La banca de inversión Merrill Lynch creía –o cree, si no cambió de opinión en los últimos meses– que el Gobierno debería incluir los Boden entregados a los ahorristas en la reestructuración de la deuda, para atenuar así la quita del 75 por ciento ofrecida a los acreedores con bonos en default. El banco inglés Barclays consideraba que no era necesario un recorte tan grande para que el pago de la deuda fuese sustentable en el futuro: aseguraba que con un 60 por ciento bastaría. No se trata de dos opiniones más. Merrill Lynch y Barclays son dos de los tres bancos seleccionados por el Gobierno para coordinar la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Si el presidente Kirchner pretende mantener en firme su propuesta a los acreedores privados, deberá vigilar de qué lado de la mesa terminan sentándose los flamantes asesores.
El martes fue publicado en el Boletín Oficial el decreto que designa a Merrill Lynch, Barclays y la Unión de Bancos Suizos (UBS) como las entidades encargadas de asesorar y coordinar la reestructuración de la deuda.
Antes de ganar un negocio que podría llegar a reportarles unos 200 millones de dólares en comisiones, dichos bancos eran críticos de la propuesta argentina y sugerían a sus clientes –magnates, inversores individuales y fondos de inversión– que la administración Kirchner podría mostrar algo mejor.
Con fecha 3 de octubre de 2003, Merrill Lynch distribuyó entre sus clientes un informe, escrito por los economistas Pablo Goldberg y Jane Brauer, titulado “Argentina: el Gobierno busca una reducción del 75 por ciento en el capital de la deuda y abre la caja de Pandora”. El documento efectúa un muy interesante análisis de la situación fiscal de Argentina, al que podría apelar la administración Kirchner para contrarrestar las nuevas presiones del Fondo Monetario por elevar el superávit fiscal más allá del 3 por ciento del PBI (ver aparte).
Sin embargo, difiere con la posición oficial en un punto clave. Merrill Lynch decía que el Gobierno debería incluir en la quita a la deuda emitida después de la devaluación, como los Boden en manos de ahorristas y bancos, y los préstamos garantizados en poder de bancos locales y la AFJP Nación. De esa forma, en opinión del banco, podría hacerse una oferta no tan “injusta” para los tenedores de bonos en default. El encabezado del comentario es más que elocuente: “Demasiado respeto por la deuda en regla” (es decir, la que se sigue pagando al día).
“El Gobierno ha destacado que los Boden y los préstamos garantizados no formarán parte del proceso de reestructuración, porque ‘son parte de la solución a la crisis de Argentina, no parte del problema’. Estamos en desacuerdo”, aseguraba el informe. Luego explicaba que honrar los servicios de la deuda no defolteada insumirá buena parte del superávit fiscal de los próximos años, lo cual dejaría muy poco para ofrecer a los acreedores con bonos en default. “Más preocupante, estimamos que la deuda en regla absorberá el 65 por ciento de los recursos disponibles para pagar intereses durante los próximos cinco años”, afirmaba. Y recomendaba que la poda alcanzase a los Boden y préstamos garantizados para moderar la pérdida del resto de los acreedores. “El problema es que la distribución (de la propuesta) aparece demasiado sesgada en contra de los tenedores de bonos en default, por lo que su contribución a la solución del problema de la deuda es injustamente grande”, concluía.
Merrill Lynch olvidaba un dato elemental. Los Boden fueron emitidos por el gobierno de Eduardo Duhalde, primero con Remes Lenicov como ministro de Economía y después con el propio Lavagna, para compensar a ahorristas y bancos por la pesificación. Por eso, Lavagna dijo en más de una oportunidad que él renunciaría antes que incluirlos como parte de la deuda a renegociar.
Barclays era más crítico de la administración Kirchner en varios aspectos, pero su propuesta para la deuda era algo menos urticante. Igualmente, la lectura descubre una carta que los acreedores sabrán valorar en la mesa de negociación. En su último informe público sobre Argentina, el jefe de research de la entidad, José Barrionuevo (ver aparte), escribe desde Nueva York que “el recorte necesario en el capital de la deuda para hacer sustentable el pago de servicios en el futuro es del 60 por ciento”. En tanto, advierte que una poda mayor podría dar lugar a una “larga y costosa batalla legal”. No menciona los Boden.
En el reporte del 16 de septiembre pasado, el comentario sobre el acuerdo firmado con el Fondo Monetario por tres años era el siguiente: “El nuevo acuerdo con el FMI representa una gran victoria política para el presidente Kirchner, pero una derrota económica para el pueblo argentino”. En la opinión del banco, el problema era que el Gobierno no se comprometió a llevar a adelante las “reformas estructurales necesarias”, entre las que señalaba una nueva ley de coparticipación, la reforma de la seguridad social y una reforma tributaria. En un informe más reciente, hablaba de la necesidad de que “Argentina compense el tiempo perdido” por la administración Kirchner. Y sugiere que “los inversores deberían presionar por un acuerdo más exigente con el FMI”.