El cambio de posición del PRO respecto de la confidencialidad del contrato entre YPF y Chevron, que primero repudiaba y ahora acepta, según reconoció la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, no tuvo eco en el Poder Judicial. La jueza Cristina Carrión de Lorenzo fijó ayer un plazo de cinco días para que YPF presente el contrato completo con la petrolera estadounidense para la explotación de hidrocarburos en el yacimiento Vaca Muerta. La magistrada, que en un principio se había mostrado en contra de la divulgación para no comprometer secretos industriales, técnicos y científicos, cambió de decisión tras el fallo de la Corte Suprema de hace cuatro meses, en el cual instó a YPF a hacer público el convenio. El contrato entre la petrolera estatal y Chevron se firmó en julio de 2013, con pautas de confidencialidad, un elemento que es usual en los acuerdos en la industria petrolera. Si no se cumple el plazo impuesto por Carrión, la petrolera recibirá una multa de 10 mil pesos y a partir del sexto día de 50 mil pesos diarios hasta que revele la información.

“Las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos”, aseguró la Corte Suprema cuando le solicitó a la firma revelar el convenio. El pedido de hacer público el contrato fue promovido en un comienzo por el diputado socialista Rubén Giustiniani, quién avanzó en una acción de amparo porque YPF se negó a brindarle información que había reclamado acerca el proyecto de inversión pactado con Chevron. Los pedidos del diputado se habían concentrado en temas ambientas. Desde la Corte argumentaron que la petrolera forma parte de la órbita del Poder Ejecutivo y realiza actividades de interés público, por lo que no puede negarse a brindar información. “YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información”, reafirmaron los integrantes del supremo tribunal. La única que mostró disidencia en este punto fue la jueza Helena Highton. La petrolera ofreció una primera versión del contrato, en la que no se incorporaron datos sensibles por temas de confidencialidad. Pero ahora se le pide que haga una publicación completa del convenio.

Distintos especialistas en temas de compras públicas aseguraron que la petrolera, debido al estado de avance de los reclamos, deberá finalmente ceder la información. “YPF tiene que cumplir con el fallo. Es tarde para analizar si existen cuestiones comerciales o técnicas que resguardar en el documento porque se trata de una causa resuelta”, dijo Natalia Volosyn. La especialista, en tanto, explicó que la intervención de la Oficina Anticorrupción sobre este episodio es incorrecta, puesto que ese organismo no tiene competencias para legislar en este caso. “La Corte estudió si le correspondía a la petrolera estar alcanzada por normas en materia de régimen de información pública, en un análisis en que rechazó la posibilidad de que YPF tenga capacidad de obtener algunas de las excepciones que pueden establecerse.”

Volosyn, en tanto, aseguró que el reclamo de Chevron también termina siendo irrelevante, porque la Corte se proclamó sobre una norma que alcanza a YPF como empresa con mayoría accionaria estatal. “Chevron sabía con quién estaba firmando el contrato y debe atenerse a las leyes que lo regulan. Estas normas de control incluyen el acceso a la información y no se pueden pasar por alto”, resaltó.