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Néstor Kirchner discutirá con su par francés, Jacques Chirac, el futuro de la concesión de Aguas Argentinas. Será un tema central de la agenda del Presidente en su visita a París, en momentos en que las negociaciones con la empresa están estancadas y existen amenazas cruzadas de anular el contrato. Ninguno quiere ceder en sus pretensiones sobre las características que debería tener la explotación del servicio de ahora en más. En el fondo, sin embargo, la voluntad de las partes es llegar a un arreglo. Las principales asociaciones de consumidores lo saben y reclaman al Gobierno que expulse a la compañía por sus repetidos incumplimientos. Una de ellas, por otra parte, confirmó a Página/12 que solicitará a la Justicia la efectivización de multas contra la empresa por 400 millones de pesos por un juicio que le ganó recientemente.
La compañía francesa Suez es la principal accionista de Aguas Argentinas. El gobierno de su país la respalda. Chirac se involucrará personalmente en la cuestión. Le transmitirá a Kirchner su interés porque siga al frente de la concesión en la Capital Federal y 17 partidos del conurbano bonaerense. Los principales ejecutivos de Suez y de Aguas, por su parte, se reunirán con Roberto Lavagna y Julio De Vido para intentar destrabar la negociación. Los ministros forman parte de la comitiva que viajó a París. Tanto el Gobierno como los empresarios depositan muchas expectativas en esas discusiones a alto nivel, pero admiten que no será fácil llegar a un acuerdo.
Los principales puntos de conflicto son tres. El primero es que el Poder Ejecutivo pretende asumir para lo que resta de la concesión –18 años– la tarea de expansión de la red. Lo haría a través de un fideicomiso, que realizaría licitaciones y contrataciones de distintas firmas para cada obra en particular. Aguas quedaría sólo como operadora, esquema que achica considerablemente su campo de acción y su rentabilidad. Desde la empresa negaron a este diario que ése sea el motivo de su oposición a la propuesta. Argumentaron que pretenden asegurarse recursos para extender la red. Si ese compromiso no figura en el contrato –afirmaron–, se correría el riesgo de que el Estado no haga las inversiones.
Un segundo aspecto es el juicio que Aguas inició contra Argentina ante un tribunal internacional. El Gobierno exige que desista de la demanda, originada en el supuesto incumplimiento de contrato que significó la devaluación y el congelamiento de las tarifas. La empresa la mantiene como herramienta de presión en la negociación. De hecho, la semana pasada remitió información a Washington –sede del tribunal– para reactivar la causa, que estaba suspendida desde mayo de 2004 por un acuerdo transitorio que firmaron la compañía y el Ejecutivo y que venció el 31 de diciembre.
Finalmente, el tercer conflicto de mayor dimensión es el nivel de rentabilidad que pretende la empresa y el que ofrece el Gobierno. En función de ello, también hay diferencias en el incremento que tendrían las tarifas. La compañía reclama elevar sus ingresos un 60 por ciento, mientras la autoridades accederían a un 16.
Un actor que logró meter una cuña en la negociación son las asociaciones de usuarios. Un grupo de ellas acaba de imponerse en un juicio contra la empresa por no cumplir con el nivel de presión de agua que exige el contrato de concesión. En mayo pasado, el Juzgado Civil y Comercial Federal número 6 falló en favor de los demandantes e impuso a la concesionaria una multa de 10 pesos por usuario por todo el lapso en que el servicio no fue brindado como estaba establecido. Hay alrededor de un millón de usuarios favorecidos, principalmente del sur del conurbano bonaerense. Tras la apelación de Aguas, la Cámara del mismo fuero ratificó la medida en diciembre pasado, aunque redujo el monto de la multa a 5 pesos por usuario. Eso daría unos 400 millones de pesos.
Aguas y el Gobierno están de acuerdo en diluir el tema en la renegociación del contrato, para lo que necesitan convencer a los defensores de losusuarios. El diputado Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, afirmó a este diario que la entidad “no retirará la demanda” y ratificó que “la empresa tendrá que someterse a lo que resuelva la Justicia”.