Un sector del Fondo Monetario, encabezado por el indio Anoop Singh, pretende seguir corriéndole el arco a Duhalde: objetan que se hayan incluido en el Código Penal artículos de la derogada ley de Subversión Económica y quieren limitar al máximo los usos de los bonos para la compra de automóviles y viviendas. Pero ayer el Gobierno en pleno salió a transmitir el mensaje de que, más allá de las objeciones que puedan mantener los técnicos del organismo, los requisitos para iniciar negociaciones impuestos por el Fondo “están cumplidos”. Y hasta denunció una conspiración de Singh, en sintonía con los bancos extranjeros, que rechazan el plan bonos de Lavagna. El propio Hoerst Koheler, director gerente del organismo, se encargó de bajar los decibeles de la polémica: dijo que el Gobierno hizo “suficientes progresos” para que llegue al país una misión de avanzada, para encarar formalmente negociaciones, lo que sería anunciado “la próxima semana”. Sin embargo, los tironeos con el staff del Fondo anticipan una dura negociación para el Gobierno en las próximas semanas. De hecho, en Economía ya corrieron la fecha para un probable acuerdo: hablaban de mediados de julio. Como se recordará, hace apenas una semana el Gobierno la situaba a fines de junio.
Después de que Carlos Reutemann firmara, ayer por la mañana, el acuerdo de reducción del déficit fiscal para Santa Fe, desde el equipo económico salieron a transmitir la idea de que las condiciones impuestas por el FMI para iniciar negociaciones estaban cumplidas. En tanto, alertaron sobre diversas operaciones urdidas por los bancos extranjeros –que rechazan el plan bonos de Lavagna– en sintonía con un grupo de técnicos del FMI, para hacer naufragar un acuerdo.
“Ya están dadas las condiciones para que venga la misión del Fondo”, afirmó por la mañana el secretario de Financiamiento, Guillermo Nielsen, quien negó que el Fondo hubiera impuesto nuevas condiciones. En la agenda de Economía, con la modificación de la ley de Quiebras, la derogación de Subversión Económica y el pacto fiscal firmado por las tres provincias grandes (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), está todo listo para encarar negociaciones formales con Washington. “Las tres condiciones previas que habían planteado para el envío de una misión negociadora están cumplidas”, insistió Nielsen y confirmó que Lavagna le había planteado lo mismo, telefónicamente, el lunes por la noche, a Krueger.
Sin embargo, a medida tarde, la agencia de noticias económicas publicó un reportaje a Lavagna en el que el propio ministro reconoció que los técnicos del FMI no están conformes con la derogación de la ley de Subversión Económica, porque los senadores modificaron el Código Penal para que incluya artículos de la norma anulada. Y reveló que pretendían que Duhalde vetara esos artículos. Sin embargo, el ministro aseguró que “de todas maneras la actitud del Presidente es por ahora firmemente de no vetar, de dejar las cosas como están”. Luego, dejó en claro que él avalaba esa decisión y que “los requisitos con el Fondo están cumplidos tal como están”. En esta línea, Economía informó que mañana el ministro se comunicaría con Anne Krueger, al número dos del organismo, para “coordinar la fecha de la llegada de la misión negociadora”.
Sea como fuere, Lavagna también envió una señal de que seguirá cumpliendo a rajatabla los pedidos de Washington, al descartar que vaya a realizarse una reforma previsional para volver al sistema estatal de reparto. “Hay que ser cuidadoso. En este momento hay otras prioridades antes que reformar el sistema (previsional)”, declaró a Reuters, en línea con el pedido de los bancos extranjeros, dueños de las principales AFJP que operan en el país.
El segundo punto de discordia con el FMI apunta al corazón del plan bonos anunciado el fin de semana pasada por el ministro. Pese a las desmentidas de Economía, en el Banco Central dicen que el Fondo quiere restringir al máximo los usos posibles de los bonos, de modo tal de limitar la cantidad de fondos que se correrían a cuentas a la vista y de ahí al dólar. Las objeciones del staff de técnicos del Fondo llevaron ayer al Gobierno a disparar munición gruesa contra Anoop Singh, director de Operaciones Especiales del organismo y jefe de las misiones a Argentina. El embajador argentino en Estados Unidos, Diego Guelar, dijo que los reparos de Singh a la derogación de la ley de Subversión Económica y al plan para el corralito, “son a título personal”. Contó, además, que fue instruido por el Presidente para informar a las autoridades del Fondo de que “las condiciones ya fueron cumplidas”.
El propio titular del FMI, Horst Koheler se encargó de calmar la histeria que provocó en la administración Duhalde la sensación de que Washington volvía a correr la meta para adelante. “Han hecho lo suficiente para enviar una misión de avanzada para preparar las negociaciones, algo que hemos ofrecido desde semanas”, afirmó. “Hay progreso y somos realistas, pero se necesita que haya un marco creíble y esto tiene que ser revisado y clarificado”, agregó, con el inconfundible de la ambigüedad fondomonetarista. Consultado sobre si podría llegarse a un acuerdo en un plazo de 45 días –como aspira ahora el gobierno–, fue cauto: “haremos todo lo que sea posible en este período de tiempo, pero no estoy diciendo de ninguna manera que tiene que terminar allí porque para nosotros lo que es importante es la sustancia y la evaluación”, afirmó.