Luis Pagani, Paolo Rocca, Amalia Lacroze de Fortabat, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó, Enrique Pescarmona, Manuel Sacerdote, Carlos Miguens, Aldo Roggio y otros sesenta ejecutivos de las empresas más poderosas del país dieron a conocer su agenda. Se trata de un documento con 33 definiciones sobre los pasos que habría que dar para consolidar el crecimiento económico. Los empresarios quisieron redactarlo ellos mismos, lo que les llevó un par de meses de reuniones en las oficinas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que los agrupa. Desde la segunda línea de la introducción queda claro el espíritu de aprobación a la tarea del Gobierno, aunque después le sugiera con mucha diplomacia que aumente las tarifas, que se apure a solucionar los problemas energéticos, que deje de intervenir en el mercado laboral y que elimine algunos impuestos, como el del cheque.
Néstor Kirchner y Roberto Lavagna recibieron copia hace dos meses, cuando el texto estuvo terminado. Se titula “Una agenda empresaria para la inversión y el crecimiento sostenido” y está firmado por AEA. El momento de su difusión fue “casual”, según indicó a Página/12 el director ejecutivo de la entidad, Jaime Campos. Es decir, no hubo ninguna intencionalidad de vincularlo con temas de la coyuntura. “Nos tomó algún tiempo terminar de pulirlo y después imprimir los cuadernillos”, insistió el directivo.
La introducción, de apenas cuatro párrafos, valora “la recuperación económica” y “la conclusión del canje de la deuda en default”. Tras ello, sostiene que “nuestro país transita un momento histórico (...) que ofrece una oportunidad que no podemos desaprovechar”. Aunque no menciona al Gobierno, hay un virtual reconocimiento a su gestión, lo que muestra cómo los grandes empresarios recompusieron relaciones con la Casa Rosada luego de un arranque en que Kirchner ni los recibía. “Se están generando importantes oportunidades de negocios”, elogia.
El documento está estructurado en nueve capítulos, cada uno de ellos con tres o cuatro recomendaciones y postulados de objetivos a alcanzar. El que se refiere a la situación del empleo enfatiza que “resulta vital reducir la desocupación en el menor tiempo posible”. Para ello, se propone de manera lavada avanzar con medidas flexibilizadoras. Es necesario “eliminar regulaciones excesivas”, señala. Luego reclama que el Gobierno limite sus intervenciones en el campo laboral, que estuvieron dadas esencialmente con los aumentos de salarios por decreto. En lugar de ello, pide “favorecer la negociación entre las partes sin participación directa del Estado”.
Otro capítulo se titula “Infraestructura y servicios públicos”. Los puntos centrales están vinculados a la crisis energética y a las tarifas de las privatizadas. En el primer caso, sostiene que “es imprescindible adoptar a la brevedad decisiones que solucionen las controversias actuales. Ello es particularmente urgente en el caso de la infraestructura energética”. En cuanto a las tarifas, plantea que “la retribución de dichos servicios deberá ser suficiente, sin distorsiones en el cuadro tarifario”. Campos amplió el concepto en diálogo con este diario. Aclaró que AEA defiende la existencia de una “tarifa social”, pero al mismo tiempo considera que “hay algunas tarifas residenciales muy bajas”.
El documento contiene algunas propuestas puntuales. Una de ellas es utilizar los fondos de las AFJP para financiar inversiones de largo plazo de las empresas. Campos reveló que la idea ya fue conversada con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, quien “se mostró receptivo” ante la idea. “Estamos trabajando en el tema”, agregó el directivo de AEA, quien aclaró que es necesario generar títulos con gran liquidez para facilitar las inversiones de las administradoras.
En la misma línea, AEA demanda que “la banca pública focalice su accionar al financiamiento de la inversión de largo plazo del sector privado”. Ya no reclama la privatización, sino decisiones estructurales del Gobierno que favorezcan a las empresas.
El capítulo de tono más crítico es el dedicado a las instituciones. Allí señala que “debe asegurarse la autonomía de los organismos de control y establecerse un funcionamiento genuinamente independiente del Poder Judicial”. Por último, pide “mantener un superávit fiscal significativo” y reclamar “reciprocidad en el comercio exterior”, luego de que “nuestro país hizo un avance importante en la apertura de sus mercados”. Sobre el dólar no hay referencias, lo que muestra las diferencias de intereses de los socios.