“Con las cajas llenas es cuando se pueden cometer los peores desatinos”, advierte el último informe de M&S, la consultora de Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo. Efectivamente, el Estado rebosa dólares en el Banco Central y pesos en el Tesoro, en tanto bancos y muchas empresas ostentan una holgada liquidez, mientras como doloroso contraste a esa abundancia aparece la escasez de gas y electricidad. Habrá que contar los billetes como el avaro, con frío y a oscuras. Pero no es sorprendente que la obsesión por reactivar, junto con la falta de visión estratégica, genere efectos embudo en un sector como el energético. Aunque como dicen estos asesores de empresa, administrar la escasez es la razón de ser de la política económica, más complejo aún es quizás administrar la abundancia. Aun así, es preferible estar hoy en la piel Alfonso Prat Gay, presidente del BCRA, que en la de Daniel Cameron, secretario de Energía. En todo caso, tanto ellos como el conjunto del Gobierno deberán demostrar aún cuán capaces son de gestionar y de formular estrategias. Las cambiantes, nerviosas y contradictorias respuestas dadas al problema del gas en los últimos días son un mal indicio.
La pregunta, por ahora sin respuesta segura posible, es cuánto afectará la crisis energética al ritmo general de crecimiento de la economía. Lo peor es que, por el momento, no hay en marcha inversión alguna en gas y electricidad ni siquiera con vistas al invierno 2005 porque no se han establecido las nuevas reglas de juego. Esto implica paralelamente la postergación de proyectos expansivos en sectores demandantes de energía, mientras no tengan asegurado ese insumo. Sin embargo, si alguna novedad muestra la economía en los últimos trimestres es el enorme repunte en la inversión, aunque su composición no sea la óptima.
Aun así, la tasa de inversión sigue estando bastante por debajo de la tasa de ahorro, que ya frisa en unos 20 puntos del Producto Interno Bruto, favorecida por dos fenómenos. Uno, la redistribución regresiva del ingreso: los pobres, obligados a consumir todo lo que ganan, han perdido nivel de vida a manos de los ricos, que son quienes naturalmente ahorran. En segundo lugar, el Estado incrementó rotundamente su recaudación impositiva y alcanza un superávit que equivale a ahorro (que por ahora sólo parcialmente dedica a atender su deuda).
El hecho de que el ahorro supere a la inversión ayuda a explicar por qué están por el suelo las tasas de interés pasivas, lo que en cierta medida vuelve menos inequitativo el reparto de la torta porque los perceptores de renta financiera son los (relativamente) ricos. A éstos les sobra para vivir, pero su ahorro financiero se ve mal remunerado, incluso a tasas reales negativas. Pueden sí desquitarse adquiriendo activos reales para prosperar con su valorización.
En verdad, el único desahorro actual es el externo, por el superávit que muestra el país en su intercambio con el mundo. Roberto Frenkel y Martín Rapetti citan en un reciente ensayo a John Williamson (el redactor del célebre y vilipendiado Consenso de Washington) cuando señala que el mantenimiento de un tipo de cambio excesivamente depreciado, pese a estimular la inversión (en sectores transables), puede limitar las posibilidades de crecimiento al reducir el déficit de cuenta corriente (o aumentar el superávit) y, por lo tanto, disminuir el ahorro externo disponible para financiar la inversión.
