El lunes el presidente Kirchner firmará un decreto que reestablece el régimen especial de jubilación para docentes, que había sido derogado en 1994. La medida acorta la edad de jubilación de los maestros de 65 a 60 años y la de las maestras de 60 a 55 años. Además, redundará en un aumento automático sobre los haberes que percibirán en el futuro unos 16.000 docentes en edad de jubilarse y sobre los que cobran actualmente otros 60.000 ya jubilados. Según los cálculos que manejan en despachos oficiales, para los docentes (titulares de grado) con sueldos promedio de 900 pesos, la reforma implicará que la jubilación pase de 600 a unos 800 pesos es decir que la mejora superaría el 30 por ciento.
La reforma, un reclamo histórico de los gremios docentes, es impulsada por el ministro de Educación, Daniel Filmus, con el asesoramiento del director de la Anses, Sergio Massa. E incluye también a los investigadores científicos. Uno de los objetivos es recomponer las magras jubilaciones de los docentes. El otro, buscar una renovación generacional en los claustros al promover la jubilación de los docentes de mayor edad, que en los últimos años debieron postergar la iniciación de los trámites de retiro conscientes de que cobrarían una jubilación que no se correspondía con sus aportes a lo largo de 30 años.
Para entender el porqué del decreto que está a la firma del Presidente hay que hacer un poco de historia. En 1994, a instancias de Domingo Cavallo, se aprobó la ley (24.241) que derogó los regímenes especiales. En el discurso oficial de entonces, la norma perseguía sólo terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces, funcionarios y legisladores. Sin embargo, en la realidad adecuó el sistema de cálculo de las jubilaciones a las necesidades de las AFJP –al tomarse el promedio del sueldo de los últimos 10 años y no de los 30 años de aportes–, provocando una reducción de las jubilaciones futuras. Además, derogó todos los regímenes especiales, echando un cono de sombra sobre el de docentes e investigadores.
Así, pese a que los docentes habían aportado hasta ese entonces más del 11 por ciento al sistema previsional, a la hora de jubilarse ese esfuerzo extra no era reconocido en sus haberes.
El decreto reactivará la ley 24.016, que establecía el régimen especial para estos trabajadores y significará una mejora automática en los haberes de:
- 60.000 docentes jubilados.
- 1800 investigadores jubilados.
- 16.000 docentes en edad de jubilarse.
Para los sueldos más bajos, el impacto no sería relevante. Pero para los docentes titulares de grado, que ganan o ganaban entre 800 y 1200 pesos, el estipendio jubilatorio se incrementaría en más de un 30 por ciento. Por ejemplo, para un sueldo promedio de 900 pasaría de los 600 pesos actuales a casi 800 pesos.
El régimen entraría en vigencia hacia el mes de mayo, con lo cual a partir de ese mes la Anses debería empezar a depositar automáticamente el nuevo haber en las cuentas de los jubilados.
El otro efecto de la norma será, como se dijo, el acortamiento de la edad jubilatoria. Se supone que esta situación, sumada a la mejora de haberes, induciría a los maestros de más de 60 años y maestras de más de 55 años a iniciar rápidamente los trámites jubilatorios.
En el Gobierno consideran que el reestablecimiento del régimen especial para docentes va en la misma línea que el sistema de jubilación anticipada que entró en vigencia a principios de este mes. Ambas medidas apuntarían a “resucitar” el sistema previsional previo a la década menemista.
El régimen de jubilación anticipada posibilita la jubilación tanto de aquellas personas con edad para retirarse que no cuentan con los 30 años de aportes obligatorios, como de aquellos trabajadores que, con 30 años de aportes, tienen hasta 5 años menos que la edad mínima requerida por la ley 24.241. En sólo dos semanas de vigencia se presentaron casi 9000 formularios, una nivel muy alto, considerando que, por el régimen normal, se inician mensualmente unos 14.000 trámites jubilatorios.