una política económica de “ajuste” para el 2016 y 2017, en una maniobra articulada con Techint, ya que ambos comandan el programa económico que consensuaron en el Foro de Convergencia Empresarial: libre movilidad de capitales, derechos de exportación cero, libertad de precios y libre compra de dólares. Es notable en este sentido la asunción de Adrián Kaufmann Brea, ejecutivo de Arcor, al frente de la UIA. Las modificaciones propuestas por Scioli, en cambio, incrementan la posibilidad de consumo de un grupo social de más de 6 millones de personas y pone sobre la mesa la posibilidad de seguir repensando la estructura impositiva argentina para profundizar la distribución del ingreso. Al mismo tiempo, pone en evidencia la necesidad de prestar mayor atención a la formación de los precios en el sector de alimentos y bebidas, tan sensible al bolsillo argentino.

* Investigador del Ciges y del Centro Cultural de la Cooperación.