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El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que intenta reducir la llamada “judicialización” en la asignación de la cuota Hilton de exportaciones de carne de alta calidad a la Unión Europea, un negocio cercano a los 270 millones de dólares que enfrenta a los principales frigoríficos entre sí y con el Poder Ejecutivo. La nueva iniciativa busca que los litigios no puedan ser dirimidos en cualquier ámbito judicial, que se suspenda la vigencia de las medidas cautelares cuando el Estado las apele y que los frigoríficos depositen una caución (garantía) cuando un juez dé curso a las medidas.
La cuota Hilton es el resultado de la relajación de una de las tantas barreras comerciales impuestas por la UE, la misma región que reclama al Mercosur una mayor liberalización comercial cuando se trata de sus exportaciones. La cuota fue concedida en 1987, a modo de compensación frente a las barreras establecidas por la UE al ingreso de cereales y oleaginosas. Para los exportadores supone ahorrarse un extra de 3,06 euros, casi 4 dólares, por kilo ingresado a Europa. La tonelada de los cortes Hilton se vende hoy a un valor promedio de 9500 dólares. Venderlos por fuera de la cuota y pagar el impuesto significa un ingreso de 4000 dólares menos, es decir, una pérdida de ingresos de más del 40 por ciento.
Dado que es el Estado, a través de la regulación, quien determina el reparto de un beneficio muy significativo no fueron pocas, bajo distintas administraciones, las sospechas de discrecionalidad. En la charla informal con los representantes del sector frigorífico surgen variadas versiones sobre el dinero que, en distintas épocas, habrían recibido tanto altos funcionarios de Agricultura como de los organismos de control comercial y sanitario. La discrecionalidad, dicen las malas lenguas, operó a través de los parámetros de asignación. Así, durante un período se benefició a algunas empresas productoras de hamburguesas; en otros, a exportadoras de carnes cocidas. Al margen de las trascendidos, los datos de concentración fueron concretos. A tono con los aires de época, durante los ’90 sólo cinco empresas llegaron a repartirse el 50 por ciento de la cuota, mientras que cuando se consideraban las primeras diez se alcanzaba el 75 por ciento del total. La estadounidense Swift, por ejemplo, pasó de una porción del 2,5 por ciento de la cuota en 1991 a entre el 11 y el 12 por ciento en 1997, con Cavallo en Economía y Marcelo Regúnaga en Agricultura.
Lo que en su momento fue un fenómeno liderado por los frigoríficos más chicos como defensa frente a la concentración del reparto se convirtió más tarde en un modus operandi de muchas empresas. En su momento, el secretario Miguel Campos amenazó con combatir la judicialización desde el Consejo de la Magistratura, una alusión a la posibilidad de corrupción en los juzgados que otorgaban las cautelares. En el período 2003/2004 se repartieron de esta manera cerca de 14.000 toneladas. En el actual, las asignadas por vía judicial fueron unas 10 mil.
Si bien estas medidas favorecieron en el pasado a muchos de los grandes frigoríficos que hoy se quejan, el actual caso paradigmático es el de la firma bonaerense Subga, quien consiguió que un juez le asigne 2600 toneladas y que, según las autoridades, no cumple los parámetros de exportación. No obstante, el ex secretario de Agricultura Haroldo Lebed debió firmar esta concesión luego de que se le abriera una causa penal por desobedecer como funcionario la orden de un juez.
Los nuevos parámetros de reparto que surgieron de diversas resoluciones de Agricultura otorgaron 2000 toneladas por “regionalización”, es decir a frigoríficos de distintas provincias, otras 2000 para productores directos (que faenan a través de frigoríficos de terceros) y 5000 toneladas para plantas nuevas, un punto destinado a incentivar la inversión. En tanto, 9000 siguieron asignándose por past performance, es decir el nivel histórico de exportaciones de los frigoríficos. Estas medidas permitieron que el número de exportadores pasara de 48 a 66 empresas.
Los tres aspectos más relevantes con los que el Ejecutivo espera resolver los problemas actuales son la asignación de fueros judiciales específicos para los litigios, que serán el Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires y el Federal para el resto del país, la suspensión de las medidas cautelares en cuanto el Estado presente una apelación a las decisiones judiciales y, por último, la necesidad de depositar una garantía cuando se otorgue el derecho cautelar.