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Al terminar el año, Néstor Kirchner obtuvo la bendición del ex presidente radical Raúl Alfonsín: “Si sigue en la vereda del pueblo, lo vamos a acompañar”, dijo durante la visita presidencial a Chascomús, los pagos de Alfonsín. Luego explicó su coincidencia con la posición del gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos. Kirchner valoró la compañía y sus palabras, porque a menudo identifica su gestión con la del primer gobierno posterior a la dictadura militar. Esto implica una rica experiencia sobre la que no está de más reflexionar. También vale la pena recordar otras veredas recorridas en la última década por el bipartidismo aborigen, con el deseo de que el nuevo gobierno no camine por ellas, dado el sombrío lugar al que, como se ha visto, conducen.
Relaciones especiales
La presencia de Alfonsín en Chascomús, en su primer encuentro con Kirchner, no era casual. Además de la ciudad en la que inició su carrera política, el escenario era un emprendimiento con el que la Unión Cívica Radical, pero también el Partido Justicialista, tiene relaciones especiales, la empresa EMEPA. Su principal accionista, Gabriel Romero, vinculado por amistad con los hijos del ex presidente, creció como contratista y concesionario de servicios públicos durante las presidencias de Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, en rubros muy diversos pero con un invariable punto en común: el cobro de subsidios y/o sobreprecios, lo cual sin duda lo habilita para formar parte del evanescente rubro de la “burguesía nacional”. En 1986, Romero adquirió los talleres de EMEPA en Chascomús, dedicados a la reparación de vagones ferroviarios. En ellos invertirá ahora 100 millones de pesos el gobierno nacional para poner en condiciones 120 vagones que correrán entre Retiro y Villa Rosa, el lugar de reclusión de Fernando de Santibañes, Enrique Nosiglia y De la Rúa. Ese es el trayecto que cubre la línea Belgrano Norte, a lo largo de medio centenar de kilómetros que cruzan Vicente López, San Isidro, Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar. Su concesionario es Ferrovías, también propiedad de Romero. En el reacondicionamiento de sus veintidós estaciones, el Programa de Emergencia de Obras y Trabajos Indispensables para el Desarrollo y Transformación del Sistema Ferroviario invertirá otros 44 millones de pesos. En 1999, como parte de una Unión Transitoria de Empresas, EMEPA obtuvo la concesión para mejorar, conservar, mantener, explotar y administrar la estación terminal ferroviaria Retiro de la ex línea Belgrano Norte, por valor de 500.000 pesos. Al mismo tiempo, el gobierno de entonces contrató obras similares en la terminal Retiro de la ex línea San Martín, con Desarrollos Comerciales SA (DECSA), propiedad del grupo Metropolitano, concesionario del San Martín, entre cuyos accionistas figura otro prócer, éste del justicialismo, Mario Montoto. Según el relevamiento efectuado en febrero del año pasado por la Jefatura de Gabinete, las líneas administradas por Romero y Montoto eran las que estaban en peor estado. Duhalde firmó un denominado decreto de “emergencia ferroviaria”, que dispuso la aplicación de fondos públicos a la realización de un plan de obras prioritarias.
Romero tiene la concesión de Ferrovías desde 1994. Los acuerdos anunciados la semana pasada deberían implicar empleo directo para 650 personas e indirecto para el doble. Flagrante contradicción, en el palco de Chascomús también asomó el rostro indeseable de José Pedraza, el cómplice principal del desmantelamiento de la red ferroviaria durante la década menemista y del encogimiento del gremio más numeroso del país a una mínima expresión. De cada diez trabajadores ferroviarios en 1991, hoy sólo quedan dos. En proporción, hay pocos aportes tan significativos a la desocupación como el de la Unión Ferroviaria. A pesar de ello, Pedraza sigue firmando convenios que reducen los derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedan. El año pasado acordó con las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA, el convenio 612/03 en el que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula del fregado y el barrido), la ampliación del período de prueba a seis meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a voluntad del empleador y la aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la intimación ministerial a mantenerlo en funcionamiento. Ni los gremios del transporte ni la OIT admiten ese criterio. Menem le concedió a Pedraza por decreto el tramo de cargas del ex Ferrocarril Belgrano, con el que recorriendo unos cinco kilómetros, empalma Ferrovías en la estación Carlos Leme. Desde allí se puede alcanzar el Parque Industrial Pilar.
