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Ningún inversor presuntamente “sofisticado”, como los que integran las sociedades operadoras de empresas privatizadas, podía desconocer el alto riesgo de apostar a una economía “tan inestable como la argentina”. Y por consiguiente, el peligro de que su negocio se viera alterado por una devaluación. Esta es una de las ideas eje con que la Procuración General del Tesoro descalificará las demandas que presentaron los accionistas extranjeros ante el Centro Internacional de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en las que reclaman al Estado argentino millonarias indemnizaciones por los presuntos perjuicios que le ocasionó la revaluación del dólar, seguida de la pesificación y congelamiento de sus tarifas. El andamiaje argumental de los defensores públicos está expuesto en la extensa respuesta a la demandante norteamericana CMS, dueña del 25 por ciento de Transportadora de Gas del Norte. La presentación oficial, a la que accedió este diario, justifica aquellas cuestionadas decisiones oficiales en el grave “estado de necesidad” que sufrió la Argentina hacia fines del 2002 y advierte que si los precios de los servicios públicos hubieran seguido el tipo de cambio, la pobreza hubiese trepado del 54,2 al 64 por ciento, con el consiguiente derrape del consumo e impacto en la recaudación de las propias prestadoras.
CMS, socia de Techint en TGN, es una de las tantas firmas que presentó un reclamo ante el Ciadi, tribunal de fallos inapelables donde Argentina acumula demandas en su contra por más de 16 mil millones de dólares por modificar unilateralmente los contratos de adjudicación. La empresa, que en 1995 compró la porción accionaria que vendió el Estado, exige un resarcimiento de 261 millones de dólares más intereses, gastos y costas, entre otros perjuicios, por la pérdida en el valor de sus activos y el deterioro de su perfil crediticio. “Después de cuatro años de recesión... todas las compañías argentinas y sus habitantes podrían demandar al Estado argentino, por lo que esa idea no resiste el menor análisis”, relativiza el documento oficial.
El primer paso de la defensa a cargo del procurador Horacio Rosatti es negar la competencia de la jurisdicción internacional en el tema: no se discuten pautas de una inversión sino las condiciones de una licencia otorgada por el Estado a TGN, la sociedad que integra CMS en carácter de socia minoritaria. Por esta, entre otras razones, Argentina no estaría vulnerando el Tratado Recíproco de Inversiones firmado con los Estados Unidos, que otorga a las firmas norteamericanas una serie de garantías, incluida la de dirimir las controversias en un fuero externo.
Previendo que el terceto de árbitros del Ciadi insistirá con resolver la cuestión, la Procuración desarrolla también la “segunda línea defensiva”, en la que justifica las medidas adoptadas por el ex presidente justicialista Eduardo Duhalde como la mejor salida a un estado excepcional. “Las medidas adoptadas constituyeron el único modo para salvaguardar intereses esenciales de un peligro grave de disolución social y anarquía política”, subraya el texto, refiriéndose a la crisis institucional y financiera que terminó con el tipo de cambio fijo.
Rosatti confía respaldar esta idea en los juicios formulados por economistas reconocidos internacionalmente como Joseph Stiglitz o Paul Krugman o del propio subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Roger Noriega, quienes habrían juzgado a ese colapso como “dos veces y media superior” al crac estadounidense del ‘30, según recordó el funcionario en diálogo con Página/12. La magnitud de la debacle eximiría al Estado argentino de responsabilidad y, por lo tanto, de la obligación de resarcir a los afectados.
Más aún. El documento oficial niega que el Estado argentino hubiera ofrecido a las adjudicatarias de servicios públicos un reaseguro contra una eventual devaluación, peligro ya reflejado en el alto nivel de lastarifas. “Estados Unidos no ofreció ninguna compensación cuando abandonó el patrón oro”, justifica el procurador, apuntando así al corazón de la demanda de las privatizadas.
De acuerdo al razonamiento oficial, para los inversores extranjeros “la devaluación no podría ser un hecho imprevisible”, tratándose de Argentina el país receptor de su capital. Amén que, en el caso particular de CMS, esa posibilidad estuvo especialmente mencionada por TGN en el prospecto de venta de acciones a la compañía norteamericana. “En caso de una gran devaluación del peso con respecto al dólar, la situación patrimonial y los resultados de las operaciones en la sociedad podrían verse afectados negativamente”, alertaba ese papel privado.
Para los defensores argentinos tampoco tiene sustento reclamar una compensación por el mayor esfuerzo de enfrentar deudas en dólares. Si bien reconocen que durante la década pasada el crédito local era más caro que el externo, destacan como una exclusiva responsabilidad de los administradores privados la elección de tomar esos préstamos externos en moneda dura en lugar de acudir a la banca local o aportar capital propio, lo que les hubiera permitido “reducir el riesgo a la mínima expresión”. Claro que el camino del endeudamiento reportó a las empresas una ventaja adicional subrayada en el texto: cuanto mayor es su pasivo financiero, menor sus utilidades y, por consiguiente, menor el pago del Impuesto a las Ganancias.
Otro argumento medular del gobierno de Néstor Kirchner para descalificar una indemnización a los privados es que “los prestadores son los más capacitados” para asumir un riesgo, que “no pueden trasladar ni al Estado ni a los usuarios”. Así, el documento también plasma un criterio hasta ahora no expresado por escrito, de que la explotación de las privatizadas no puede ser un negocio con amparo irrestricto y garantías absolutas.
Finalmente, la Procuración descarta la posibilidad de que las tarifas sigan al dólar con ajustes cercanos al 300 por ciento, por el lapidario efecto que ello tendría para los sectores de menores ingresos. “Si se actualizaba la tarifa del gas tal como pretende CMS en este arbitraje, el índice de pobreza hubiera aumentado un 10,2 por ciento (del 54,2 por ciento al 64,6 por ciento) y el de indigencia hubiera ascendido del 26,9 por ciento al 28,4 por ciento. Las compañías nunca hubieran podido percibir tarifas dolarizadas: téngase presente el fuerte descenso del consumo –aun con tarifas pesificadas y congeladas– y el descontento social que tal dolarización hubiera causado.”
El razonamiento excede el análisis del contrato en cuestión y puede extrapolarse a cualquiera de las discusiones que la gestión kirchnerista mantiene con las empresas prestadoras de servicios públicos. Si bien el texto de la Procuración responde a una presentación en particular, los argumentos oficiales, y hasta el modo de formularlos, atienden los reclamos del común de accionistas que exigieron la intervención del Ciadi y ahora insisten en no deponer su demanda hasta firmar un nuevo contrato en términos satisfactorios.