La Argentina se encuentra en esta situación. Si tuviese un déficit en su cuenta corriente (comercio exterior de bienes y servicios), querría decir que el resto del mundo la estaría financiando. Al operar con superávit ocurre lo opuesto. Ese desahorro debe restarse del ahorro interno. Pero el día en que la tasa de inversión alcance –como se prevé para el año próximo– niveles parecidos a los de 1998, el último buen año de la convertibilidad, de 21 por ciento del PIB, el excedente externo no podrá ser tan amplio. En teoría, al menos. Entretanto, comenzó anteayer un segundo trimestre en el que puede arreciar la contraposición entre abundancia y escasez, exigiéndoles mucha muñeca a las autoridades. Según M&S, las exportaciones del complejo sojero acentuarán el sobrante de dólares. Hablan de una catarata de verdes. Si el BCRA quiere evitar la apreciación del peso deberá comprar unos u$s 3000 millones, creando cerca de $ 9000 millones cuando la demanda monetaria de los argentinos da señales de estar satisfecha con los pesos que tiene y las tasas no parecen contar ya con espacio para bajar. Y, a todo esto, el vencimiento de Ganancias en mayo atiborrará de pesos a Hacienda, que mantiene los sueldos públicos inmóviles y ni siquiera les piensa aumentar a los ministros.
Si este proceso coincide con una aceleración inflacionaria, aunque sea menor, por combinada presión de demanda y de costos, el Central deberá optar claramente entre guiar su estrategia por los precios internos (metas de inflación) o por el tipo de cambio (énfasis en la economía real), o bien hallar una hábil combinación entre uno y otro objetivo. Pero ésta es la parte sobre la cual pueden discutir los economistas. Hay otra, en cambio, impredecible: cuándo se propagará una demanda generalizada de recomposición salarial, si es que sobreviene alguna vez. Si corrieran años anteriores a 1976, la respuesta estaría cantada, pero la actual fractura de la clase trabajadora mantiene la incógnita.
Como refirió a este diario un economista amigo del off the record: “Así como de pronto una persona hasta ayer anónima, llamada Blumberg, juntó una muchedumbre impensada, las reacciones sociales no se pueden anticipar”. No obstante, él está entre quienes creen que en algún momento deberá recuperarse el salario porque no es éste un país de exceso estructural de mano de obra, y por tanto caerá el tipo de cambio real.
Por su parte, otro economista de bajo perfil piensa que mientras a la Argentina (incluyendo a su sector privado) le cueste tanto conseguir financiación en los mercados voluntarios de crédito, el crédito para las obras de infraestructura imprescindibles para desbloquear el crecimiento económico será difícil de conseguir. Un grupo como Techint, que en principio acordó hace meses con este gobierno el tendido de un gran gasoducto entre Bolivia, el NEA y el enclave siderúrgico, no piensa jugar capital propio en el proyecto, que sigue verde. La idea es armar un fondo fiduciario, tomar plata de las AFJP, pero la definición se aplaza.
Sin embargo, al mismo tiempo, Repsol va a construir en México una gran planta de regasificación, que recibirá los barcos metaneros provenientes de países gasíferos (otros, si Bolivia no quiere), que lo transportan en forma de GNL. El gas resultante será inyectado en el ducto que lo llevará a Estados Unidos (que prefiere no albergar instalaciones contaminantes), donde el millón de BTU se paga hasta 6 dólares, cuatro a cinco veces el precio al que la Argentina lo exporta a Chile y casi diez el precio fijado aquí para el gas en boca de pozo.
El esquema que rigió en los ’90 no sirvió para asegurar la provisión interna del fluido en el tiempo, pero es más inservible aún desde que se lo mechó con controles de precios. En cualquier caso, aquel modelo mostró en su primera etapa un éxito llamativo pero engañoso: a partir de la mala gestión y la penuria crediticia de empresas como YPF y Gas del Estado –explica una fuente–, los dueños privados pudieron multiplicar la producción y las exportaciones administrando mejor los activos existentes y accediendo a abundante financiación. Pero pasada esa etapa, cada expansión ulterior se vuelve más dificultosa y exige más inversiones. La maduración del mercado local, con una industria jaqueada por el retraso cambiario; la recesión posterior y finalmente el mazazo de la pesificación congelada del gas sepultaron toda intención privada de invertir. La baratura relativa de esta fuente energética hizo el resto, provocando despilfarro y un incremento sobreproporcional en la demanda. ¿Nadie en los últimos gobiernos sumó dos más dos?