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“La magistrada (Alicia Iermini) le dijo que había sido convocada por el doctor (Adolfo) Vázquez a su despacho y ella concurrió. Al parecer, dicho magistrado quería interiorizarse del estado de la causa respecto de (el ex juez) Pablo Bruno y de la posibilidad de resolver la situación a su respecto.” La frase, con el típico estilo de los textos judiciales, corresponde a la secretaria del Juzgado Nº 43, Adriana Galafassi, en el expediente de la Justicia federal. Según la Comisión de Juicio Político, esto constituye “prueba suficiente” para una nueva acusación contra el cortesano por mal desempeño, quien ayer reiteró su decisión de resistir la destitución: “Me llevarán de aquí (de la Corte) echado o muerto”. Todo indica que en el Congreso existe la disposición para cumplir con la exigencia del magistrado, en lo que respecta a la destitución.
Durante la reunión de la comisión, que preside el justicialista Ricardo Falú, los diputados leyeron parte del voluminoso expediente que el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Alfredo Barbarosh, entregó el martes en persona. Los legisladores que integran la comisión consideraron que existe semiplena prueba de prevaricato o abuso de autoridad, ya que en este sumario interno quedaría comprobado el interés que mostró el supremo en la causa que se instruía contra el ex juez Pablo Bruno por torturas.
En este sentido, la comisión decidió convocar para dentro de diez días al periodista de Página/12, Horacio Verbitsky, quien escribió notas referidas a las amenazas que recibió Galafassi por ser testigo de los encuentros entre la jueza y Vázquez. También serán citados –además de la secretaria del juzgado– la secretaria del juzgado y los empleados Juan Pablo Buero y Sebastián Martínez.
Frente a la nueva acusación, y ante la existencia de un dictamen acusatorio previo, la comisión comenzó a discutir la estrategia parlamentaria antes de que sean tratados por el pleno de Diputados. La idea es conseguir que ambos dictámenes sean discutidos de manera conjunta en una misma sesión, pero además que sean unificados. Así, a aquel que se firmó en diciembre pasado, y donde Vázquez fue acusado por cuatro cargos que surgieron de las causas “Meller”, “Macri”, “Magariños” y “Dragonetti de Román”, se le sume ahora el de Iermini.
De concretarse la estrategia, el primer dictamen –hoy cuestionado judicialmente por Vázquez– no llegará al recinto en marzo como estaba previsto, y el juicio político al último integrante de la mayoría automática menemista recién será tratado en la Cámara alta en abril.
Por otra parte, la comisión está analizando la posibilidad de que el caso Iermini no concluya solamente en una nueva acusación contra Vázquez. Esto significa que los diputados presentarán ante el Consejo de la Magistratura pedidos de juicio político contra otros jueces que, siempre según el sumario interno, también se interesaron por la suerte del ex colega Bruno.
En lo que fue la segunda reunión del año de la comisión, sus integrantes resolvieron archivar 42 expedientes por considerar que no reúnen las condiciones para ser habilitados. Sólo quedaron siete que están vinculados con el caso del médico chileno exiliado en la Argentina, Juan José Soto, quien fue torturado por la Gendarmería durante la dictadura militar.
Hasta aquí la convivencia y el acuerdo entre los diferentes bloques que conforman la comisión está asegurada. Lo que puede provocar un cortocircuito es el juicio político al actual presidente de la Corte, Enrique Petracchi. Ayer, el socialista Héctor Polino insistió con que se avance en la investigación, pero no encontró el eco esperado. Falú reiteró que antes es necesario terminar de ordenar las pruebas existentes. La frase del tucumano sonó en los oídos del socialista como una estrategia dilatoria, ya que –trascendió– el Ejecutivo todavía no emitió una señal al respecto.