También por agua
Romero también es accionista, en sociedad con capitales belgas, de Hidrovía S.A, a cargo del dragado y señalización desde el Puerto de Santa Fe hasta el mar a través de la zona de aguas profundas naturales del Río de la Plata. Además del cobro de peaje, la empresa recibe un subsidio estatal pese a que la convocatoria original, formulada en 1993, poco antes del Pacto de Olivos, no contemplaba aporte público alguno. Por cierto, la obra fue beneficiosa para el comercio exterior argentino, ya que al pasar el calado del río de 22 a 32 pies los fletes disminuyeron y ello mejoró la competitividad de los granos que salen por el sistema fluvial Paraná-Río de la Plata. Pero el contrato estuvo abierto a renegociaciones constantes, como ha sido la norma en las privatizaciones argentinas, con ventajas para la empresa, como la extensión del plazo de la contrato y el pago de compensaciones por incumplimientos estatales. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga una denuncia según la cual EMEPA no contaba con el patrimonio mínimo exigido en las bases del concurso por el dragado de la hidrovía y la obra se realiza con sobrecostos de 70 millones de dólares al año, en comparación con el similar dragado del canal Martín García, que realiza un consorcio belgaholandés. En 1997, cuando comenzaba a concebir la posibilidad de su rrreelección Menem prorrogó el contrato original hasta el año 2013, lo cual implica para el concesionario un beneficio adicional de 1.500 millones de dólares, entre peaje y subsidio.
Dolarización e indexación
La expresión en dólares no es anacrónica, al menos en este caso. Luego de la devaluación, el gobierno del senador Eduardo Duhalde no pesificó la deuda que tenía con la empresa por subsidios atrasados, como imponía la Ley de Emergencia. Además, tanto el subsidio como las tarifas de peaje que Hidrovía percibe fueron dolarizadas, con excepción de las que corresponden al tráfico de cabotaje nacional, que no llegan al 10 por ciento del total. En cambio “la casi totalidad de sus costos son erogados en moneda local y, por tanto, no se han visto mayormente afectados”, afirman los investigadores de FLACSO, Daniel Azpiazu y Martín Schorr en su libro Crónica de una sumisión anunciada. Las renegociaciones de los contratos con las empresas privatizadas bajo la Administración Duhalde. Como si todo esto fuera poco (por decirlo con una muletilla de los vendedores ambulantes en los vagones de ferrocarril reacondicionados y operados por las empresas de Romero), la Procuración del Tesoro emitió en noviembre de 2002 un sorprendente dictamen que modificó otro de marzo del mismo año. El primero había dicho que la concesionaria debía tributar el IVA sobre el subsidio que recibía del Estado. El segundo, que no. La diferencia: 50 millones de dólares según el cálculo de los investigadores de la FLACSO. “No obstante las taxativas disposiciones en materia de desdolarización/desindexación de las tarifas de los servicios públicos de la Ley de Emergencia, se verificó la presencia de algunos actores privilegiados, como los propietarios de Hidrovía, para los que la misma no rigió en ninguno de sus aspectos fundamentales (la no pesificación de las tarifas ni del subsidio estatal, la no observancia de los criterios básicos establecidos para la renegociación, la aplicación de incrementos tarifarios de significación, la readecuación de cláusulas contractuales que incidieron fuertemente sobre la ecuación económico-financiera original a favor de la concesionaria, y la modificación de importantes aspectos del contrato de concesión por fuera del ámbito de la Comisión de Renegociación”, afirman Azpiazu y Schorr. Esto provocó incluso un conflicto con el Uruguay, ya que el aumento tarifario se comunicó a su gobierno un día antes de que entrara en vigencia, sin cumplir las consultas a las que obligan las Notas Reversales que regulan el tratamiento conjunto de todo lo que tenga que ver con las aguas de uso común. Esto dio lugar a un reclamo oriental.
Se educa y se come
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Romero se inició en una nueva actividad, como proveedor de servicios gastronómicos para escuelas y hospitales. Pese a que el precio testigo indicaba que cada almuerzo costaba $1,80, luego del alejamiento de Adalberto Rodríguez Giavarini fue adjudicado a la empresa Menú, que cotizó $1,53. Pero como era de prever, al poco tiempo no pudo seguir prestando el servicio, lo cual provocó una crisis en las escuelas que atendía. El gobierno se negó a renegociar el contrato y Romero se ofreció a prestarlo. La Procuración del Tesoro de la Ciudad dictaminó que EMEPA podía continuar el contrato de Menú siempre que contratara a sus empleados. Esto implicó ignorar el artículo 48 del pliego por el cual se había licitado, según el cual debía ofrecerse la continuidad a los otros oferentes. Un funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Paco Rodríguez Villar fue a comer a una de las escuelas y se descompuso. Pero recibió directivas de no disponer la rescisión del contrato, porque eso hubiera inhibido a la empresa de presentarse a otra licitación. En 1998 se le adjudicó el servicio para 135 escuelas, más del 20 por ciento del total, pero a 2,14$ por chico. Romero tenía quienes argumentaran a su favor cerca del jefe de gobierno. En su campo Santo Tomás, trabajaba el yerno del jefe de gobierno, Juan Petracchi, y su abogado era Federico Polak, el vocero de Alfonsín. Sus contratos duraron más allá del gobierno de De la Rúa. En 2002, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad comprobó que el concesionario no cumplía con los compromisos asumidos en el pliego de la licitación, pero tampoco con la alternativa que después de la devaluación se contempló en la ley de emergencia. El perfil de Romero es parecido al de Jorge Brito, el banquero radical que hizo fortuna con el menemismo y al que Kirchner distinguió con su primera referencia pública a la “burguesía nacional”. La creación de puestos de trabajo legítimo, la reactivación de la industria mediante inversiones en obras y servicios públicos son decisiones inobjetables, que van en la línea de superación del asistencialismo que ni alcanza ni enaltece a quien lo recibe. Ello no significa que puedan pasarse por alto los antecedentes de los empresarios que participan en ese tipo de convenios. Conocer su biografía y sus nexos políticos es imprescindible para mantener el más severo control sobre el cumplimiento de sus compromisos.
