El Gobierno acaba de enviar al parlamento un proyecto de ley para devolver una parte del IVA que pagan los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran la mínima. Este proyecto apuntaría a corregir los efectos de uno de los impuestos más injustos y regresivos que existe. La propuesta es superadora de aquella que consistía en eliminar el impuesto para los productos de la Canasta Básica, puesto que está comprobado que tal eliminación no se refleja en una reducción del precio, sino en un incremento de la ganancia por parte de las empresas productoras y comercializadoras. Sin embargo, en toda medida económica debe contemplarse los impactos directos y, sobre todo, los indirectos, que no siempre son obvios. Al contrario de lo que se cree, la devolución del IVA no resultará en una mejora sustantiva de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población y tendrá como resultado una mayor concentración del comercio y una destrucción de puestos de trabajo en los circuitos de comercialización informal.

Lo primero que hay que señalar es que no se puede devolver el IVA que nunca se cobró. Muchos de los productos que componen la Canasta Básica están exentos o pagan una alícuota reducida. Actualmente en nuestro país la atención médica y los gastos en salud, el trasporte público, los libros, la educación, la leche y el agua no pagan IVA. Por otro lado, los productos de panadería, las harinas, el arroz, los cereales, la carne vacuna, las frutas, las verduras y tubérculos, las legumbres son todos productos que pagan una alícuota reducida del 10,5 por ciento. Para que quede claro, y solo a título de ejemplo, si una familia gasta la totalidad de la Asignación Universal por Hijo en comprar leche, la devolución del IVA será igual a cero.

Por otro lado, según la última encuesta nacional de gasto de los hogares de 2013, el 90 por ciento del gasto de los hogares de menores ingresos se realiza en circuitos comerciales de carácter informal que no tributan IVA ni otros impuestos, no porque sus propietarios tengan sociedades offshore, sino fundamentalmente por la baja productividad y rentabilidad de estas actividades, que las obliga a permanecer en la informalidad. Los almacenes de barrio, las carnicerías, las verdulerías, las ferias populares y muchos otros tipos de comercios no solo tienen una alta tasa de informalidad, sino que además tienen una baja presencia de posnets. En criollo, en el almacén de Manolito no se puede pagar con débito, pero si se puede “sacar fiado”, cuestión que muchas veces hace la diferencia para los sectores de ingresos bajos. Pero, además, estos circuitos de comercialización brindan empleos, aunque de baja calidad, a miles de argentinos. La solución para generar más y mejor empleo no es tomar medidas que concentren el comercio en manos de las grandes cadenas de supermercados y destruyan los circuitos de comercialización informales.

Esas características de los circuitos de comercialización se suman a un factor cultural que difícilmente pueda modificarse en el mediano plazo, que es la baja utilización de la tarjeta de débito por parte de los beneficiarios de la AUH y de los jubilados. De hecho, más del 90 por ciento del dinero que cobran estos dos sectores se extraen o bien por cajero automático o bien por ventanilla. Todas estas consideraciones, junto con la fallida experiencia en la implementación de esta medida en el año 2004, fueron las que llevaron al gobierno anterior a descartar la política de “devolución del IVA” como una forma de mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables. Cambiar la realidad de los circuitos de comercialización informales y los usos y costumbres de los sectores de ingresos bajos es un proceso largo y que requiere de un contexto económico de crecimiento, reducción del desempleo y mayor inclusión social. Todo lo contrario de lo que ocurre en nuestro país a partir del 10 de diciembre de 2015.

Por las razones antes detalladas, la recaudación del IVA en Argentina muestra un sesgo pro-rico, al contrario de lo que indicaría el sentido común. Las exenciones y las alícuotas reducidas, la informalidad de los circuitos de comercialización y la costumbre de usar efectivo por parte de los sectores más vulnerables de la población explican este fenómeno. Si dividimos a la población argentina en 10 deciles según nivel de ingreso, donde el decil 1 corresponde al 10 por ciento de la población de menor ingreso y el decil 10 al 10 por ciento de mayor ingreso, se observa que casi el 60 por ciento de la recaudación por IVA proviene de los deciles 8, 9 y 10, es decir, de los más ricos.

Lamentablemente, con esta medida el gobierno actual apuesta nuevamente a la tan trillada y fallida “teoría del derrame”. En el caso de la devolución del IVA, si la medida fuera exitosa, implicaría que los sectores de ingresos bajos dejen de gastar en el almacén de la esquina, en la feria popular del barrio o en la casa de familia que a través de la ventana del comedor vende productos de limpieza fraccionados, y transfiera esos ingresos a las grandes cadenas de comercialización, aumentando la concentración comercial e incrementando sus ganancias. El “derrame” se produciría cuando los puestos de trabajo informales que se pierden con el cierre de los almacenes fueran reemplazados por empleos que generarían las grandes cadenas de supermercados. Parece poco probable que esto vaya a ocurrir.

Los pagos de 400 pesos otorgados en diciembre y los 500 que se darán en mayo a los beneficiarios de la AUH y a los jubilados que cobran la mínima son, obviamente, medidas para celebrar. Pero el problema fundamental con el actual gobierno es que lo que reparte con la mano izquierda, lo arrebata con la derecha. Y claramente estamos ante un gobierno cuya mano hábil es la diestra. Tomando en cuenta estas sumas fijas y el ajuste automático por ley del 15 por ciento, el ingreso promedio de este grupo de la población se habrá incrementando en los primeros 6 meses el nuevo gobierno un 26 por ciento. Tomando en cuenta la inflación acumulada a marzo y los impactos que tendrán los incrementos tarifarios, los precios habrán aumentado en esos mismos 6 meses un 28 por ciento. El resultado será, en el mejor de los casos, una caída en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población.

Si el Gobierno quiere mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables no tiene más que tomar la decisión y aumentar permanentemente las jubilaciones y la AUH. Tal transferencia de ingresos no necesita ser “financiada” por una devolución del IVA. En las sociedades modernas, el principal objetivo de los impuestos es influir en la distribución del ingreso. Si el Macrismo decidió eliminarle los impuestos al campo, a la minería y a las economías regionales ¿por qué decide “devolverle” el IVA a los sectores más vulnerables? Lo que parece estar implícito es que es necesario cerciorarse que los pobres gasten su dinero en productos de la Canasta Básica. Lamentablemente es evidente que dentro del actual gobierno sigue fuerte aquella “tesis” que argumentaba que el dinero de la Asignación “se va por la canaleta del juego y la droga”.

* Ex secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo.