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Un día antes de la fecha prevista para el anuncio oficial, Néstor Kirchner reveló ayer que la inflación de abril fue del 0,5 por ciento. La ansiedad por comunicar que se frenó la escalada de precios fue, al mismo tiempo, una confirmación de cuánto preocupaba el tema. El 1,5 por ciento de marzo y los 4 puntos del primer trimestre sacudieron al Gobierno, que ahora respira más aliviado. El número exacto al que llegó el Indec es 0,558 por ciento, lo que debería expresarse como 0,6. Esta tarde se sabrá si el organismo redondea para arriba, como es usual en estos casos, o para abajo, como dijo el Presidente. La buena noticia respecto de la inflación será apuntalada con otro anuncio: el próximo martes el Ejecutivo lanzará la canasta social con alimentos esenciales a bajo precio.
La iniciativa contempla hasta el momento la oferta de once bienes a 9,95 pesos. Eso incluye fideos semolados, arroz, polenta, aceite mezcla (por 900 mililitros), sal fina, puré de tomate, harina, yerba, té (25 saquitos), cacao y azúcar. El valor final podría variar levemente en los próximos días si se agregan más productos, como arvejas, galletitas, mermelada y artículos de limpieza y tocador. La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, negocia con empresarios para su incorporación.
La funcionaria se reunió ayer con todos los actores convocados para participar de la canasta y selló acuerdos con las cámaras de almaceneros, autoservicios y polirrubros, que serán los encargados de distribuir los alimentos rebajados. También cerró trato con los principales mayoristas, que resignarán –igualmente– entre un 10 y un 20 por ciento de sus ganancias.
Los consumidores podrán acceder a los productos de la canasta en unos 15.000 comercios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Los minoristas prometieron exponer los nuevos precios el mismo día en que se anunciará la medida, el próximo martes. El convenio es por 90 días y sólo se revisará de producirse alguna catástrofe inflacionaria que nadie supone que vaya a ocurrir. La canasta, sin embargo, sufrió un fuerte impacto: los híper y supermercados más grandes del área metropolitana, así como los industriales de la alimentación, decidieron “boicotear” la propuesta.
“El eslabón más débil de la cadena fue el que mostró mayor predisposición. Nadie cree que lo que pueden hacer los almaceneros no lo pueda hacer un hipermercado”, protestó Guillermo Cherabolo, de la asociación de consumidores Procurar. Otras entidades de consumidores, representantes de la CGT y funcionarios de los gobiernos de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron presentes en la reunión de ayer con Vaca Narvaja, en la cual se definió la composición de la canasta. Todos ellos expresaron su indignación por la actitud de los grandes empresarios. La Cámara Argentina de Supermercados y la Asociación de Supermercados se defendieron con el argumento de que el mercado regula sus propias ofertas y que ellos promocionan los artículos básicos de manera permanente. La Copal, que agrupa las grandes industrias de la alimentación, adujo que “los precios ya están bajando” y no hace falta más.
Desde la visión de los defensores de los consumidores, los supermercados se negaron a participar porque la canasta social afecta su estrategia de marketing. El gancho que utilizan para atraer clientes es ofrecer a buen precio los mismos bienes que ahora se venderán más baratos en todos lados. El Gobierno supone, por esa misma razón, que en definitiva los productos alimenticios esenciales se mantendrán rebajados por un buen tiempo.
La canasta contempla –hasta ahora– descuentos en once productos que estarán representados por distintas marcas. “La única condición es asegurar la calidad y el abastecimiento de los bienes”, señaló Cherabolo. La flexibilidad con las marcas es para asegurar que los comercios adheridos tengan siempre disponibilidad de los alimentos con descuentos. Los consumidores podrán comprarlos por separado. Es decir, no deberán llevarse toda la canasta si lo único que necesitan es arroz. En las góndolas se pondrán carteles con la identificación de “producto solidario”. Los negocios, además, pegarán obleas en el frente de sus locales para que el público sepa de su adhesión a la campaña. En cuanto a los artículos de limpieza y tocador que podrían agregarse, se trata de lavandina, jabón, papel higiénico, detergente y dentífrico. Los empresarios de estos sectores, sin embargo, piden beneficios impositivos que el Gobierno no estaría dispuesto a conceder.