La mejor elección
La reconstrucción luego de un colapso ético e institucional, la pugna con los organismos financieros internacionales y los acreedores externos y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina son puntos en común entre los gobiernos de Alfonsín y Kir-
chner. Ambos presidentes, además, suelen fustigar en sus discursos a las denominadas corporaciones y tienen una firme base de sustentación en las clases medias urbanas. Esta semana, Kirchner tomó dos decisiones de notable coherencia con su discurso. Una fue la propuesta de la jueza Carmen Argibay para integrar la Corte Suprema de Justicia. Hija de un ministro del golpe gorila de 1955, sin vínculos personales ni ideológicos con el peronismo ni con el actual gobierno, detenida sin proceso por la dictadura militar, defensora tenaz de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, Argibay llegó a jubilarse luego de una dilatada carrera judicial que culminó como jueza de un tribunal oral. Luego de ello fue escogida para integrar el selecto grupo de jueces del tribunal internacional para los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia por la dictadura serbia de Slobodan Milosevic. Es uno de los cargos de mayor jerarquía internacional que haya alcanzado nunca una persona nacida en la Argentina. Sin duda, la designación por un mismo gobierno de varios jueces del más alto tribunal no es la práctica republicana más conveniente. Pero, igual que a la salida de la dictadura militar, la necesidad de una renovación se hacía imprescindible. Respondía al anhelo mayoritario de la ciudadanía, que desea volver a creer en la justicia como control de las demasías posibles de los otros poderes, y que se expresó tanto en las movilizaciones significativas de 2002 cuanto en la votación de la Cámara de Diputados, que por pocos votos no alcanzó los 2/3 necesarios para destituir ya entonces a los miembros de la asociación entre política y negocios que se había aposentado en la Corte Suprema. Dadas estas condiciones, era de la mayor importancia que el Poder Ejecutivo ejerciera con restricción y sin partidismo su facultad de proponer a los nuevos integrantes de la Corte. También en ese sentido, es difícil imaginar mejor elección que la de Carmen Argibay. Su nombramiento disipa los temores de que Kirchner quisiera conformar su propia Corte adicta e implica una anticipada renuncia a cualquier tentación autoritaria, del tipo que algunos opositores le han atribuido. Algo similar suscita la designación al frente de la Obra Social de los Jubilados y Pensionados de Graciela Ocaña, una persona capaz, honesta y que ya ha demostrado que coloca sus convicciones bien por encima de las conveniencias partidarias.
Los viejos vicios
La misma intención de reconstruir instituciones estragadas por viejos vicios se percibe en el fulminante relevo del Secretario General del Ejército, general Jorge Tereso, quien había intercedido ante la justicia federal para que seis ex integrantes del Batallón de Inteligencia 601, detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, pasaran las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familias. También se ordenó la aplicación a Tereso de la máxima sanción disciplinaria que permiten los reglamentos, por lo cual no sería lógico que se le asignara un nuevo destino castrense, sino que él se fuera a casa con su familia. Algo menos que eso equivaldría a un respaldo por parte del jefe del Ejército, Roberto Bendini quien, según informó el jefe de gabinete Alberto Fernández no recibió ninguna consulta del Secretario General antes de la solicitud a la justicia. ¿Lo dispondrá así Bendini, o seguirá girando en descubierto sobre su cuenta personal a expensas de la generosidad personal del presidente con él? A fojas 55 del expediente 15.165/03, que el ministerio de Defensa instruyó a raíz de las expresiones que Bendini formuló en agosto del año pasado ante 21 capitanes en la Escuela Superior de Guerra, el capitán Miguel A. Vázquez menciona como aspecto positivo de la disertación del Jefe de Estado Mayor el que hubiera dicho que se proporcionaría “apoyo jurídico y personal al personal detenido por causas relativas a la Guerra contra la Subversión”, como el Ejército sigue llamando a los crímenes atroces y aberrantes cometidos entre 1976 y 1983. Según la síntesis presentada por el jefe del grupo, teniente coronel Alejandro Lamacchia, también se consideró positiva la “expresión permanente” de Bendini “acerca de un Ejército único (personal retirado y en actividad)”. Es decir, definiciones coherentes con las que inspiraron a Tereso y opuestas a lo que Kirchner dijo en la entrega de sables a los nuevos oficiales egresados este año.
