El Gobierno y las empresas productoras de hidrocarburos deberán defender el 6 de mayo, ante la previsible oposición de las organizaciones de consumidores, los aumentos de tarifas del gas y del producto en boca de pozo resueltos por acuerdo entre ambas partes el último fin de semana. Esa fue la fecha fijada por el Enargas para la audiencia pública que deberá considerar el tema, por primera vez luego de casi dos años y medio de congelamiento de precios. El ajuste será definido en el marco de una situación de crisis en el suministro que podría producirse este invierno ante la falta de capacidad de transporte para atender la creciente demanda.
Aunque la audiencia pública no tiene carácter vinculante –no toma decisiones, y lo que allí se plantee no obliga a las autoridades a adoptar una resolución en un sentido u otro–, la exposición de motivos para el aumento supone una jugada política de riesgo para el Gobierno. Será la primera vez que el Ejecutivo enfrente la opinión de las entidades de usuarios que acusan a las privatizadas energéticas de haber obtenido abundantes ganancias durante más de una década sin haberse comprometido en inversiones para expandir la capacidad de oferta. Además, esa postura es coincidente con la expresada reiteradamente en público por el presidente de la Nación.
El Enargas citó a la Secretaría de Energía para que actúe en “carácter de informante” del acuerdo y el aumento sugerido en el gas en boca de pozo. Conforme al acuerdo suscripto en el fin de semana con las productoras, se impulsará un ajuste del 33 por ciento a partir de mayo en el precio del gas al productor, que repercutirá en forma diferencial sobre distintas categorías de clientes. Los más afectados serán los usuarios industriales de mayor nivel de consumo de gas, que además estarán obligados a comprarle directamente a los productores y, en un mediano plazo, a precio libre.
Las empresas productoras de petróleo y gas también han sido convocadas a exponer sus razones y responder a los reclamos y consultas que eventualmente formulen los representantes de usuarios y consumidores. Se descuenta que el tema de las inversiones y la rentabilidad de petroleras y transportadoras de gas (TGN y TGS) estarán en la agenda de las entidades.
Más de una docena de organizaciones que agrupan a usuarios fueron invitadas a participar de la audiencia pública del día 6, junto a la Defensoría del Pueblo. Precisamente, había sido esta última la que había trabado el último intento de ajustar las tarifas por audiencia pública, durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde. El defensor Eduardo Mondino había objetado la aplicación del aumento en plena vigencia de la ley de emergencia económica y cuando aún no se había concretado la renegociación de los contratos de concesión. En otro contexto político, aunque en el mismo estatus legal, el gobierno de Kirchner hará un nuevo intento.
Gobierno y petroleras acordaron a última hora del viernes último un ajuste en etapas del precio del gas en boca de pozo, que en un primer paso lo llevaría, el mes próximo, de 45 centavos de dólar el millón de BTU a 60 centavos, para elevarlo en ajustes sucesivos hasta cerca de un dólar en los siguientes 15 a 18 meses. Todavía no hay precisión sobre cómo se trasladaría ese ajuste a los usuarios finales, aunque se conoce que la intención es hacer recaer el peso del aumento en los grandes usuarios industriales, en proporciones que oscilan del 35 al 50 por ciento en el primer momento y superarían el 100 por ciento al final del proceso. Los usuarios residenciales se verían afectados por incrementos menores o, incluso, quedarían al margen de los mismos, como sería el caso para consumidores de baja demanda y escasos recursos.