La Organización Mundial del Comercio (OMC) rechazó la apelación de la Unión Europea (UE) al fallo que había dictado en favor de la Argentina por la aplicación de derechos antidumping en contra del biodiésel nacional. “Esperamos poder reanudar muy pronto las exportaciones a ese continente”, dijo ayer Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, que reúne a las empresas locales de biocombustible. La disputa surgió en 2013, cuando la UE limitó las compras de biodiesel, lo que provocó el reclamo de las empresas nacionales y del Gobierno. La Cancillería dijo que la medida europea causó pérdidas a la industria en materia de exportaciones del orden de los 160 millones de dólares anuales.

La OMC ratificó ayer su fallo del 29 de marzo pasado, cuando determinó que las trabas comerciales de la UE al biodiésel argentino eran violatorias de la normativa internacional. La disputa se remonta a abril de 2012, cuando España, que importaba la mitad de biodiesel argentino, dejó de comprar ese combustible en respuesta a la estatización de YPF por parte del Gobierno nacional. Aplicó un impuesto al ingreso de biodiésel nacional del 24,6 por ciento con el argumento de supuesta competencia desleal de la industria argentina.

En octubre de 2013, la UE confirmó los aranceles aplicados por España. En esa decisión prosperó por presión de Francia y Alemania, principales productores europeos de biodiesel, junto a España, Italia y Reino Unido, mientras que se opusieron Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia, que no tienen producción propia y por ello la suba de aranceles les representa sólo un aumento del costo del combustible.

El Gobierno anterior inició el caso en la OMC a fines de 2013. El organismo dictaminó en favor del país ya que consideró que el bloque europeo no había respetado las normas al realizar su investigación sobre el presunto dumping. La apelación de la Comisión Europea no se hizo esperar pero la OMC ratificó su decisión. Los próximos pasos estarán vinculados al modo de aplicación de alguna medida que corrija la actual situación arancelaria violatoria de la normativa internacional.