El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para combatir la informalidad y promover la contratación de trabajadores jóvenes a través de la reducción de los costos laborales. La iniciativa anunciada ayer por Mauricio Macri propone una reducción decreciente de las contribuciones patronales durante tres años y el pago de subsidios para las empresas que incorporen personal. Los beneficios fiscales del primer empleo se mantendrán aunque el plazo transcurra en dos o más compañías diferentes. Para las firmas radicadas en el norte del país el acceso a los beneficios fiscales no reconocerá límite de edad y los incentivos económicos serán mayores. El lanzamiento del Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal busca amortiguar las crecientes tensiones en el mercado de trabajo asociadas a las políticas económicas del Poder Ejecutivo. Asimismo, pretende contrarrestar la propuesta legislativa impulsada por todo el arco opositor para preservar los niveles de empleo. Hasta fines de 2017 ese proyecto prohíbe los despidos sin causa, crea procedimientos administrativos para concretar desvinculaciones y garantiza el pago de una doble indemnización cuando los trabajadores acepten la terminación del vínculo laboral.

Las principales problemáticas que exhibe el mercado de trabajo argentino se exacerban entre los jóvenes: el desempleo asciende al 19,1 por ciento, tres veces más que el nivel general, y la precariedad laboral afecta al 59 por ciento de los jóvenes, casi el doble del promedio nacional. A lo largo de los últimos años se implementaron distintas medidas para enfrentar esos problemas, como el plan Progresar. En sintonía con una propuesta realizada durante la campaña, el presidente Macri enviará en los próximos días su proyecto para promover la incorporación y formalización de trabajadores jóvenes. Los resultados, prometió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, llegarán a partir del segundo semestre.

Los beneficios fiscales no son una herramienta inválida en una política integral de combate al trabajo no registrado. La estrategia desplegada por el kirchnerismo en 2014 para hacer frente al núcleo duro de la informalidad contempló, para algunos casos, la reducción de las contribuciones patronales. Sin embargo, esa medida es insuficiente para estimular la demanda de empleo formal. La experiencia internacional evidencia que esas políticas deben ser acompañadas por acciones de control que desincentiven la contratación de trabajo no registrado. Sin ese tipo de instrumentos es imposible penetrar sobre el núcleo duro de la precariedad laboral. Pero, fundamentalmente, el éxito de esas políticas está directamente asociado a un desempeño virtuoso de la actividad económica que promueva la creación de empleo de calidad.

El proyecto

La iniciativa anunciada ayer propone una reducción escalonada de las contribuciones patronales y el pago de subsidios durante 36 meses para las empresas que contraten trabajadores de entre 18 y 24 años. Las firmas accederán al beneficio a lo largo de tres años cuando contraten individuos que inician su primer empleo. Los jóvenes que hayan trabajado en relación de dependencia pero registren menos de 36 aportes a la seguridad social, sean continuos o discontinuos, también serán “elegibles”. En esos casos, las menores cargas se extenderán hasta completar el período contemplado en la ley. Asimismo, la magnitud de la reducción en las contribuciones patronales y los incentivos se achicarán, hasta llegar a cero, a medida que pasen los meses. Para evitar que las empresas reemplacen trabajadores adultos y mayores por jóvenes, los beneficios solo estarán disponibles cuando las firmas incrementen sus plantillas de personal.

A lo largo de la historia argentina las reducciones de las contribuciones patronales no sólo no promovieron el crecimiento del empleo registrado sino que desfinanciaron los sistemas de la seguridad social en un contexto de crecimiento de la informalidad. La propuesta electoral de Cambiemos extendía la exención a los aportes personales profundizando esos riesgos. Si bien todavía no se conoce el mecanismo previsto, desde el Gobierno sostienen que “los trabajadores tendrán garantizadas las contribuciones patronales durante todo el período en el que estén amparados en este régimen y realizarán sus aportes personales al igual que cualquier trabajador”.

En la actualidad, los beneficios más generosos y permanentes (reducción del 50 por ciento en las contribuciones) están dirigidos a las microempresas, donde existen elevados niveles de evasión previsional. Seis de cada diez trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos. El esquema previsto para las firmas de mayor tamaño alcanza aquellas unidades productivas con menos de 80 trabajadores. En ese caso, los incentivos duran solo dos años y la rebaja es menor. Las reducciones de las contribuciones patronales del proyecto de ley macrista son universales –es lo mismo una fábrica multinacional de galletitas que un taller en Villa Crespo–, pero la magnitud del beneficio diferencia entre dos grupos de empresas. Cuando la firma tenga hasta 200 empleados estará exenta del 100 por ciento de las contribuciones patronales durante los primeros 12 meses y a partir de entonces se reduce: será 60 por ciento entre los meses 13 y 24 meses para bajar al 40 por ciento desde el mes 25 hasta el 36. Para las empresas de más de 200 empleados las exenciones serán del 80 por ciento los primeros 12 meses, del 40 por ciento de 13 a los 24 meses y del 20 por ciento hasta los 36 meses.