La AFIP denunció ayer penalmente a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, por insolvencia fiscal fraudulenta. “El presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”, dice el comunicado del organismo recaudador. El presidente Mauricio Macri había asegurado el domingo que se está “buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para que se paguen los 8000 millones” que adeuda el Grupo Indalo. El empresario Fabián De Souza, una de las cabezas de la firma, respondió ayer que “desde el punto de vista del estado de situación impositiva, al día de la fecha, la deuda está totalmente regularizada. Pagamos la cuota de los planes de regularización en tiempo y forma”.

El diario oficialista La Nación reveló el domingo que el grupo empresario conducido por Cristóbal López y De Souza, quienes la semana pasada anunciaron su separación, acumula con la AFIP una deuda de 8000 millones de pesos. La mayoría del dinero supuestamente correspondería al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que la petrolera Oil Combustibles retuvo a los consumidores en el momento que pagaban la nafta pero no habría girado a la AFIP durante los últimos cuatro años.

En el gobierno afirman que López y De Souza utilizaron ese dinero para fondear a otras firmas del grupo, en especial Inversora M&S SA, a través de la cual compraron medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal. A su vez, desde AFIP dejaron trascender un supuesto temor de que la deuda se vuelva impagable para el grupo en los próximos meses por supuestas dificultades financieras del grupo. Por ese motivo, presentaron la denuncia penal y buscan trabar embargos.

En Indalo le restan relevancia al tema. Ayer el diario Ambito Financiero, propiedad del Grupo, publicó una entrevista a De Souza en la que el empresario aseguró que la deuda “está totalmente regularizada”. “Lo que hemos hecho no es diferente a lo que hacen muchos empresarios argentinos: estructuramos financiamiento para enfrentar situaciones difíciles como pudo haber sido en el mundo de la refinación de petróleo y gas en la Argentina lo ocurrido con la devaluación de enero de 2014 (...) Las diferentes situaciones que fueron generando el pasaje de flujo en la compañía a veces son financiadas con distintas estructuras de financiamiento. Una de ellas pueden ser los bancos, los instrumentos negociables y también la estructura de financiamiento en detrimento del pago de impuestos, fundamentalmente por las limitaciones que hay a veces en el sistema financiero”.

–¿Usted dice entonces que dejar de pagar impuestos para financiarse no es ilegal? –le preguntaron a De Souza.

–Es absolutamente legal. Lo que hemos hecho es tomar en los momentos que correspondían los planes de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos para obtener recursos financieros por quebrantos de la compañía o para alguna decisión de inversión que correspondiera a generar mayor valor en el Grupo.

La concesión de planes de facilidades a las empresas es algo habitual por parte de la AFIP. Incluso Página/12 pudo confirmar que el Grupo Indalo adhirió a un plan de facilidades que lanzó la AFIP ya durante la flamante gestión de Alberto Abad. Con respecto a los beneficios que el conglomerado consiguió durante el kircherismo, desde el gobierno de Macri resaltan que fueron planes de pago basados en el artículo 32 de la ley 11.683 que dependen exclusivamente de la discrecional del titular de la AFIP, que en ese momento era Ricardo Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, Echegaray sostiene que ese hecho ya fue objeto de investigación en 2013 y que la Justicia sobreseyó al funcionario.