Todavía no se reabrieron las conversaciones con el Fondo Monetario pero ya empezó la batalla. El representante italiano en el FMI ya se instaló en una línea confrontativa y exigió una nueva oferta para conformar a los bonistas que no ingresaron al canje de títulos que reestructurará la deuda. Desde el Grupo de los 7 también hubo una demanda en el mismo sentido, poniendo sobre el tapete un aspecto en el cual parece que no hay conciliación posible: mientras desde estos organismos se reclama reabrir la negociación con los bonistas remanentes, la posición del Gobierno es que esa alternativa está absolutamente vedada por ley y por las propias condiciones del canje recién cerrado.
Tanto el ocupante del asiento italiano en el Directorio del Fondo como la fuente del G-7 que dio su parecer pretenden condicionar cualquier nuevo acuerdo entre la Argentina y el FMI a una previa oferta a los bonistas que quedaron afuera, con títulos por 20 mil millones de dólares de la vieja deuda. “La Argentina debe tratar de buena fe con aquellos que no adhirieron a su propuesta de canje”, señaló Pier Carlo Padoan, director ejecutivo por Italia en el FMI, a un medio gráfico de Roma. “Una buena parte de los acreedores no argentinos no adhirió al ofrecimiento; la Argentina deberá ahora indicar cómo entiende tratar de buena fe con una parte tan consistente de acreedores”, completó la idea el funcionario italiano.
Con diplomacia, Padoan retomó el argumento utilizado por otros funcionarios del Fondo antes de que se iniciara el canje, el de la buena fe, que entonces era esgrimido para forzar a la Argentina a mejorar su oferta a los acreedores. El tema es que para la Argentina ésta es una negociación concluida. Para el director del Fondo, y se entiende entonces que para el gobierno italiano, en cambio se trata de una operación inconclusa, en tanto una parte “consistente” de acreedores quedó afuera.
Menos diplomático, en el mismo reportaje Padoan redobló la apuesta para el caso de que la Argentina no acepte una nueva instancia de negociaciones. “El FMI no puede prestarles a países que no se comportan de buena fe”, sugirió, anticipando su veto a cualquier propuesta de acuerdo con la Argentina sin satisfacer la demanda de los bonistas que quedaron afuera del canje.
Por otra parte, desde el Grupo de los 7 una fuente citada por La Nación advirtió que la Argentina debe presentar una estrategia clara sobre cómo va a tratar a los acreedores que no adhirieron antes de negociar un nuevo programa con el FMI. El comentario ya permite anticipar que no será fácil lograr un aval del G-7 para el canje, dado que ese conjunto de países suele fijar posiciones exclusivamente por consenso. Sin esa luz verde, la eventual intención de obtener un nuevo acuerdo con el FMI para reprogramar los vencimientos de deuda enfrentará un sendero más empinado. Pero, además, esos mismos reparos a la Argentina aparecerán en el seno del propio organismo financiero, por lo menos en la voz del representante italiano.
La principal herramienta que podrá esgrimir Lavagna ante Rodrigo Rato mañana, cuando ambos se encuentren en Washington, es de orden político. El 76 por ciento de adhesión es de por sí una expresión de respaldo de los mercados al canje, que se contrapone con el cuestionamiento y objeciones que provendrán desde Italia y el G-7.
El otro argumento de Lavagna, expuesto durante todo el período de negociación del canje y que ahora volverá a plantear frente a Rato, es que lo que ofreció la Argentina “es lo máximo” que podía pagar. De algún modo, la exposición que ayer hizo el subdirector gerente del Fondo ante banqueros mexicanos viene a respaldar la postura del ministro argentino. “La deuda pública en muchos países latinoamericanos es aún demasiado alta (...), mediante su reducción se controlarían muchas vulnerabilidades”, opinó Agustín Carstens en Acapulco.
Legítimamente, Lavagna podrá utilizar las palabras del alto funcionario fondomonetarista en favor de sus argumentos. Carstens refirió como “demasiado alta” la relación entre deuda y producto bruto interno del 55 por ciento, promedio actual de Latinoamérica. En la Argentina, la relación entre la deuda posdefault y el PIB de 2004 supera el 75 por ciento.
“El FMI no tiene un número mágico” que establezca el límite de aceptabilidad, se excusó. “Nosotros siempre quisimos que la participación fuera alta porque el resultado sobre la economía argentina es mejor y eso, obviamente, facilita establecer una estrategia hacia adelante”, dijo. No obstante, indicó que el organismo todavía tiene que “terminar de ver todos los detalles y el monto que quedó fuera”, aunque a priori insistió en que “parece que es un buen resultado”.
Carstens también eludió pronunciarse sobre la reanudación del acuerdo de la Argentina con el FMI. “De momento, no hay nada que avisar”, señaló. “El programa se suspendió y ahora, próximamente, van a empezar las pláticas entre el Fondo y las autoridades argentinas”, concluyó.