El Gobierno consiguió un aliado inesperado en su polémica por la aplicación de retenciones a las exportaciones. Ese respaldo llegó desde los poderosos empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Jaime Campos, su director ejecutivo, aseguró ayer que las retenciones “son necesarias” para mantener un superávit fiscal alto y un tipo de cambio competitivo. Justamente, estos dos puntos formaron parte del documento que los ejecutivos entregaron al Gobierno fijando la agenda económica.
El director de AEA pareció coincidir con la posición del Gobierno acerca de que las retenciones no son impuestos distorsivos sino que se plantean como una forma de distribuir socialmente la riqueza de los sectores económicos más favorecidos por el actual modelo. Los productos agrícolas, los combustibles, las carnes y los lácteos son algunos de esos rubros que se benefician del dólar alto para exportar y obtener jugosas ganancias en pesos. En declaraciones radiales, Campos admitió que la cuestión “es un tema delicado” y que en el futuro se debe apuntar a su “eliminación gradual”.
El reclamo de los empresarios líderes para que el Gobierno elimine el impuesto al cheque fue retomado ayer por Campos. Dijo que ese gravamen “dificulta las operaciones normales de la economía”. Campos negó que los empresarios efectúen un reclamo para la rebaja de la alícuota del IVA.
Otra de las quejas de AEA sobrevoló el tratamiento que el Gobierno les dispensa a las privatizadas. Concretamente, Campos repitió que hace falta un ajuste de las tarifas de los servicios públicos, aunque admitió que “debe tenerse muy en claro la situación social. Debe haber una tarifa social para los sectores de menores ingresos”. Y concluyó, tajante: “Hay sectores con más posibilidad de pago que pueden adecuarse a un nuevo cuadro tarifario”.
Según AEA, los aumentos en las tarifas deberían llevarse a cabo “a la brevedad”. A pesar del renovado reclamo en este sentido, lo cierto es que la gran mayoría de las empresas de servicios están mostrando balances robustos.
AEA nuclea a las compañías de mayor porte de la Argentina. Los grupos Arcor, Techint, Unilever y Roggio se encuentran entre las asociadas. También están Molinos, Repsol YPF y Petrobras Energía. Las únicas privatizadas son Aguas Argentinas y Metrogas.
En línea con el reclamo de las empresas de servicios públicos, Campos refrendó que “es fundamental que la actividad productiva, incluso la del sector de servicios, esté siempre en manos privadas”. La definición parece a medida de algunas compañías, como Aguas Argentinas, que aún no definieron su situación futura en el país. Los grandes empresarios dejaron bien establecido que no quieren que, llegado el eventual caso de que los franceses de Suez se retiren, el Estado se termine haciendo cargo del negocio.