Mientras esperan los datos definitivos para confirmar que la adhesión al canje superó el 80 por ciento, más que en festejos en Economía ya están pensando en cómo van a afrontar las pesadísimas obligaciones de pago que la vieja y la nueva deuda determinan para el año en curso. De acuerdo con el primer borrador de programa financiero que se elaboró posdefault, las necesidades totales de financiamiento para el 2005 ascienden a 28.000 millones de pesos, de los cuales el superávit fiscal primario que proyectan alcanzará para cubrir tan sólo la mitad. Para el resto se barajan diferentes alternativas de financiamiento, entre las que figura como novedad la reaparición del sector público pidiendo prestado en el mercado internacional de capitales.
Sobre el supuesto de que el porcentaje de adhesión va a ser un poco mayor que el 80 por ciento, los primeros cálculos del Palacio de Hacienda a los que accedió Página/12 indican que el total de vencimiento de capital e intereses para el año llegan a alrededor de 28.000 millones de pesos, dentro de los cuales la deuda con los organismos internacionales de crédito representa casi la mitad: 10.000 millones con el Fondo Monetario, 2400 con el Banco Mundial y 1100 millones de pesos con el BID (luego de traducir todas las cifras de dólares a pesos a una paridad de 3 a 1).
Dada la magnitud de estos compromisos y, tal como se verá más abajo, las estimaciones del excedente fiscal disponible para hacer frente a los pagos externos, la gente de Roberto Lavagna considera un objetivo fundamental llegar a un acuerdo con el FMI que les permita refinanciar una porción significativa de los vencimientos con esa institución y luego con los otros dos organismos multilaterales.
El problema que surge, según anticipó este diario el fin de semana pasado, es que las negociaciones ya iniciadas con los técnicos que responden a Rodrigo Rato y Anne Krueger no se perfilan nada fáciles. Tanto el representante permanente en el país, John Dodsworth, como los mensajes llegados desde Washington, expresaron con mucha vehemencia que el acuerdo tiene para ellos como requisitos que el gobierno argentino resuelva de alguna manera la situación de los acreedores que se quedaron afuera del canje (los llamados holdouts) y, en segundo lugar, que renegocie los contratos con las empresas de servicios públicos contemplando ajustes tarifarios.
Ambas condiciones fueron rechazadas en las conversaciones ya mantenidas. En cuanto a la primera, el Gobierno argumenta que los acreedores ya tuvieron su oportunidad y exhiben desde una posición de fuerza los resultados del canje. Respecto de las tarifas, los párrafos referidos al tema que les dedicó el presidente Kirchner en su discurso del martes pasado reflejan las diferencias del caso. Por algo habló de “defender con uñas y dientes” y no descartó a modo de amenaza la posibilidad de que el Estado retome el control de ciertos servicios.
Para entender la rispidez de la negociación en marcha, hay además que tener en cuenta que las relaciones personales e institucionales quedaron resentidas por el canje. En Economía aseguran que el FMI deseaba y apostaba por un fracaso de la operación y no olvidan algunos episodios que según ellos apuntaban claramente a boicotear el canje. Por ejemplo, recuerdan con particular inquina la actitud del jefe del Departamento de Mercado de Capitales del FMI, Gerd Häusler, que hace unos meses aconsejaba a grupos de acreedores a quedarse afuera, o, más trascendente aún, el intento formal del organismo para que el gobierno argentino tuviera como único interlocutor al belicoso Comité Global de Acreedores (GCAB, en su sigla en inglés).
De todas maneras, a juzgar por las planillas del programa financiero para el 2005, se asume que finalmente habrá fumata y los desembolsos netos con los organismos se verán sustancialmente alivianados. Pero aun así, el agujero que queda no llega a ser cubierto con el superávit fiscal primario que está estimado en 14.000 millones de pesos. Si bien la recaudación del primer bimestre ha superado las expectativas y podría estirar el número final del excedente disponible para transferir, como contrapeso se contabilizan eventuales necesidades de ampliar los gastos en un año electoral y la posibilidad de que la recaudación de algunos impuestos comience a menguar (por ejemplo, las retenciones como consecuencia de menores precios en los productos que están gravados).
Hasta ahora se creía que la diferencia entre los vencimientos totales por 28.000 millones de pesos, por un lado, y el superávit más la refinanciación con los organismos, por el otro, iba a ser cubierta por una especie de refinanciación cuasi forzosa o “inducida” de los vencimientos de la deuda que no fue defaulteada (Boden, Préstamos Garantizados, etc.).
La novedad es que se está pensando seriamente en cambiar el abordaje del asunto, dejando a un lado la premisa de no recurrir al conocido mecanismo de endeudarse para pagar deuda. La estrategia que ahora se está evaluando de pagar al contado todos los vencimientos se apoya en la idea de que una vez dejado atrás el default hay que cumplir con las obligaciones previstas para ganar reputación y construir una imagen de solvencia. Por supuesto que renunciar a refinanciaciones semi de prepo obligará a recurrir al mercado de capitales en pos de nuevos recursos. Y eso que hasta no hace mucho era rotundamente descartado como una política irresponsable ahora está siendo contemplado como una vía conveniente para transitar.