Desde un punto de vista político, el Poder Ejecutivo no puede permitir que uno de sus funcionarios, como Tereso, invoque razones humanitarias para solicitar un beneficio que no se concede al resto de las personas privadas de su libertad por delitos menores, y que un juez de la servilleta menemista lo niegue. Pero hay también consideraciones menos coyunturales. Aun después de la sanción, fuentes del Ejército argüían que los coroneles detenidos no eran delincuentes (sic). Kirchner y su ministro de Defensa José Pampuro deberán seguir explicando a las Fuerzas Armadas que aquellos hombres no sólo cometieron delitos (según la semiplena prueba valorada por un juez y una Cámara de Apelaciones) sino que esos crímenes son de los más graves. El Ejército no opina que el principio de inocencia obliga a que todos los procesados sigan en libertad hasta que recaiga condena en ellos, como hizo hace poco una sala de la Cámara del Crimen, sólo pide un privilegio inadmisible para algunos de los que aún insiste en considerar suyos. Además sostenían que si el Ejército se encarga de detener al personal requerido por la justicia también debe tramitar sus solicitudes ante el juez. El razonamiento no carece de lógica, pero la conclusión debería ser la inversa: tampoco hay motivo para que la detención de los retirados la realice el Ejército y no las fuerzas de seguridad, como ocurre con los demás ciudadanos con cuentas pendientes con la justicia. Otra conclusión del episodio es que en un marco de subordinación al poder civil la propia Jefatura V carece de sentido. Creada durante la dictadura de Lanusse con el nombre de Jefatura de Política y Estrategia, se convirtió en Secretaría General en 1973, pero conservó hasta ahora su carácter original, incompatible con las competencias y atribuciones de una fuerza armada.
Las palabras y los hechos
Durante la campaña electoral de 1983, Raúl Alfonsín dijo que sólo debía pagarse la parte “legítima” de la deuda externa. Al mes de asumir la presidencia, propuso que América Latina concertara su acción internacional en un club de deudores y sumara a la negociación con los bancos a los gobiernos de los países acreedores, a los que consideraba corresponsables. Advertía que de otro modo el panorama para “las aspiraciones al desarrollo y las tendencias democráticas en el continente sería sombrío”. Sólo su diagnóstico se demostró acertado. El fantasma de una moratoria colectiva escalofriaba a los bancos acreedores, cuyos créditos latinoamericanos no previsionados podían desatar una epidemia de quiebras. Pero al primer vencimiento clave de intereses, a tres meses de asumir, en vez de anunciar la moratoria, o, como se dice hoy, el default, Alfonsín comunicó que Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela y Colombia le habían adelantado los fondos para que pagara su factura. Por supuesto, presentó el acuerdo con acentos sanmartinianos y bolivarianos. Los grandes bancos aprovecharon para pasar a pérdida en sus balances los créditos latinoamericanos y dejaron de ser vulnerables ante sus accionistas. La posibilidad de imponerles condiciones se evaporó como rocío al sol. Jaqueado por la inflación y el malestar militar ante los juicios, Alfonsín terminó pactando con los que entonces se llamaban capitanes de la industria la economía de guerra contra el salario, y con los acreedores externos el Plan Baker, de capitalización de deuda externa, precursor del plan Brady y el desguace del Estado del menemismo. A principios de 1987, además, puso en práctica su concepción de la unidad nacional, incorporando al gabinete al sindicalista del PJ Carlos Alderete, al tiempo que anunciaba un nuevo acuerdo con el Banco Mundial, de reconocimiento y reestructuración de la deuda externa. Y al promediar ese año sancionó la ley de obediencia debida, con lo cual terminó por cruzarse de vereda, operación en la cual lo pisó el tren, que sólo dejo de él un fantasma patético. La proximidad con Britos, Romero o Pedraza por un lado, el nombramiento de Argibay y la remoción de Tereso por el otro, indican que todas las opciones están abiertas todavía para Kirchner.