A través de la Comisión Nacional de Energía de Chile, el gobierno de Ricardo Lagos formalizó ayer una protesta diplomática por la determinación argentina de restringirle la provisión de gas natural. “Dicha situación daña profundamente el proceso de integración energética entre ambos países”, advierte la nota entregada ayer al secretario de Energía, Daniel Cameron. La misiva podría ser el paso preliminar para que la administración trasandina y, eventualmente, el sector privado demanden judicialmente al Estado argentino por la restricción del combustible.
La Argentina redujo en 2,3 millones de metros cúbicos diarios el despacho de gas a Chile que, básicamente, se utiliza para alimentar las usinas de generación de electricidad de aquel país. Esto obligó a esa nación vecina a reemplazar el combustible por otros más caros, con el consiguiente impacto en los costos de producción de energía. El mismo que, en la periódica revisión de octubre, encarecería las facturas de luz que pagan sus usuarios.
La nota entregada ayer a Cameron, firmada por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Luis Sánchez Castellón, expresa la “profunda preocupación” que genera aquella restricción, la cual “vulnera los procesos de integración económica, las relaciones establecidas en el ámbito energético y no son coherentes con los principios y contenidos del protocolo sobre normas que regulan” la interconexión binacional.
Uno de los principios violados sería el de “no discriminación respecto de los consumidores afectados”. Según la administración trasandina, esto es así porque las restricciones en la provisión entrañan para Chile “una carga desproporcionadamente alta y discriminatoria”.
Los últimos párrafos endurecen los términos al aclarar que “las mencionadas resoluciones han socavado las bases del respeto y reconocimiento a los acuerdos bilaterales alcanzados y a los contratos libremente pactados, obstaculizan el comercio bilateral, perjudicando profundamente a Chile con una situación con la cual es solidario”. Finalmente, la CNE de ese país recrimina que las medidas restrictivas hayan sido tomadas unilateralmente “sin que fueran debidamente notificadas y oportunamente informadas”.