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Por los caños de TGN fluye el 70 por ciento del gas que exporta Argentina a Brasil y Chile, y la empresa cobra por su servicio de transporte tarifas dolarizadas. El decreto de necesidad y urgencia firmado por Eduardo Duhalde el 26 de abril del 2002 le otorgó esa prerrogativa, permitiéndole a la transportadora operada por el Grupo Techint eludir la pesificación y el congelamiento de tarifas en ese tramo decisivo de su actividad.
La pronta respuesta presidencial llegó poco más de dos meses después de que la sociedad, que también integra CMS, reclamara por nota el cobro en dólares del servicio que presta a exportadoras. Lo mismo que reclaman con distinta suerte las distribuidoras de luz y gas, cuando piden al Gobierno que las autorice a “segmentar” el precio de su servicio, cobrando más a quienes se beneficiaron con la devaluación.
Cuando se focaliza en el negocio de TGN, la Procuración prueba que la depreciación del peso también le reportó ventajas, empezando por la señalada arriba: no sólo conservó tarifas en dólares, sino que desde entonces, y “en plena emergencia”, éstas se ajustaron un 11 por ciento, siguiendo al índice de precios de los Estados Unidos.
Al igual que el resto de las empresas del sector gasífero, el contrato de concesión contempla este mecanismo de actualización tarifaria, suspendido “provisoriamente” en enero del 2000, y al que el procurador Horacio Rosatti cuestiona como “irracional”. Sólo en la etapa previa a su suspensión, durante el último semestre de 1999, el PPI norteamericano se incrementó un 4 por ciento, mientras que en ese mismo lapso los precios argentinos se deflacionaron casi un 1, según destaca la respuesta a CMS.
El trabajo oficial también formula un planteo válido para muchas otras prestadoras, que tienen parte de insumos dolarizados. “Se puede esperar una caída sustancial de los costos en dólares, ya que la devaluación sustancial del peso genera naturalmente un efecto de sustitución de importaciones”, conjetura el procurador. En definitiva, el balance de mayores ingresos por las tarifas dolarizadas y menores costos por la pesificación de algunos de ellos habría dejado a la transportadora un saldo positivo.
La idea completa el razonamiento defensivo esgrimido por el Gobierno: 1) Argentina no violó ningún tratado internacional y quiere que los accionistas privados sigan explotando los servicios; 2) vulneró contratos de privatizaciones, pero por la excepcionalidad de la emergencia económica; 3) la única garantía contractual otorgada fue a percibir una tarifa “justa y razonable”, pero no a que ésta reflejaría la evolución del tipo de cambio en cualquier condición; 4) la pesificación y congelamiento preservaron el negocio de las empresas, impidiendo el derrumbe del consumo y el caos social; 5) la devaluación también habría reportado importantes beneficios económicos.