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El clima de tensión aflojó. El Fondo Monetario y el Banco Mundial coincidieron ayer en señalar que el acuerdo con la Argentina “probablemente se concrete dentro de las próximas dos semanas”. Así lo estimó el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, en declaraciones desde Australia. Y a su turno, Thomas Dawson, portavoz del FMI, adhirió a esa perspectiva. Pero condicionó. “Si todo sale bien”, dijo, sin dar precisiones. Las declaraciones parecen reflejar que el camino hacia la aprobación de las metas con el Fondo está más despejado, si bien el propio ministro Roberto Lavagna admitió que Washington tiene dudas sobre el ritmo que el Gobierno quiere darle a la renegociación con los acreedores privados. Superado el escollo de las señales de “buena fe”, ahora la pelea se fijará en el nivel de adhesión que tendrá la oferta.
“Este es el único punto que están mirando. El FMI tiene sus dudas. Queda una cuestión de carácter subjetivo. El staff del Fondo tiene que informarle a su directorio que las negociaciones con los acreedores marchan a un ritmo razonable. Y esto es subjetivo”, refirió Lavagna en declaraciones radiales.
La cuestión seguirá desarrollándose con la llegada de la nueva misión técnica del FMI, que arribará a Buenos Aires el próximo lunes. En teoría, el éxito o fracaso de su gestión debería limitarse al resultado fiscal de la Argentina. Pero lo cierto es que el tema central será la actitud del Gobierno respecto de la reestructuración de la deuda en default. El límite es el próximo 9 de marzo, cuando opera un vencimiento por 3100 millones de dólares con el Fondo Monetario.
Al respecto, el vocero del FMI consideró como “un paso adelante” la conformación del sindicato de bancos que coordinará la reestructuración. En la city suponen que otro paso para demostrar la “buena fe” sería la convocatoria a un encuentro con los acreedores privados.
Después de la cumbre Köhler-Lavagna de principios de semana quedó en claro que el Fondo y el Grupo de los Siete seguirán con lupa la estrategia del Gobierno sobre la deuda. No es casual que los países más poderosos hayan incluido en su comunicado que esperaban una alta adhesión de bonistas a la propuesta oficial.
En Washington tienen la firme sospecha de que la propuesta de Dubai va camino al fracaso. Que sólo aceptarían las AFJP, dueñas del 38 por ciento de los títulos en default, por presión del Gobierno. Pero que el resto quedaría indefinido, tal vez durante varios años. En cuanto a esto, un financista mencionó que el Plan Brady que dio salida a la crisis de la deuda de los ‘80 tardó años en concretarse.
En vista de estos supuestos, el G-7 planteó, por escrito, aquel objetivo de lograr una adhesión elevada de acreedores. Como modelo figura lo ocurrido en otros países: en Uruguay, la adhesión de la reestructuración “amistosa” trepó al 96 por ciento. En otros casos, como Rusia o Ecuador, rondó el 80 por ciento. Un piso del 70 por ciento es la hipótesis con que se manejan en los organismos. Es decir, no alcanzaría con la solitaria suscripción de las AFJP, y ni siquiera con el acompañamiento de inversores locales. Haría falta una masa crítica de acreedores del exterior, aunque sobre la mesa de negociación se pondrá que los “fondos buitre” les escapan a los acuerdos y continúan con sus reclamos en los tribunales. El dato es relevante porque se calcula que entre 15 y 20 por ciento de los bonos en default ya está en manos de esos inversores, de acuerdo con estimaciones extraoficiales.
Financistas consultados por Página/12 coincidieron en que la exigencia del FMI y del Grupo de los Siete será de difícil cumplimiento si el Gobierno mantiene su postura inflexible sobre la quita. Hay una razón de evidente peso político para imaginar que ese escenario no variará: Néstor Kirchner tomó como bandera la quita del 75 por ciento del valor nominal de la deuda. Sin embargo, en la city especulan con diferentes variantes técnicas que permitirían pagar más a los acreedores, sin que ello implique romper con la consigna del 75 por ciento.
¿Cómo sería posible? La primera opción que imaginan los financistas es mediante un aporte de fondos frescos por parte del Fondo Monetario. Es la propuesta que respalda, por ejemplo, Eduardo Curia, economista asesor del ministro Julio De Vido, como forma de acelerar la renegociación. Si bien se respetaría la quita del 75 por ciento, la propuesta esconde una trampita. El préstamo en efectivo que serviría para concretar un pago inicial “de buena voluntad” a los acreedores no haría más que engrosar la ya abultada deuda de la Argentina. Y, en los hechos, rebajaría la poda prometida por la Casa Rosada.
Lo mismo sucedería si se siguieran otras sugerencias. Como elevar las tasas de interés de los nuevos bonos respecto de los bajísimos rendimientos presentados en Dubai, o el acortamiento de los plazos. En uno y otro esquema se incrementarían los flujos de fondos hacia los acreedores. En definitiva, es lo que les importa. Un banquero consultado por este diario lo dijo con un ejemplo: “Si me propusieran una reducción del capital a la cuarta parte (quita del 75 por ciento nominal), pero sobre lo que queda me lo pagan en cinco años a una tasa de interés alta, aceptaría con gusto”, exageró. El ejemplo ilustra las distintas maneras de pagar más sin traicionar la oferta de quita original.
A juzgar por los precios que en el mercado muestran los bonos en default, queda claro que los inversores se juegan por una flexibilización de la propuesta de Dubai: cotizan, en promedio, alrededor de 30 dólares.