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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral entregó ayer a la Cancillería la ratificación de las órdenes de captura con alertas rojos contra cinco sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado contra la AMIA. El magistrado respaldó así el dictamen de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, con la firma de los fiscales Sabrina Namer y Roberto Salum, por lo cual el texto será enviado desde la Cancillería a Interpol de inmediato. La Oficina de Archivos de Interpol, que es una especie de organismo de derechos humanos, había pedido la ratificación y los argumentos para respaldar las órdenes de captura. Los alertas rojos seguirán vigentes al menos hasta fines de 2016 cuando se cumplen diez años de su establecimiento. En ese momento, habrá una nueva ofensiva de Irán para que se levanten.

La Oficina de Archivos de Interpol había pedido que se explique nuevamente por qué los iraníes son considerados sospechosos. La base de la acusación es la que en su momento impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman y lo que sustentó las capturas emitidas en 2006. La UFI-AMIA trabaja ahora en archivos policiales y de inteligencia buscando nuevos elementos.

Por el tono de la requisitoria de Interpol, en el que se reclamó un resumen de pruebas, en el juzgado creen que Irán está a la ofensiva para suprimir las alertas. El gobierno de Teherán firmó un acuerdo de limitación nuclear con Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, el Reino Unido y Francia con lo cual dejó de estar en el “eje del mal” para las grandes potencias. Dos de esos países Alemania y Reino Unido corrieron a abrir nuevas embajadas en Teherán y se espera que Estados Unidos haga lo propio a corto plazo. Todos reiniciaron negocios con el país persa y está el interés de que el régimen de los ayatolás exporte petróleo para seguir manteniendo bajo el precio. En ese ambiente internacional, las presiones contra Irán tienden a bajar.

Como adelantó Página/12, la Oficina de Archivos sólo puede elevar un dictamen al Comité Ejecutivo de Interpol que, a su vez, hace recomendaciones a la Asamblea General. Por lo plazos que llevan todos estos pasos, la Asamblea General de este año, que se realizará el 2 de noviembre en Ruanda, no alcanzará a abordar el tema, por lo que pasará –según dicen en Interpol– a la Asamblea del año próximo. Dado que las alertas rojas fueron establecidas por la Asamblea sólo es el juez y la misma Asamblea los que pueden derogarlas. Las respuestas a Interpol se entregaron a tiempo para evitar posibles conflictos administrativos: el plazo vencía el 23 de octubre.

Las pruebas en las que se basan los pedidos de captura son testimonios de arrepentidos iraníes, opositores, que sostuvieron que el atentado se puso en marcha en una reunión del máximo nivel del gobierno iraní en la ciudad de Mahshad. Nisman consideró que el ex agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, fue el organizador principal y contó con el respaldo del tercer secretario de la embajada, Ahmad Asghari. Sobre ambos pesan órdenes de captura con alertas rojas, al igual que contra el ex ministro de Inteligencia, Ali Falajhan, el ex ministro de Defensa, Ahmad Vahidi y el ex jefe de las Guardias Revolucionarias Mohsen Rezzai. Canicoba Corral viene señalando desde hace años que las pruebas recolectadas por Nisman se basan más en informes de Inteligencia –de la CIA, la Mossad y la SIDE que en evidencias judiciales, pero que resultaban suficientes para librar las órdenes de captura para escuchar en indagatorias a los sospechosos. El antecedente que pesa es que en 2004 las evidencias fueron consideradas insuficientes por la justicia británica cuando fue detenido el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour. La justicia de Londres lo dejó en libertad y se le pagó una indemnización de 20.000 libras. De todas maneras, los imputados iraníes nunca pudieron ser indagados ni hicieron presentaciones en la Justicia argentina. Desde hace años permanecen en su país, del que no pueden salir porque serían detenidos.

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