Al mismo tiempo que negoció un compromiso con el sector privado para evitar despidos durante noventa días, como forma de neutralizar la ley de emergencia ocupacional que anoche debatía el Congreso, el gobierno nacional homologó la semana pasada un acuerdo entre el Registro Nacional Trabajadores Agrarios y el gremio UPCN que permite echar entre 600 y 800 trabajadores del organismo. En los últimos días comenzaron a enviar los primeros telegramas. Los afectados son todos los empleados contratados entre el 23 de enero de 2012 y el 21 de marzo de 2016, periodo en el cual el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, perdió el control del registro. De este modo, el gobierno nacional continúa despidiendo gente.

El acta acuerdo entre el Renatea y UPCN se firmó el 22 de abril y la subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo lo homologó el jueves de la semana pasada. Ese texto deja sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo y considera “extinguida” la relación laboral de los empleados contratados a partir de enero de 2012. El acta establece una indemnización, la cual no podrá ser inferior a los seis meses de sueldo. Además, se aclara que a pedido del gremio se resolvió aplicar a las indemnizaciones “un porcentual del veinte por ciento con carácter indemnizatorio adicional”. “Es un mamarracho jurídico porque no se puede convalidar la baja de un convenio colectivo si no se les ofrece a los trabajadores una situación superadora”, señaló a Página/12 Ana Córdoba, empleada del Renatea en la Provincia de La Rioja.

La justificación para avanzar es el fallo de la Corte Suprema que en noviembre del año pasado admitió un cuestionamiento a la ley 26.727 que le quitó a la Uatre y a las entidades patronales del agro el manejo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y creó en su reemplazo el Renatea, organismo estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural. El máximo tribunal resolvió, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, devolverle el manejo del registro a Venegas que ahora aprovechó ese guiño judicial y acordó con UPCN considerar “extinguida” la relación laboral de entre 600 y 800 trabajadores.

En las cartas documento que empezó a enviar el Renatea se le comunica a cada empleado que “la relación de trabajo que lo uniera con este organismo queda sin efecto prescindiendo de vuestros servicios”. A continuación se lo emplaza a concurrir al organismo “al efecto de proceder a la celebración del Acuerdo Individual de Desvinculación y poder hacer efectiva la indemnización convenida con UPCN (…) bajo el apercibimiento de que frente a su silencio o incomparecencia se considerará sin aplicación a vuestro caso el acta acuerdo”. De este modo, se busca disfrazar los despidos con acuerdos voluntarios bajo amenaza de que si no aceptan no obtendrán la indemnización en un contexto económico muy difícil y ya sin empleo. La cartas están firmadas por Ernesto Ramón Ayala, Subdirector General a cargo de la dirección general del Renatea y hombre de extrema confianza de Venegas.

El convenio colectivo anulado de manera inédita con la anuencia del secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, establece que los trabajadores son parte de la planta permanente. Por lo tanto, si un área se disuelve el Estado tiene la obligación de reubicarlos, lo cual no está ocurriendo. En este escenario, los trabajadores están en condiciones de demandar al Estado y probablemente obtengan un fallo a su favor en la Justicia, pero si firman ese “Acuerdo Individual de Desvinculación” terminarían convalidando de alguna manera la irregularidad que se está cometiendo y reduciendo también las posibilidades de éxito en un eventual litigio.

La poda que se está realizando en el Renatea es tan brutal que en el mismo convenio se aclara que el organismo “se reserva el derecho de postergar la desvinculación del personal que, por razones de necesidad o gestión, desempeñare laborales en cualquier ámbito de sus dependencias con el objeto de no interrumpir la prestación de los servicios de seguridad social que brinda el organismo”. En otras palabras, son tantos los que quedaron en condiciones de ser despedidos que el normal funcionamiento del Renatea correría peligro si se los echa a todos juntos.

La decisión de dejar en la calle a los trabajadores forma parte del plan de desmantelamiento que comenzó hace unos meses cuando se decidió frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral. Además, se dejó de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil y se disolvió el área dedicada a las investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural.

Entre 2013 y 2015, el Renatea realizó denuncias penales que involucraron a más de 1000 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. El dato más impactante que da cuenta de lo que hizo el Renatea y no hacía Venegas es que del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP y a fines del año pasado esa cifra había trepado al 84 por ciento.