“Igual que pasó en la década de los 70 con los petrodólares, existe en el mundo desarrollado un fuerte excedente de liquidez que no condice con una economía en estado vegetativo; eso explica por sí solo por qué fue importante la oferta de divisas en la licitación de bonos que realizara en los mercados de Estados Unidos y en Londres el gobierno de (Mauricio) Macri, máxime cuando las tasas de corte superan en 12 veces las de la Reserva Federal (Estados Unidos) y en 8 la tasa Libor (Londres)”, explicó el economista Horacio Rovelli, de EPA (Economía Política para la Argentina), los resultados de la colocación de deuda del 18 y 19 de abril, que el gobierno nacional presentó como un éxito y una demostración de “confianza” en el país. “Igual que (José Alfredo) Martínez de Hoz, van a utilizar la deuda para hipotecar al país, sujetarlo al monitoreo del FMI y el capital internacional”, apuntó, en referencia a las consecuencias económicas y políticas de esta operación, comparada con la ejecutada entre 1976 y 1980 por el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

Para las autoridades del gobierno, tanto desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas como en palabras del Presidente, esta cancelación con los fondos buitre significa cerrar una etapa nefasta y abre una perspectiva económica muy auspiciosa, y así lo celebró. Rovelli, sin embargo, advirtió que “Argentina dejará abierta la posibilidad a los otros fondos que aún no han pactado, para que puedan ingresar a futuro a la propuesta de pago realizada, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la Justicia estadounidense o donde se dirima, en relación al universo del uno por ciento de inversores en default del 2001, que podrían seguir litigando. Ello sin contar el riesgo cierto de los fondos que sí entraron al canje de deuda (2005 y 2010), que litiguen ante el trato dispar, ya que ellos cobran con una quita del 65 por ciento del capital y a plazo, y los beneficiados por Macri, al contado efectivo y la suma que ellos quieren.”

Rovelli, de EPA, hizo un comentario adicional para señalar lo inequitativo que resultará esta política de endeudamiento. “Para asegurar la colocación de los nuevos títulos de deuda, el gobierno se supera a sí mismo y permite que los argentinos que quieran comprar más de dos millones de dólares en una sola operación puedan hacerlo, aunque solamente si destinan esas divisas a la compra de títulos públicos, con lo cual cierra el circuito. Para los argentinos de a pie: inflación, tarifazos, altas y leoninas tasas de interés en créditos inaccesibles, paritarias inciertas, flexibilización laboral y el fantasma de la desocupación y la marginalidad. Para los bancos y sus principales clientes, la posibilidad de superar la compra de dos millones de dólares por operación para hacer un gran negocio financiero”.

El economista de EPA, con amplia experiencia en cuentas nacionales y presupuesto, explicó además que se le va a pagar “generosamente a los fondos buitre una parte del nuevo endeudamiento, 12.500 millones de dólares, y los 4000 millones restantes lo convertirán en pesos, al tipo de cambio oficial, para que el Estado con esa plata pague deuda interna, su déficit provocado por la eliminación y reducción de las retenciones a la exportación, que es un sesenta por ciento de esa suma en un año”. Esa transferencia, que en consecuencia irá a las arcas de los sectores exportadores más concentrados, “serán fugados al exterior en el giro de utilidades de las empresas extranjeras que operan en nuestro país y que son las más grandes, las que más ganan y más facturan, y a través de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones”.

A su vez, Alejandro Otero, economista y dirigente del Frente Grande, al referirse a la oferta por más de 60 mil millones de dólares recibida por Argentina, para una demanda de dinero de 15 mil millones (inicialmente), señaló que “es como si convocaras a una fiesta y la cola para entrar da tres vueltas a la manzana; la fiesta es un éxito, pero hay que preguntarse qué ofreciste para semejante convocatoria, y la explicación, en este caso, es la tasa de interés del 7,2 por ciento, que es una tasa espectacular para una situación de exceso de liquidez en el mercado, cuando no hay quien quiera tomarla, porque la economía mundial está planchada”. Otero recordó que, “en el medio, además, aparecen los grandes bancos colocadores, el HSBC, JP Morgan, Citi, Santander y otros, embolsando importantes comisiones por obrar de intermediarios. Para estos bancos, y para los fondos buitre que cobran, esta aparición de Argentina en el mercado es una buena nueva, mientras que para otros, los sectores más vulnerables internamente, las noticias no son tan buenas, con medidas tardías e insuficientes, como la devolución del IVA y el refuerzo a las asignaciones a desempleados”.

Otero, especialista en temas fiscales (acaba de publicar, junto a Alfredo Iñíguez, el libro Elementos para una reforma tributaria en la Argentina), subrayó que, de los 16.500 millones de dólares que se captó con la emisión de deuda, “hay 12.500 millones que nunca van a entrar al país, porque se acreditan directamente a favor de los buitres”. El resto se destinaría a cubrir déficit y a un plan de inversiones en obra pública. “No se explicó en qué proporción ni a qué obras, pero se da a entender que no va a haber más ajustes por este año, ni reducciones de gasto público ni eliminación de subsidios. Y que con la obra pública quizás sea posible reactivar la economía, para salir del estado de estancamiento con inflación en el que existe el riesgo de estar entrando, que es el escenario más temido de cualquier gobierno”.

Al ser consultado sobre si esta inyección de dinero le daría al gobierno la chance de frenar el proceso inflacionario, y tener en el segundo semestre del año un horizonte de mayor estabilidad como asegura el ministro Alfonso Prat-Gay, Otero advirtió que “la política antiinflacionaria del gobierno no es el endeudamiento, sino la recesión”. Explicó que el brutal aumento de precios de los artículos de consumo, los tarifazos, la devaluación y el impacto de los despidos y suspensiones sobre el ingreso de los trabajadores, “va a tener por consecuencia una caída del consumo, y de esta forma el gobierno espera ponerle un freno a la inflación. Pero a un alto costo social, que quizás sea un problema más grave que la propia inflación”.