La Matanza, que cuenta con 1,8 millones de habitantes, fue el primer partido del conurbano bonaerense en obtener un amparo a favor para frenar los incrementos de las tarifas de los servicios públicos. La intendenta Verónica Magario se había presentado ante la justicia para pedir la anulación de los aumentos de electricidad, gas y agua para todos los usuarios, residenciales, industriales y comerciales, debido al impacto en la capacidad de compra de la población y la estructura de costos de las industrias y los comercios. La resolución de la jueza Edith Rota así lo establece. Determina la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos en las facturas que aún no hayan sido emitidas por prestadoras del servicio. Las boletas deberán realizarse con el tarifario anterior a los aumentos. En caso de haberse emitido las facturas y que los usuarios hayan pagado el monto con el aumento, los importes deberán tenerse por pagados a cuenta.

“La idea de presentar el amparo surgió como iniciativa de la intendenta tras reuniones con las cámaras de comerciantes y sindicatos de La Matanza. A la caída de la demanda desde principios de año se agregaba el problema del tarifazo. Las industrias y comercios, por el menor consumo, perdieron capacidad de trasladar los aumentos de costos por la suba de las boletas a los precios finales y, por tanto, se configuraba un escenario en el que directamente iban a pérdida”, explicó Roberto Feletti, ministro de Hacienda del partido de La Matanza.

En Laferrer, en González Catán, entre otras localidades, la caída de la demanda en los últimos meses fue muy fuerte, aseguró el ex viceministro de Economía. Agregó que esto provocó una desaceleración notable en el movimiento de los comercios de la zona, con una población que redujo su poder de compra sensiblemente. Precisó además que las tensiones de actividad no fueron sólo para los comerciantes, sino que en el caso de los establecimientos fabriles también empezaron a observarse problemas importantes. “Las industrias de La Matanza son en gran parte sectores protegidos, es decir que para poder abastecer al mercado interno deben tener cierto respaldo de la competencia del resto del mundo, que puede entrar con productos al país a precios muchos más bajos. El calzado y los textiles, por caso, son dos de las ramas que más están sufriendo las propuestas de apertura comercial indiscriminada del Gobierno. Por ahora no es tan notable la entrada de importaciones de Brasil o China de estos productos, pero sí se siente fuerte que los grandes comercializadores dejaron de acumular stocks de producción local con la idea de empezar a comprar a menor precio artículos importados”, dijo.

El objetivo de la presentación del amparo fue tratar de cuidar a la población pero también al entramado productivo de los efectos de las políticas liberales del equipo económico de Mauricio Macri, según Feletti, quién reconoció que es posible que haya una respuesta legal de Cambiemos para apelar esta decisión de la justicia que frenó las subas tanto de luz como del resto de los servicos públicos.