El flamante titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, adelantó que recomendará una nueva reforma al Código Penal relacionada con el delito de blanqueo de activos o lavado de dinero. En diálogo con Página/12, el fiscal general sostuvo que algunos de los cambios introducidos en 2013 en el Código para reforzar la lucha contra el lavado de activos cuenta con generalidades que hacen poco funcional a la ley. En particular, apuntó a un inciso que deja abierta la interpretación y la pena por delito de lavado simple -de seis meses a tres años de prisión- sin importar el monto eludido al Fisco. Si el delito supera los 300 mil pesos se trataría de evasión agravada. “Esto genera un poder estigmatizante que debería estar reservado a casos graves y no a bagatelas”, sostuvo.

Pérez Barberá es un abogado oriundo de Córdoba, que se desempeña en la actualidad como fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. Durante nueve años fue juez de cámara de apelaciones en lo penal en el Poder Judicial de Córdoba y director de la Policía Judicial de esa provincia. La procuradora general Alejandra Gils Carbó lo nombró ahora como titular de la Procelac, en reemplazo del fiscal general Carlos Gonella. El fiscal designado buscará darle un cambio de cara a la Procuraduría y establecer nuevos lazos con el Poder Judicial. “La intención es enfocarse en el lavado de dinero proveniente de actividades de narcotráfico o la trata de personas”, señala. Promete continuar con las investigaciones de delitos financieros menos graves, pero insiste en que se necesita establecer prioridades.

–¿Cómo evalúa el marco legal que dejó la reforma de la Ley Antiterrorista en el Código Penal?

–En materia de lavado de dinero, como opinión personal, considero que la nueva legislación tiene un defecto que incorpora el inciso “D” del artículo 303 del Código Penal. Este apartado implica que cualquiera sea la cantidad de dinero eludida se podría considerar producto del lavado. En el mundo, el tema del monto es muy delicado porque el lavado es de una ilicitud grave y sólo debería existir con un monto elevado.

–¿Cómo se puede corregir?

–Una manera es con un catálogo cerrado de delitos precedentes graves, como sucede en muchos países europeos, donde no importa la cantidad de dinero sino cómo encuadra respecto a su tipología. Otra es hacerlo como se hacía anteriormente en el país con una actualización de los montos. Podría ser un piso de 400.000 pesos. En Argentina se derogó ese mecanismo de montos mínimos. Como está ahora redactado, cualquier monto podría considerarse lavado y si se supera los 300.000 pesos se trataría de lavado agravado. Esto es importante corregirlo por el poder estigmatizante de ese articulado, el cual debería estar reservado a casos graves y no a bagatelas.

–¿En la práctica se toma en cuenta el monto?

–Habría que tener mecanismos para estandarizar y ver lo que parece grave para iniciar la investigación. Es una propuesta de reforma legislativa y vamos a estudiar si la hacemos junto con el Ministerio de Justicia. Podría ser un tema de discusión para hacer una ley antilavado mejor. En casos de montos bajos podría encuadrarse en un delito de encubrimiento.

–¿Es la única modificación que impulsará?

–No, pero es la más importante. La ley incorporó también buenas modificaciones, como el delito de autolavado.

–¿Cómo fue su designación en la Procelac?

–Ejerzo hace un año como Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, cargo que continuaré ejerciendo mientras esté al frente de la Procelac. Aclaro que no cobraré remuneración extra por esta doble tarea. En ese sentido, entiendo que por mi especialización en el área, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó, me incorporó al equipo.

–¿Qué encontró hasta el momento en la Procelac?

–Lo primero es que tenemos un equipo realmente calificado. En esta semana nos dedicamos a conocernos y hasta el momento el resultado es más que satisfactorio. Nuestro objetivo es realzar el rol técnico de nuestros colaboradores e incentivar la asistencia a las fiscalías sin perjuicio de llevar adelante la tarea cotidiana de elevar las denuncias que son requeridas por ley.

–¿El reacomodamiento implicará despidos?

–No. Sin perjuicio de mínimos retoques de organización, no está previsto un ajuste de personal.

–¿Tampoco ampliarlo?

–No por el momento. Porque eso implicaría un mayor financiamiento presupuestario, que no tenemos.

–¿En qué estado están los casos en los que venía trabajando el equipo de su antecesor?

–Nos estamos interiorizando. Hay muchos casos en trámite. De todos modos, cabe resaltar que los responsables de los casos son los fiscales y la Procelac tiene que trabajar para los fiscales. Por eso es necesario generar lazos de confianza para que esos pedidos de asistencia se produzcan. También habrá que marcar prioridades. Nos concentraremos en el dinero proveniente de narcotráfico y trata de personas, no sólo por la gravedad del delito sino también porque es una política común entre el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia. La idea es trabajar en conjunto.

–La Procelac tuvo varios cortocircuitos con jueces y fiscales. ¿Cómo piensa revertir esa situación?

–En un ámbito como la investigación criminal la confianza se construye con el trabajo diario. Un hecho vale más que mil palabras. Nos gustaría pedirles a todos los organismos que nos den el tiempo pertinente para mostrar que ese objetivo va a ser realidad.

–¿Ya se reunió con otros organismos oficiales?

–Todavía no. El lunes (por hoy) nos vamos a reunir con las autoridades de la Unidad de Información Financiera y durante la semana con el ministro de Justicia Germán Garavano, para ponernos a disposición. También esperamos reunirnos con la Comisión Nacional de Valores, la Anses, la AFIP y el Banco Central.