La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ordenó a la jueza de primera instancia María Verónica Straccia investigar una denuncia de la AFIP contra el HSBC por facilitar a un grupo de empresas la plataforma para evadir impuestos y lavar dinero. Las firmas denunciadas junto con el banco, habrían utilizado ese mecanismo para blanquear 392 millones de pesos, solamente durante 2009. La magistrada había dispuesto la desestimación de la denuncia sobre una serie de titulares de cuentas señalados por la autoridad fiscal como canal para la maniobra fraudulenta, pero ahora deberá retomar la pesquisa. Abierta en 2013, la causa fue la primera gran denuncia contra el holding británico-asiático en el país, antes de la investigación iniciada tras descubrirse la existencia de 3500 millones de dólares depositados en 4040 cuentas no declaradas en una sucursal suiza del banco.

La denuncia original de la AFIP afirmaba que la entidad financiera ofrecía a un grupo de empresas emisoras de facturas apócrifas, un servicio fraudulento que consistía en efectuar los depósitos de sus cobranzas, producto de operaciones inexistentes, en una cuenta exenta del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias. HSBC reportó oportunamente las operaciones a la AFIP a través del Sistema Informático de Transacciones Económicas Relevantes (Siter), pero la verdadera identidad de los agentes involucrados en esos movimientos de dinero eran ocultados deliberadamente, ya que se informaban a través de una CUIT genérica.

Las empresas involucradas junto al HSBC son Red de Multiservicios SA, Más Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL. La denuncia de la AFIP explicaba cómo era el mecanismo facilitado por el banco: Red de Multiservicios compró facturas truchas a un grupo de proveedores apócrifos y les pagó con cheques que éstos endosaron a Más Distribuidora y Recaudación y Servicios del Sur. Los cheques fueron depositados en el HSBC y el dinero se retiró a las pocas horas. El uso de las facturas truchas sirvió para evadir el pago de Ganancias e IVA y la intervención del HSBC posibilitó el blanqueo del dinero de origen incierto.

El banco estaba obligado a reportar esas operaciones a la AFIP y lo hizo, pero informó que los depósitos se realizaron en cuentas asociadas a CUIT genéricos, una herramienta prevista para situaciones excepcionales, que en este caso fue utilizada para imposibilitar que el organismo recaudador identificara a las firmas involucradas. Si la AFIP hubiera sabido cuáles eran las empresas que estaban realizando esas operaciones millonarias, podría haber investigado si los movimientos se correspondían con los ingresos declarados, pero el HSBC dejó en penumbras esa vía. Asimismo, desde el organismo recaudador advirtieron en la causa que los requerimientos de información del banco a sus clientes no cumplían con las exigencias para ese tipo de movimientos millonarios con cheques.

Con esos argumentos, la AFIP consideró que no sólo las firmas cometieron un ilícito, sino que el banco les ofreció la plataforma necesaria para evadir impuestos. Una dinámica similar a la que disparó el año pasado la denuncia por las cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza.

Con el avance de la investigación, en agosto del 2013 la AFIP puso en conocimiento del juzgado la existencia de otras 2144 cuentas en situación análoga a las que ya eran objeto de investigación. Pero en abril de 2014, la fiscalía interviniente a cargo de Dahl Rocha postuló la desestimación parcial de la denuncia sosteniendo, entre otros argumentos, que las nuevas cuentas detectadas no tenían vinculación con los contribuyentes que fueran denunciados en el inicio. La magistrada Straccia compartió la visión del Fiscal y procedió a la desestimación parcial de la denuncia. Así, según indicaron fuentes oficiales, se descartó la investigación de miles de cuentas ocultadas al fisco por el HSBC que abarcan depósitos entre los años 2008 y 2012 por más de 9000 millones de pesos. La AFIP apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico mediante recurso de queja por apelación denegada. Finalmente, el pasado 24 de septiembre, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió rechazar la desestimación, considerando que las circunstancias informadas por el Organismo permiten sustentar la hipótesis delictiva, ordenando en consecuencia proseguir con la investigación sobre la totalidad de la cuentas que fueron ocultadas.