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El juez neoyorquino Thomas Griesa decidió ayer mantener la inhibición sobre dos cuentas que Correo Argentino Sociedad Anónima tiene en el exterior hasta tanto el Estado pruebe que no capturará para sí el dinero depositado en ellas. El temor confesado por ese magistrado durante una larga audiencia a la que asistieron abogados estatales, del demandante fondo buitre Macrotecnic y del grupo Macri –hasta noviembre concesionario postal y titular de esas cuentas– es que, en su calidad de acreedor de la concursada firma postal, el Tesoro local pueda en algún momento hacerse de esos fondos, mientras los bonistas que buscan cobrar por vía judicial ven pasar ese dinero sin poder echar mano.
“Si ese dinero estuviera legítimamente disponible para satisfacer una pequeña, pequeña, porción de la deuda del gobierno argentino (...) entonces esta Corte no quiere ver que esos fondos se desvanezcan. Al mismo tiempo, si no están legalmente disponibles (para el gobierno), esta Corte no va a retener ese dinero”, explicó Griesa durante el cónclave que ayer tuvo lugar en sus propias oficinas de Nueva York.
Fue un revés para el gobierno local, cuyos abogados albergaban la esperanza de que ayer se suspendiera lisa y llanamente la inhibición sobre las cuentas de Correo Argentino SA en las sedes estadounidenses de BNP Paribas y Lehman Brothers. Ese bloqueo fue dispuesto a mediados de febrero en atención al reclamo de Macrotecnic, un fondo que habría comprado títulos en default con bajo valor de mercado y hoy aspira a recuperar su valor nominal.
El argumento oficial, expuesto por los abogados Johnatan Blackman y Carmín Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb Sleen and Hamilton, estuvo a tono con el que expuso la enviada por Macri, Silvia Bolatti, quien defendió ese dinero como propiedad de Correo Argentino, especie de empresa residual desde que en noviembre pasado el Estado decidió quitarle la concesión a la sociedad Macri-Galicia por millonarios incumplimientos contractuales. Los defensores públicos también enfatizaron que los dólares congelados (entre 14 y 19 millones) son privados y que nada tiene que ver el hecho de que el Estado tenga acreencias por canon impago de alrededor de 400 millones de pesos.
En algún sentido, podría decirse que Griesa quedó a mitad de camino. Por un lado, consideró creíble la idea de que las cuentas sean del grupo privado. Pero no dejó de oír a Guillermo Gleizer, abogado de Macrotecnic, quien advirtió que los fondos depositados en aquellas cuentas habrían servido para pagar sueldos de empleados del Correo y, básicamente, que su origen eran pagos realizados por la Unión Postal Universal, congregación de correos oficiales: Macri podría ser titular de las cuentas, pero el verdadero propietario de los depósitos sería el Estado argentino.
La idea sembró dudas en Griesa. “No estoy completamente convencido de que no haya nada en la foto que se escapa al ojo. Si esos fondos fueran liberados y al tiempo, de alguna manera, la Argentina se los quedara, habría una privación de justicia para los tenedores de bonos”, fue el preámbulo para sentenciar que no liberaría el dinero hasta “no tener la seguridad o garantía” de que no se cometería ese crimen.
La decisión de ayer desnuda con nitidez un criterio central de un juez que tiene en sus manos las principales demandas iniciadas por tenedores de bonos argentinos defolteados: cualquier cuenta bancaria externa con recursos del Estado puede ser fácilmente capturada por ellos, con el aval de la Justicia norteamericana.