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El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró ayer que “no habrá aumentos en los combustibles”, luego de que circularan versiones respecto de un supuesto acuerdo entre las empresas comercializadoras para ajustar los precios en surtidor. Dicha especie ganó espacio después que las negociaciones entre el Gobierno y las petroleras cumpliera una semana sin resultados, mientras el precio internacional del crudo seguía en ascenso. Sin embargo, ayer hubo acuerdo entre el sector oficial y empresas para retomar las conversaciones a partir del lunes próximo.
“Las conversaciones están muy adelantadas y, por la visión que se tiene del tema, podemos asegurar que los combustibles no aumentarán”, dijo ayer De Vido, tratando de infundir optimismo. Sin embargo, desde las empresas petroleras no se oculta el malestar existente por lo que consideran “el incumplimiento de un compromiso” por parte del Gobierno. Concretamente, aumentar el precio de transferencia del crudo (que pagan las refinerías a las petroleras) si el precio internacional se estancaba por encima de los 30 dólares. Dicha condición se cumplió largamente: ayer el barril de petróleo superó los 37 dólares en Nueva York, su nivel más alto desde la invasión estadounidense a Irak.
En las particulares condiciones de mercado que rigen en la Argentina, las petroleras privadas parecen ser las únicas con derecho a beneficiarse con el aumento internacional del petróleo. El resto del país, como consumidor, está condenado a pagar el aumento, sin gozar de ningún privilegio como “país petrolero”. El gobierno de Eduardo Duhalde, ya con Lavagna como ministro, firmó un acuerdo con petroleras y refinadoras en 2002 para congelar el precio de los combustibles, después de una sucesión de aumentos que reposicionaron los valores de las naftas ya desde antes de la devaluación. Los analistas apostaron a una rápida definición del conflicto en Irak, suponiendo que inmediatamente se normalizaría el mercado petrolero. No ocurrió así.
El acuerdo, que con sucesivas prórrogas se prolongó hasta el anterior fin de semana, fijó un precio de referencia de 28,50 dólares por barril al que los productores debían entregarle el petróleo a las refinadoras. La diferencia entre ese valor y el precio real del mercado internacional se computaría en una cuenta corriente que, en algún momento, se debería compensar. “Si ahora el precio está arriba, cuando esté por debajo de los 28,50 las refinadoras seguirán pagando ese valor y así equilibrarán las cuentas”, explicaban los funcionarios allá al inicio del acuerdo. Pero las cosas ocurrieron distinto y hoy esa cuenta, que registra la deuda de las refinadoras con las productoras, ya se eleva a casi 150 millones de dólares por la diferencia de cotización.
Las refinadoras reclamaron, a partir del 1º de marzo, un aumento del 3 al 5 por ciento en el precio de los combustibles, que el Gobierno se resiste a convalidar. Ente las distintas empresas hay diferencias, según su posición con respecto a la producción. Como el Gobierno deslizó en algún momento la posibilidad de admitir un ajuste al precio de transferencia sin traslado al surtidor, las empresas que sólo refinan y comercializan pusieron el grito en el cielo. Esso y Shell están instaladas en esta franja.
Un portavoz de las refinadoras advirtió, en las últimas horas, que sin un ajuste en los precios podría producirse desabastecimiento de gasoil, con lo cual a través de la importación se arribaría a una solución más costosa. Estas palabras fueron interpretadas, en algunos ámbitos, como una ruptura de relaciones con el Gobierno y un anticipo de la decisión de las comercializadoras de aumentar unilateralmente los precios. Las negociaciones parecían estancadas, lo cual dio espacio a este tipo de especulaciones.
Ayer, Julio De Vido, junto a su secretario de Energía, Daniel Cameron, salió a hablar en público para tratar de calmar las aguas. Garantizó que no habría aumentos y que las negociaciones continuaban. Hasta el lunes, al menos, hay tregua.