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El Grupo Yoma logró esquivar hasta el momento la ejecución de los bienes que puso como garantía de los créditos que tomó en el Banco Nación, en plena fiesta menemista. El Poder Judicial de La Rioja, más específicamente un juzgado de Chilecito, frenó la medida que había dispuesto un juzgado de la Capital Federal. El Banco Nación presentó su demanda en Capital para esquivar las trabas que suponía que podían aparecer –y aparecieron– con algunos magistrados de la tierra del ex presidente, adonde se encuentra la curtiembre Yoma. La deuda actualizada asciende a 190 millones de pesos. El banco oficial, por otra parte, informará próximamente que sus pérdidas del año pasado ascendieron a 900 millones de pesos, que se suman a los 400 millones de 2002.
El Nación se encuentra en un proceso de depuración de su cartera. Y en esa tarea también está tratando de recuperar algo del dinero que les entregó a los Yoma durante los ‘90. Las autoridades del grupo empresario están mostrando alguna disposición a negociar, actitud que surgió luego de la orden de ejecución que recayó sobre sus bienes. Si bien lograron frenar por un tiempo esa medida, los Yoma habrían aceptado que tienen que cambiar de estrategia. De todos modos, el grupo intenta separar los créditos que tienen garantía de aquellos que consiguieron a sola firma. Aunque parezca increíble, hay préstamos que se otorgaron sin ningún aval.
La estrategia del Nación es encarar una negociación global, en la que entren todos los préstamos. El planteo es que “se arregla todo o no se arregla nada”, y siguen los juicios. Además, la entidad está trabajando de manera conjunta con los bancos Ciudad y Provincia, conformando un frente común al que se sumó la AFIP, que también tiene deudas (impositivas) por cobrarles a los Yoma. El Ministerio de Justicia está colaborando con todos ellos.
Además de reconocer pérdidas por 900 millones de pesos, el Nación tiene que pasar a pérdida otros 1500 millones por el pago de amparos. De los 250 mil amparos que concedió la Justicia, algo más de 100 mil recayeron sobre el banco más grande del país. Las asociaciones bancarias presionan al Gobierno para que les entregue una compensación por esa causa. Pero la respuesta de Roberto Lavagna es que los accionistas de los bancos tienen que asumir esa pérdida y capitalizar sus entidades. El Banco Central, de todos modos, analiza la forma de diluir el impacto contable: podría llegar a estirar de 60 a 120 meses el plazo para pasar a pérdida lo que pagaron por amparos.