Pese a la generosa oferta del gobierno de Mauricio Macri, aceptada por los principales fondos buitre, el juez de Nueva York, Thomas Griesa, no levantó la cautelar que rige sobre los pagos de deuda reestructurada. El octogenario magistrado evitó ayer pronunciarse al respecto por pedido del abogado de NML Capital, Ted Olson. El representante del fondo especulativo de Paul Singer solicitó un plazo de 30 días antes de que tome una decisión con el objetivo de permitir negociar a otros holdouts que no fueron incluidos en la propuesta argentina. En caso de no conseguirlo adelantó que apelará la medida, advirtiendo que esa posibilidad retrasaría todo el proceso varios meses. Tiempo de espera que el equipo económico de Macri no quiere. Por eso está desesperado en que se levanten las restricciones y se dicte un stay para poder avanzar en la colocación de nueva deuda, de la cual buena parte tendrá como destino el pago en efectivo de los 4653 millones de dólares a los buitres antes del 14 de abril próximo. Ayer se conoció que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, mantuvo encuentros en diciembre pasado y en enero con el fondo buitre de Paul Singer. Bonistas argentinos con papeles en default reunidos en Grupo Varela denunciaron que fueron discriminados. “Argentina se reunió sólo con los grandes”, apuntaron.

NML Capital y su subsidiaria Elliott Management ya habían intentado dilatar la decisión de Griesa pidiendo una postergación sobre la audiencia convocada para las partes expongan sus argumentos a favor y en contra de levantar el bloqueo a los cobros de deuda externa reestructurada por parte de los tenedores. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido y la reunión tuvo lugar a las 15.30 en el salón 26B del tribunal ubicado al 500 de la calle Peral, Nueva York. El encuentro contó con la participación de los representantes de los principales fondos buitre que demandan al país, de los mee too, del Grupo Varela, del gobierno nacional y de los bancos y cámaras compensadoras.

Griesa había adelantado que podría conceder el levantamiento del bloque si el país deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, dos normas que impiden un tratamiento privilegiado a cualquier grupo de acreedores respecto del 93 por ciento de los bonistas que aceptó la reestructuración de la deuda, y si se alcanza un acuerdo con los buitres antes de fin del mes pasado. El gobierno alcanzó un acuerdo con los cuatro fondos más intransigentes, a los que les pagará 4653 millones de dólares en efectivo antes del 14 de abril próximo. Este compromiso incluye al 75 por ciento de la deuda en litigio. Previamente, se había cerrado con los fondos EM Limited y Montreux Partners por 850 y 300 millones de dólares, respectivamente. También lo hicieron Capital Markets Financial Services, que cobrará 110 millones de dólares, cinco fondos menores con acreencias por 450 millones de dólares y bonistas italianos que recibirán cerca de unos 1000 millones. Estos elevan el porcentaje con acuerdo al 85 por ciento.

En una audiencia a sala colmada, Griesa escuchó durante dos horas a las partes y se reservó una decisión al pedido de remover sus órdenes contra Argentina. Los fondos Dart o Montreaux respaldaron el pedido argentino, pero otros holdouts alertaron sobre que el acuerdo sólo contemplaba el reclamo de los acreedores con más peso en la demanda, como es el caso de NML y Aurelius, pero queda afuera un 15 por ciento. Por su parte, el abogado de NML pidió al juez que extienda por 30 días la decisión. Olson argumentó que eso permitirá a los holdouts que no fueron incluidos en la propuesta negociar con el país. Los buitres pretenden que el levantamiento de las restricciones sea parcial, es decir, sólo en la medida que se vaya a acordando con nuevos holdouts, o que se renueve mensualmente mientras se sigue negociando. Al término de la audiencia, Griesa se abstuvo de decidir sobre los pedidos. El pronunciamiento podría conocerse en los próximos días. El juez neoyorquino prometió además dar de baja todas las causas paralelas al fallo central, especialmente la aplicación del principio de Discovery, por la cual los fondos buitre podrían avanzar en la investigación sobre la presencia de bienes embargables del país en los Estados Unidos.