El Gobierno y Aguas Argentinas avanzaron en las últimas semanas en la renegociación del contrato. La intención de ambas partes es firmar un convenio antes del 7 de septiembre próximo, fecha que el grupo Suez, controlante de la empresa, puso como tope de las negociaciones. Así lo comunicó formalmente en una nota que envió al Ministerio de Planificación hace diez días. Roberto Lavagna admitió ayer que hubo un acercamiento y que el Ejecutivo quiere que la compañía siga operando en el país, pero advirtió que antes deberá resolver el grave problema de endeudamiento que arrastra desde la devaluación.
“El pueblo argentino no va a cargar con su deuda”, manifestó durante el programa de Mirtha Legrand. Un portavoz de Suez, en tanto, dijo desde Francia que “hay una situación de urgencia” no sólo por la situación financiera de Aguas Argentinas sino también “por la calidad del servicio que ofrece a sus usuarios”. El directivo, que pidió reserva de identidad, indicó que la empresa pretende seguir en funciones.
Para el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, “más que una renegociación del contrato, Aguas lo que necesita es un indulto”, debido a sus incontables incumplimientos de contrato. El ombudsman destacó que el modelo de concesión que rige con la empresa “está agotado” y afirmó que en consecuencia “es una pérdida de tiempo discutir sobre la renegociación del actual contrato”.
Al referirse a las irregularidades, Mondino mencionó “el ascenso de las capas freáticas que inundó y afectó a miles de inmuebles de la Capital Federal y el cinturón urbano” que la rodea. También “los aproximadamente 236 millones de pesos que cobró de más entre 1995 y 2000, y la falta de presión de agua en muchas localidades del Gran Buenos Aires, por la cual los usuarios debieron haber pagado una tarifa menor porque no recibían el servicio en las condiciones pactadas”.