El Grupo Indalo cuestionó ayer la denuncia penal que realizó la AFIP contra el conglomerado por presunta insolvencia fiscal fraudulenta. La firma, conducida por Cristóbal López y Fabián De Souza, que ahora están llevando adelante una división de bienes, dejó trascender que ese tipo de insolvencia, contemplada en el artículo 10 de la ley Penal Tributaria, es una acción para disminuir por medio del fraude el patrimonio para no cumplir con las obligaciones tributarias y previsionales, caracterización que no se ajusta a la situación del grupo. “Nada más alejado de nuestra realidad, la compañía hoy tiene muchos más activos corrientes que el pasivo impositivo corriente. Tenemos toda nuestra deuda regularizada. Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que se nos acusa”, remarcaron. Desde el Grupo remarcan además que la denuncia forma parte de una estrategia oficial destinada a silenciar a los medios de comunicación críticos del gobierno.

A través de un comunicado, la AFIP anunció el lunes la presentación de una denuncia penal contra Indalo por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta. Según el organismo recaudador, “la denuncia surge a partir del análisis de los planes otorgados bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional 11.683, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales, posibilidad que fue derogada por la actual administración”. Para los voceros de Indalo, “esto no hace otra cosa que admitir la validez legal del procedimiento, que fue realizado bajo las normativas vigentes, sin violar ninguna ley”. El Grupo Indalo no solo destaca que el plan de pago al que se suscribió era legal sino que ese tipo de facilidades se le otorgaron a miles de empresas en los últimos años. De hecho, la propia AFIP dejó trascender a comienzos de febrero que entre 2010 y 2015 el ex titular del organismo Ricardo Echegaray otorgó 1530 planes de pago “a medida” por un total de 29.800 millones de pesos. Hubo planes de este tipo para empresas de la construcción, laboratorios, transporte de pasajeros, medios de comunicación y hasta clubes de fútbol. Una de las firmas beneficiadas fue Iecsa del grupo ODS S.A. que pertenece a Angelo Calcaterra primo del presidente Mauricio Macri. En la página 69 de su balance de 2013 se aclara al pie que “incluye deudas fiscales por las cuales la Sociedad con fecha 12 de julio de 2013, junto a ODS S.A., Creaurban S.A. y Cincovial S.A. presentó ante AFIP una solicitud de plan especial contemplando los lineamientos del artículo 32 de la ley 11.683 y sus modificaciones. La deuda correspondiente a la Sociedad y a Cincovial S.A. fue consolidada a través de dichos planes con fecha 8 de marzo de 2014, mientras que los planes correspondientes a Creaurban S.A. y ODS S.A. se consolidaron con fecha 10 de marzo de 2014”.

Al momento de explicar las razones por las cuales se los denuncia, desde el Grupo Indalo sostienen que “el gobierno y ciertos grupos mediáticos han montado un show basado en la persecución de López y De Souza con el claro objetivo de cercenar las libertades de prensa y de empresa, ya que no toleran la existencia de medios que tengan una mirada crítica de la realidad actual que vive nuestro país. Nuestra prioridad será la defensa de estos derechos y la de las fuentes de trabajo de más de 30.000 empleados del Grupo Indalo”.